Por: Máximo Ernesto Jaramillo-Molina*

El análisis de los cambios propuestos al sistema de pensiones en el país generó, una vez más, la reapertura de uno de los debates más importantes en términos de ciudadanía social y acceso a derechos sociales en el país: la estratificación del acceso a la protección social por parte del Estado de acuerdo con la condición laboral llamada “formal”. Así pues, varias de las críticas mencionadas a la iniciativa en pensiones presentada por el gobierno federal, se argumentaba que no había incentivo alguno que fomentará la disminución del “sector informal”. ¿Cuál es la relación entre esta condición de “formalidad” y el acceso a derechos en México?

De acuerdo con la bibliografía especializada en el tema (1), el régimen de bienestar en México tiene ciertas características que lo colocan como un régimen “dual”. Lo anterior implica que, históricamente, el acceso a los beneficios de la protección social por parte del Estado ha estado condicionados al trabajo, y no cualquier trabajo, sino al empleo en el sector “formal”, quienes están de un lado de esta dualidad, mientras que del otro lado están aquellas personas excluidas de dicha “formalidad”.

Así pues, el acceso a derechos sociales como lo son la seguridad social, la salud, las pensiones, las guarderías u otros apoyos al trabajo de cuidados, los derechos por maternidad, enfermedad o indemnizaciones por riesgos de trabajo, entre otros, han sido exclusivos para aquellas personas trabajadoras formales, e imposible de alcanzar para el resto de la población. Algunos acceden de manera más o menos completa (normativamente, al menos) a la satisfacción de sus derechos sociales, mientras otros quedan totalmente fuera.

Analicemos el ejemplo de la salud y la seguridad social. Los recursos públicos destinados a salud en México no sólo son bajos respecto a la comparativa internacional, sino que además están distribuidos de una manera muy desigual de acuerdo con el subsistema al que se pertenece, que va de la mano del sector y tipo de empleo. Así pues, la primera gran diferencia se encuentra entre los recursos destinados a población con seguridad social versus la población “abierta”, aquella que no es derechohabiente de algún sistema de seguridad social dado que no tiene un empleo “formal”.

En ese sentido, aunque la población con seguridad social alcanza apenas a 44 por ciento del total, recibe 60 por ciento del financiamiento público en salud (423 mil millones de pesos en 2020). De aquí, el IMSS recibe 46 al 60 por ciento del total del gasto público en salud, mientras que el ISSSTE recibe 9 60 por ciento, y el resto se distribuye entre IMSS-Bienestar, PEMEX, SEDENA, SEMAR y otros. Por su parte, la población sin seguridad social equivale a 55 por ciento del total, pero sólo es destinataria del 40 al 60 por ciento del gasto público total en salud. Desde aquí quedan claras las desigualdades.

Tales diferencias pueden quedar más claras al analizar el gasto por persona, dependiendo del subsistema de salud. Si bien el gasto promedio por persona equivale a poco más de 4 mil pesos, hay amplias diferencias según la institución.

Los sistemas de seguridad social con mayores recursos por persona son los de instituciones como PEMEX, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. El caso más extremo es el de PEMEX, con un gasto por persona 430 por ciento mayor al promedio.

Por su parte, tanto el presupuesto para INSABI (3 mil 427 por persona) como el de IMSS-Bienestar (mil 070) están por debajo del promedio. Las diferencias son abismales: el gasto por persona para los derechohabientes del subsistema de PEMEX es 17 veces mayor que aquellos de IMSS-Bienestar.

Por si las desigualdades asociadas al gasto público y el subsistema de salud no fueran poco, el acceso de la población a cada una de estas instituciones está fuertemente condicionado por estrato socioeconómico. Mientras que en el quintil I de la población (es decir, el 20 por ciento con menos ingresos) el 94 por ciento de la población no tenía acceso a una institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE y/o instituciones de PEMEX o Fuerzas Armadas), en el quintil V el dato baja a 52 por ciento. De igual manera, el porcentaje de acceso al IMSS es 7 veces mayor en el quintil V respecto del quintil I.

De igual modo, como se demuestra acá, el acceso a este tipo de ciudadanías diferenciadas ha sido históricamente dirigido a población urbana, además de que se ha privilegiado normalmente a los hombres, como consecuencia del tipo de inserción laboral más precaria que suelen tener las mujeres.

En resumen, efectivamente es necesario regresar al debate de estrategias para fomentar la formalidad del empleo en México, pero, sobretodo, en universalizar el acceso a los derechos sociales que hoy en día son exclusivos para este tipo de empleo. Nos es algo que se asocia solamente al tema actual de pensiones, sino que es una deuda histórica con el sector excluido del sistema de protección social en el país, deuda que es necesaria comenzar a saldar cuanto antes.

* Máximo Ernesto Jaramillo-Molina es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico

(1) Por ejemplo, ver este artículo de Barba: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2013000200003

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