Un índice que analiza cómo países de América Latina combaten la corrupción señala que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha estancado en esa área, pues aún están pendientes acusaciones contra la policía y la clase política.
Por Anastasia Austin
Ciudad de México, 2 de julio (InSight Crime).– Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la región.
El índice que mide la capacidad para combatir la corrupción para el año 2020 (2020 Capacity to Combat Corruption —CCC— Index) halló que, en 2019, muchos países de la región se apartaron de las medidas anticorrupción. El momento no podría ser peor, pues la corrupción y los malos manejos han frenado la respuesta de Latinoamérica frente a la pandemia en innumerables formas.
Para medir el grado de impunidad en cada país, el informe —recopilado cada año por la Mesa de Trabajo Anticorrupción (Americas Society and Council of the Americas, AS/COA) y la consultora Control Risks— analizó 14 variables que incluyen la capacidad legal, las instituciones políticas y la sociedad civil. A continuación, InSight Crime da una mirada a cómo se comparan los países, desde los que quedaron por encima del promedio hasta los que tuvieron un desempeño penoso.
URUGUAY, CHILE, COSTA RICA, SOBRE EL PROMEDIO
Uruguay superó a los otros 15 países de la región, gracias a la eficiencia e independencia de sus cortes, sus organismos de orden público y sus entes anticorrupción. Desde 2018, el congreso del país también ha enfrentado el lavado de dinero, una importante causa de precupación que persiste.
Chile, que suele ser uno de los países con mejor desempeño del índice, ocupó el segundo lugar, pese a la agitación política en 2019. Sin embargo, las protestas en el país le asestaron el golpe más fuerte a la calificación de Chile, pues las prioridades anticorrupción cedieron paso a temas de atención sanitaria e igualdad de género. Los planes de Chile de redactar una nueva constitución determinarán el trato que el país le dé a la corrupción en el futuro, según señaló el informe.
BRASIL, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA
Este grupo contiene el mayor perdedor y ganador de un año a otro: Brasil y Perú, respectivamente. Mientras que Colombia y Argentina se mantuvieron casi invariables respecto a sus calificaciones en 2019.
Aunque Brasil se sitúa en cuarto lugar en el Índice global, su puntaje bajó 10 por ciento desde el año pasado y “presenta una de las trayectorias más preocupantes de la región”, apuntó el informe. El índice señala la interferencia del Presidente Jair Bolsonaro en los organismos de orden público y los interrogantes planteados en el histórico caso Lava Jato, una investigación sobre corrupción de gran alcance que develó que varias empresas —entre las que sobresale la megaconstructora brasileña Odebrecht— habían lavado dinero para pagar sobornos y coimas por contratos inflados de obras públicas. La investigación ha derivado en cargos contra congresistas, magnates empresariales e incluso presidentes.
Varios intercambios de mensajes filtrados a The Intercept, sin embargo, muestran que el notable juez brasileño del caso, Sergio Moro, entregó pistas a los fiscales sobre las líneas investigativas, una colaboración prohibida por la ley y que supone una grave violación a la ética. El informe también destaca las investigaciones a los hijos de Bolsonaro —una por corrupción y nexos con milicias de Rio de Janeiro más otra por ser miembros claves de una red criminal de noticias falsas.
En el lado positivo, el Índice califica a Perú como su historia más positiva en 2020, cuando cita los evidentes avances del país en capacidad policial y el sistema de tribunales, y la trascendencia de las iniciativas anticorrupción en la agenda del Presidente Martín Vizcarra. InSight Crime informó sobre el difícil arranque de Vizcarra con la reforma anticorrupción a comienzos de 2019, pero la creación de un nuevo organismo con capacidad de judicializar a jueces y funcionarios públicos acusados de corrupción (Junta Nacional de Justicia, JNJ), los avances en la investigación Lava Jato y las mejoras en la financiación electoral han rendido resultados, de acuerdo con el reporte. Las reformas a la inmunidad y las campañas parlamentarias son eventos para resaltar.
MÉXICO, ECUADOR, PANAMÁ
Este grupo se caracteriza por países con una fuerte retórica anticorrupción, pero con cuestionables acciones sobre el terreno. La nueva administración de Panamá, por ejemplo, llegó al poder respaldada por la demanda del público de una reforma anticorrupción. Pero una vez que el Presidente Laurentino Cortizo se posesionó, su agenda encontró problemas para ser respaldada en el congreso, incluso de su propio partido, como señaló el informe. Panamá sigue siendo preocupante por el lavado de dinero y el secreto financiero.
En México, la sociedad civil lleva años pidiendo una reforma y Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción. Pero, en la práctica, el país se ha estancado, como lo demuestra una larga lista de acusaciones contra su anterior policía, la clase política e incluso equipos deportivos. En parte, el índice critica la atención del Presidente en su capacidad personal para hallar y detener la corrupción, en lugar de empoderar instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). También cita preocupaciones de que la UIF no sea realmente independiente del Presidente.
GUATEMALA, PARAGUAY, REPÚBLICA DOMINICANA Y BOLIVIA
La sociedad civil ha intentado compensar la débil capacidad legal e institucional en este grupo. La desarticulación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que fortaleció las capacidades de investigación de los fiscales locales y ayudó a enviar a la cárcel a poderosos hombres de negocios, figuras del crimen organizado y políticos, fue un golpe importante para los esfuerzos anticorrupción en el país. Pero las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Guatemala han mantenido la atención sobre el asunto.
En República Dominicana, el público entiende la importancia de una reforma anticorrupción. De acuerdo con las encuestas de Transparencia Internacional, el tema es prioridad para los dominicanos en general, e incluso han salido a la calle para exigir cambios en las recientes protestas de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, esto no compensa la debilidad de los organismos de investigación y anticorrupción del país, que aún no resuelve el supuesto esquema de sobornos de Odebrecht, por US$92 millones.
Paraguay ocupa el lugar 12 en el índice debido a sus importantes economías ilícitas, que incluyen lavado de dinero, contrabando, y tráfico de drogas, exacerbando los problemas de debilidad de las instituciones. Según el informe, la infiltración de carteles de la droga en todas las esferas del Gobierno hacen poco probable la perspectiva de mejora en el futuro previsible. El índice CCC destaca la expansión de las bandas brasileñas, entre las que se destacan el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en el país como otra seria preocupación.
EL CASO AISLADO: VENEZUELA
El último lugar de Venezuela en el índice no es una sorpresa. Los autores señalan que el puntaje del país bajó otro 11 por ciento desde el año pasado, con la mayor erosión del Presidente Nicolás Maduro sobre las instituciones gubernamentales, al punto de que ya no quedan entidades verdaderamente independientes.
En un ejemplo flagrante, un fallo emitido en mayo por la Corte Suprema de Justicia designó oficialmente al diputado Luis Parra, aliado del Presidente Maduro, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Remplazó al líder de la oposición, Juan Guaidó, quien fue expulsado después de una disputada elección en enero, la cual la oposición tildó de ilegítima. El ente legislativo ya había perdido sus poderes en 2017, cuando Maduro creó una legislatura paralela.
En este contexto de decadencia institucional, la sociedad civil venezolana obtuvo una calificación excepcionalmente buena gracias “al trabajo de periodistas de investigación independientes y las ONG que aún operan en el país”. Sin embargo, sin instituciones democráticas y judiciales que la apoyen, la sociedad civil tiene pocos recursos.
