El Presidente López Obrador puso sobre la mesa las opciones para solicitar la consulta popular que dé paso al juicio a expresidentes: solicitud ciudadana, de legisladores o si lo solicita él como Presidente. Aunque insistió que él está en contra de juzgarlos, dejó claro: “Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo”.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El día de ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el instructivo para alcanzar a celebrar la consulta en la que se decidirá si se enjuicia o no a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Era un tema en el que se mostró siempre renuente al decir que él estaba en contra porque la venganza no es su fuerte. Ayer dijo incluso que él no quería ser “verdugo”, pero que por los plazos que marca la ley sería él quien mandaría la iniciativa para que la valide o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las otras dos vías son, como él explicó, que lo solicite una tercera parte de los legisladores, ya sean de la Cámara de Diputados o Senadores o las firmas del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca de 1 millón 600 mil.
En varias ocasiones ha mencionado algunas de las razones por las que los cinco expresidentes tendrían que rendir cuentas. De Salinas de Gortari dijo que por entregar empresas públicas a particulares; de Ernesto Zedillo, por convertir la deuda de unos en deuda pública; de Vicente Fox Quesada por traición a la democracia en su papel en la elección de 2006; a Felipe Calderón Hinojosa porque utilizó la fuerza para convertir al país en un cementerio y finalmente, a Peña Nieto por cargos de corrupción.
Abogados consultados por SinEmbargo coincidieron en que los alcances de esta vía de la solicitud de consulta son todavía inciertos y que si existe la voluntad de llevar a juicio a los expresidentes, los casos de Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin muestran que el ejercicio de la consulta popular no es necesario.
El tema salió el día de ayer luego de que en su conferencia se le cuestionara sobre la reparación del daño al erario en el caso de la planta de fertilizantes, calculado en 200 millones de pesos. El Presidente dijo que ese asunto se estaba evaluando tanto en el caso de Lozoya Austin como el de García Luna, ya que por ejemplo, el expresidente Calderón está implicado en ambos.
“La devolución de lo robado, o sea, que se reintegre lo que se le quitó al erario, todo, ahí entra lo del sobreprecio por la planta de fertilizante. Y tercero, en el caso de los expresidentes, consulta. En los otros casos la investigación. En el caso de los expresidentes porque se supone que tienen fuero, entonces habría que revisar este asunto, y lo que propongo es que, al mismo tiempo que la fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida”, dijo.
Luego detalló que hay un plazo para estipulado por la ley para la consulta; ésta solo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre, ya sea el 2 por ciento del padrón electoral, el Congreso o el Presidente actual con aprobación también de las cámaras. La consulta se tendría que celebrar el día de la siguiente elección federal.
Sobre esto último agregó: “Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes […]Vamos a esperar. También de aquí a que se termine el plazo, la fiscalía seguramente ya va a tener más elementos”.
LA PERSPECTIVA LEGAL
En entrevista con este medio, la maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que es factible la realización de la consulta, pero que se trata de una cuestión política, ya que si se tiene la voluntad de enjuiciar a los expresidentes o alguien en particular, no se requiere de una consulta popular si hay elementos para calificar una conducta delictiva.
“Es una cuestión política, porque de quererse realizar, al ser la iniciativa del Presidente que tiene la mayoría del apoyo ciudadano; él siente que tiene el apoyo de la ciudadanía y eso puede ser una motivación para decir que es el pueblo el que decide. Obviamente el resultado será que sí. Es viable como un acto o participación de ejercicio democrático, pero los alcances son otros temas”, explicó.
Sobre si el factor de que solo se les puede juzgar por traición a la Patria, dijo que la gama de posibles cargos está abierta, “si existen conductas delictivas en los expresidentes, no cuadrarían en lo de traición a la Patria, sino en el ejercicio indebido del servicio público o corrupción en sus diferentes tangentes. Puede haber más éxito en los casos que se iniciaron como con García Luna y Emilio Lozoya. Ahí está la puerta abierta y el caso”.
Calzada Lemus añadió que claramente, sin consulta popular, si se quiere llevar a juicio a un ex presidente y existen los elementos, se puede realizar.
Sobre esto último coincidió el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, dijo que una investigación puede arrojar si por parte de exfuncionarios hubo comisión de delitos clara, una participación activa, participación por omisión, infracción del deber, es decir, delitos claros y no imputaciones como traición a la Patria.
“[La consulta] Es una estrategia de populista que solo busca continuar con este ánimo del Presidente que busca estar cerca de la gente, sin embargo no tienen en realidad ningún efecto práctico o no muy claro […] si se intentara llevar esto más adelante, los expresidentes tienen expedita la vía del juicio de amparo para defenderse y que con altísima garantía ganarían por violaciones a derechos humanos vinculadas al debido proceso”, explicó.
Santa Rita Tamés añadió que lo que se tendría que hacer en determinado caso es presentar las denuncias correspondientes ante tribunales adecuados para imputar delitos a expresidentes, solo que hay un candado que contempla el Artículo 108 de la Constitución, que habla sobre la responsabilidad penal del Presidente, que solo puede ser juzgado por delitos que haya cometido durante su encargo, es decir, que cometió el funcionario durante el tiempo que fue Presidente.
