El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero habló sobre la comparación que la opinión pública ha hecho de los casos de Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, ambos exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. Ella está en la cárcel desde hace un año, él goza de prisión domiciliaria desde hace dos semanas.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso a Rosario Robles Berlanga, el 13 de agosto de 2019, se le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no. A Rosario, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar), se le acusó de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como La Estafa Maestra. Entonces se abrió un espacio en el que se le cuestionó si avisó a su superior, que sería el expresidente Peña Nieto o a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade.
Horas antes, su defensa dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que ella tuvo conocimiento a través de los Pliegos de Observaciones.
En cuanto a José Antonio Meade, los abogados señalaron que una de las pruebas de que Rosario estaba interesada en atender las observaciones de la Auditoría, está en las actas de la entrega-recepción que ella le hizo a José Antonio Meade al entregarle la Sedesol en agosto de 2015.
Eso habría abierto una vertiente en el caso y hubiera debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos.
No se ahondó sobre eso. Rosario, hace un año ya, quedó vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y también en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y agravado por tratarse de un delito continuado, es decir, que brincó con ella de una Secretaría a otra. La Fiscalía le imputó irregularidades en el manejo de 5 mil 070 millones de pesos que podría convertirse en el pago por reparación de daño, además de los 23 años que podría pasar en prisión.
Este episodio se recordó no por el aniversario, sino por el caso de Emilio Lozoya Austin. En ninguna de las dos audiencias que tuvo por dos casos distintos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva a pesar de existir un riesgo de fuga.
La oposición y la opinión pública, luego de que a Lozoya se le vinculara a proceso pero con prisión domiciliaria.
FALTA DE SOLIDARIDAD
El pasado miércoles, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), respondió a la pregunta de por qué se les trató a los dos exfuncionarios de manera desigual: a ella la mandaron a la cárcel por un delito que no ameritaba prisión y Lozoya llegó de España directo a un hospital y luego enviado a su casa.
“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos […] En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el Fiscal General.
“La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.
A lo dicho por el Fiscal en un seminario de El Colegio de México (Colmex), reaccionaron tanto la defensa de Rosario y ella misma a través de una carta en la que dijo que está presa en el Penal de Santa Martha Acatitla, por “la venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva”.
En las tres páginas que escribió a mano, que fueron difundidas a través de su cuenta de Twitter que actualmente maneja su hija Mariana Moguel Robles, reiteró que el cargo del que se le acusa, que es omisión no amerita prisión y que se le juzga por quién es y no por lo que “supuestamente” hizo.
“A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad […]La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer […] Yo estoy tranquila como dijo recientemente el Presidente ‘mi tribunal es mi propia conciencia’”.
Los abogados de Robles respondieron a Gertz Manero. Le reclamaron por dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dando a entender que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada qué revelar.
“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, planteó en un comunicado el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados.
Agregaron que “las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz” señalan a Rosario Robles de provocar daño patrimonial, pero no existe ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que mencionan en líneas arriba y que hasta el momento, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para justificar la prisión preventiva, como la licencia falsa, han sido desacreditadas en cada una de las audiencias.
Sin embargo, en este caso hay buenas noticias para Rosario. Luego de que se le negara por más de tres veces la prisión domiciliaria, el pasado martes una Jueza federal admitió a trámite un amparo para afrontar su proceso penal en libertad.
Será el 17 de agosto y el 9 de septiembre cuando la Jueza María Dolores Núñez Solario celebre las audiencias donde determine si otorga la medida solicitada por la exfuncionaria.
