Por: Ximena Antillón (@ximena_antillon)*

“¿Para qué nos citan?”, preguntan las integrantes del Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia en su carta abierta a Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía General de la República, al denunciar el incumplimiento de acuerdos tan básicos como desarrollar un plan de investigación para sus casos. “¿Para llenar su registro y hacer sus informes con el número de mesas realizadas? ¿para administrar nuestro dolor? ¿para evitar que protestemos?”, continúan, pues desde el año 2011 las mesas de atención a víctimas, se convirtieron en el dispositivo de administración y control de las víctimas por excelencia. El mismo colectivo expresa, “ya perdimos la cuenta de las mesas de trabajo, minutas y acuerdos que hemos tenido”.

Desde que las víctimas de la guerra contra la delincuencia organizada, que resultó ser una guerra contra el pueblo de México, irrumpieron en la agenda pública del país con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otros colectivos de distintos estados, el gobierno federal y algunos gobiernos locales decidieron que era políticamente más redituable “atender” a las víctimas que reprimirlas abiertamente. Desde entonces se han creado normas, políticas públicas e instituciones que reconocían en el papel los derechos que nunca se aterrizaban en la práctica.

De esta forma se abrió un juego político en el que las organizaciones de víctimas y sus representantes empujaban su agenda, tratando de aprovechar las grietas que la movilización, la denuncia y los mecanismos internacionales de supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos abrían, en un contexto de impunidad absoluta. Las autoridades, por su parte, buscaban achicar y administrar las demandas de las víctimas, dejando intocadas las estructuras macrocriminales a las cuales servían y que ahora empiezan a develarse. Por su parte, los colectivos y organizaciones de víctimas han desplegado su acción política en medio de esta tensión entre la exigencia de sus demandas y las estrategias de control y administración política del Estado.

En medio de este juego político de simulación y resistencia, el tiempo pasa. Para los y las familiares del Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia, la pandemia de COVID-19 se suma a la “epidemia de impunidad”, que han enfrentado desde que su vida fue trastocada por la desaparición. De esta forma expresan su frustración: “Hemos visto pasar a tres presidentes, al menos cuatro fiscales generales y decenas de Fiscales y Ministerios Públicos que han conocido nuestros casos pero no han logrado ningún avance”.

El tiempo también es un asunto de poder. Los dispositivos de “atención”, es decir, administración y simulación, operan a través de la imposición de una temporalidad que alarga la espera. El tiempo vuelve a empezar para cada funcionario en turno, mientras para las víctimas se acumula el desgaste y la desesperación. Las víctimas, por su parte, se enfrentan a una vivencia contradictoria del tiempo. Por un lado, el tiempo traumático, en virtud del cual la vida se queda congelada en una herida que no termina de pasar, y por el otro, la evidencia de un tiempo vertiginoso e implacable, cuyo límite es su propia vida. El principal temor de las y los familiares de las personas desaparecidas es morir sin encontrar a sus seres queridos. Esta es quizá la característica más cruel de los dispositivos de administración de las víctimas.

Años de promesas incumplidas y “búsqueda de papel” han erosionado la salud de las familias pero también la confianza en las autoridades. Es por esto que Mario Vergara, quien busca a su hermano Tomás Vergara Hernández desde el año 2012, se hartó de la simulación y la espera de las investigaciones oficiales. Desde el año 2014 se especializó en buscar en fosas clandestinas y ahora recorre el país con la Brigada Nacional de Búsqueda. Una vez lo escuché decir con ironía, durante un rastreo en los cerros de Huitzuco: “¡No más búsquedas, queremos mesas de trabajo!”. Tras la demanda aparentemente simple para que los Ministerios Públicos realicen “planes de trabajo con diligencias calendarizadas”, planteada por el Colectivo antes citado, se encuentra el reclamo de poner fin a la impunidad y la simulación.

* Ximena Antillón es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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