Una propuesta desarticulada, mal escrita, del presidente (supongo) de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, desnudó el carácter mezquino de una parte de los ricos y de sus voceros en la derecha mexicana. Ante la propuesta de crear un instrumento estadístico para medir la riqueza, expresado con torpeza e ignorancia por el dirigente político, las buenas consciencias salieron escandalizadas a clamar contra lo que caricaturizaron como un proyecto para transformar al Inegi en una autoridad con prerrogativa de allanamiento de morada. El sainete desatado fue lamentable, pero dejó ver las entrañas de una parte de las élites mexicanas, que ven cualquier propuesta de redistribución como un atentado expropiatorio, al grado de que hubo quienes señalaron la deshilachada propuesta como prueba de la deriva comunista encabezada por López Obrador.

Sin embargo, no deja de tener razón Ramírez Cuellar en el sentido de su documento: este país, su sociedad, su academia, sus políticos y sus empresarios, debería conocer mejor los niveles de concentración de la riqueza, lo cual, por cierto, se podría lograr con una fiscalidad más transparente, sin tantos cerrojos que contribuyen a la corrupción y al abuso y que deslegitiman socialmente al pago de impuestos. Pero como esa información fiscal no existe, la mejor forma de acercarse al problema de la obscena concentración de la riqueza, que lacera al país y deforma a su sociedad, es con instrumentos de medición social, como encuestas mejor diseñadas, las que, por cierto, ya están en proceso, pues desde finales de 2019 se levantó la Encuesta sobre las Finanzas de los Hogares, elaborada de consuno entre el Banco de México y, precisamente, el Inegi.

También tiene razón en el planteamiento de fondo el líder del partido presidencial, aunque el caudillo ya lo descalificó: México necesita construir mecanismos de distribución de la riqueza para combatir la abismal desigualdad de condiciones materiales que hace imposible la mínima pretensión de igualdad de oportunidades. Necesitamos construir un Estado de bienestar si queremos que el país se desarrolle y crezca de manera sostenida pero sustentable. Y eso solo es posible con un sistema fiscal progresivo, que solidarice a los extraordinariamente privilegiados con los más pobres, pero no con las simulaciones de la caridad o la filantropía, generalmente tacañas, sino a través de contribuciones fuertes al sostenimiento del Estado y de sus servicios, con la contrapartida de saber que se gastará con transparencia y que una parte relevante de lo pagado les redituará en buenos servicios de seguridad y en una infraestructura que les permita no solo tener mejores oportunidades de negocio sino que les garantice una buena calidad de vida.

Los ricos mexicanos están acostumbrados a pagar solo los impuestos estrictamente necesarios, mientras que realizan otros pagos a los agentes del Estado como mordidas, moches o pago de protecciones particulares y compran en el mercado servicios que el Estado les podría proveer con calidad si contara con los recursos y la demanda vigilante de quienes los pagan. La falta de legitimidad fiscal del Estado mexicano y la racanería de los privilegiados por sus complicidades con quienes han detentado el poder es parte de la dependencia de la trayectoria de nuestra sociedad y está en el origen del mal desempeño de la política.

México necesita, si se pretende que tenga futuro como comunidad política, construir un Estado de bienestar razonable, que provea de salud, educación de calidad (aunque escueza absurdamente el término) y con un ingreso básico vital que garantice la alimentación y la vivienda digna a toda la población. Si no se eleva el desarrollo humano de la población mexicana y se reduce el abismo en el bienestar de sus habitantes este país dejará de ser viable. Nos urge un nuevo contrato social, en el cual el pago de impuestos sea un compromiso solidario contra la pobreza y por la igualdad de oportunidades, pero en manos de un nuevo Estado, uno honrado y que funcione, no el sistema de botín, vendedor de protecciones particulares que hemos padecido ancestralmente y que no tiene visos de ser objeto de la tetramorfosis, incapaz de plantear cualquier proyecto que implique acuerdo transversal y no sea producto de la mente del prohombre.

El nuevo pacto social se construirá, me temo, sobre los escombros del fracaso del actual Gobierno que, empero, todavía tiene la oportunidad de dar un giro en el sentido correcto: el de concitar acuerdos amplios para comenzar a construir un auténtico Estado de bienestar. Si el Gobierno asumiera la propuesta de ingreso vital de emergencia que promueve un grupo plural de legisladores con el acompañamiento de Nostrxs, no solo tomaría una decisión adecuada de política social para paliar los devastadores efectos que sobre el empleo tendrá la crisis económica provocada por el parón de la epidemia, sino que podría construir la base de un esquema de transferencias de carácter universal, menos clientelista, como sería el del Estado de bienestar deseable.

Sin universalidad de derechos vitales es impensable la sustentabilidad y la contención de la violencia. Para ello se necesita un nuevo arreglo fiscal que, empero, solo será posible con un nuevo pacto que parta de la reforma del Estado para que deje de ser botín de los políticos, empezando por la distribución de los cargos entre validos y clientes. Ese es el proyecto que debería encabezar una coalición auténticamente transformadora. Se trata de un proyecto razonable de redistribución económica, que debería unificar a los políticos racionales, pero estos parecen escasear en estos días, donde la estridencia, las payasadas y los conjuros han ocupado todas las pistas del circo patrio.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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