Tan solo en América Latina hay entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de los cuales el 93 por ciento son mujeres, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Madrid, 26 de junio (EFE).- El 70 por ciento de los países iberoamericanos no cuentan con la "legislación necesaria" para proteger a las mujeres que realizan labores de cuidados y del hogar remunerado, según la Secretaría General Iberoamericana (Segib), que junto a ONU Mujeres presentó este viernes un estudio sobre las leyes que impiden el empoderamiento de las mujeres en la región.
Este vacío legal sucede cuando tan solo en América Latina hay entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de los cuales el 93 por ciento son mujeres, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A este 70 por ciento de países se añade que más del 30 por ciento no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrece protección específica a las y los trabajadores domésticos, según un comunicado de prensa.
El estudio, que puede consultarse en la página web de Segib, detalla las leyes que afectan el empoderamiento económico de las mujeres en cada uno de los 22 países iberoamericanos así como una propuesta de agenda de reformas legislativas para los próximos cinco años "con el objetivo de conseguir una igualdad de género real y sustantiva en la región".
La investigación de la que se extraen los datos de cada país se basó en cuestiones como el salario, la seguridad social, la libertad de elección del empleo y la protección del trabajo doméstico remunerado y la maternidad. "A nivel global, las mujeres acceden solo a un 75 por ciento de los derechos que poseen los hombres, vemos que hay avance pero no desde luego no hay equidad", manifestó a Efe la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
IGUALDAD SALARIAL Y LIBERTAD DE ELECCIÓN DE EMPLEO
Más del la mitad de los países iberoamericanos carecen de leyes que respondan al objetivo "de igual remuneración por trabajo de igual valor", una definición establecida por la OIT, según revela el estudio. A pesar de recoger la igualdad salarial en constituciones o legislaciones, la aplicación de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, sigue siendo "más restrictiva" que el criterio de la OIT.
Por otro lado, Argentina, Andorra, Bolivia, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela cuentan con leyes que impiden la libre elección de empleos por parte de las mujeres.
Los impedimentos, en su mayoría, están ligados a empleos y tareas donde está implicado el peso, la seguridad o la salubridad, pero también "en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres", como es que el caso de varios estados.
Grynspan explica que ese tipo de legislación forma parte de una "visión tutelar" hacia las mujeres, "en muchos casos con niños", que impide competir en igualdad de condiciones con los hombres dentro del mercado laboral. Algo que también sucede con la protección a la maternidad, cuando el 27 por ciento de los países iberoamericanos "todavía no ha equiparado el descanso de maternidad al mínimo de 14 semanas establecido por la OIT" y un 36 por ciento cuenta con leyes que no aseguran que el 100 por ciento de la cobertura de la licencia esté a cargo de la seguridad social.
"En las bajas de paternidad el descanso recae fundamentalmente sobre las mujeres, por lo que da pie a una discriminación en el mercado laboral y a su vez en la cobertura de las pensiones", afirma la secretaria.
NO PERDER DERECHOS EN LA PANDEMIA
En medio del camino que queda por recorrer hacia la igualdad de género, la pandemia del coronavirus podría forzar que las mujeres perdieran derechos reconocidos en las últimas décadas, así como que ellas pagaran más las consecuencias que los hombres.
“La actual pandemia de la Covid-19 ha exacerbado las desigualdades de género ya existentes", asegura la costarricense, quien recuerda las estimaciones mundiales de destrucción de empleo, donde 31 de los 44 millones de empleos que se pierdan serán de mujeres.
Por eso, creemos que hay que realizar cambios en las leyes que discriminan económicamente a las mujeres y queremos impulsar una Coalición de Países Iberoamericanos Comprometidos con la Eliminación de Leyes Discriminatorias para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Hoy es más urgente que nunca”, afirma en el comunicado.
Por su lado, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, señala que "América Latina tiene un largo camino recorrido con muchas fortalezas en cuanto al reconocimiento del principio de igualdad de género" y no podemos permitir "que esta crisis nos haga retroceder en los avances alcanzados".
"Más bien debemos redoblar esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres. Es crucial que el empoderamiento económico de las mujeres esté al centro de los esfuerzos para abordar la crisis y reconstruir nuestras", apostila en el texto.
