Una investigación de Open Democracy arrojó que las mujeres de América Latina enfrentan una crisis de violencia obstétrica agravada por la COVID-19 y encontró múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia, pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.
Por Diana Cariboni, Daniela Rea y Lydiette Carrión
Ciudad de México, 19 de julio (OpenDemocracy).– Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de COVID-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, revela hoy una nueva investigación de Open Democracy.
La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.
América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40 por ciento de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15 por ciento e insiste en que sólo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estatales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes de la COVID-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el Gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio Ministerio de Salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de COVID-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de COVID-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas” por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos mil 200 dólares’. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso de la COVID-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin COVID-19”, dijo a Open Democracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de mil casos de COVID-19 y una treintena de muertes, el Ministerio de Salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
SOLAS Y MAL INFORMADAS
A partir de marzo, Open Democracy entrevistó a decenas de mujeres y organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes de su confianza, prohibidos por la COVID-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de COVID-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador.Si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por Open Democracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el Gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.
Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
UNA CRISIS GLOBAL
En todo el mundo, la investigación de Open Democracy identificó infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto.
En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba por entonces sumergida en la crisis de COVID-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a Open Democracy.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de COVID-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a Open Democracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus, que al principio le fue negado, según dijo.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las consultas de Open Democracy.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas preguntas para actualizar esos datos en julio.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
