Por Héctor Víquez

Encargado del Centro de día “La Ceiba”

@Sinfronteras_1

“Las desigualdades en salud no sólo constituyen uno de los problemas de justicia social más importantes a nivel global, sino que son una de las evidencias más claras de que disponemos para describir y explicar de qué forma el bienestar y la justicia social se distribuyen de forma desigual en el mundo. Las desigualdades en salud relacionadas con el empleo nos indican también dónde debemos centrar nuestros esfuerzos en favor de la equidad si queremos alcanzar un mundo más justo y democrático” 

(Joan Benach y Carles Muntaner, 2010).

Es una realidad que a nivel mundial estamos siendo testigos de un fenómeno que ha permeado a la salud humana y no sólo en la cuestión de enfermedad a casusa de una pandemia, sino en los distintos determinantes sociales: educación, vivienda, trabajo y empleo, que han afectado el estado de bienestar de las distintas clases sociales y grupos vulnerables.

El Gobierno mexicano ha correspondido con las medidas sanitarias para controlar el nivel de contagio de la COVID-19 y evitar un colapso de demanda en el sistema de salud tanto en el ámbito público como privado. Una de estas medidas es establecer un periodo de cuarentena que se va extendido conforme aumentan las fases de prevención por los riesgos de contagio; lo que implica que las actividades sociales de cualquier ámbito se tengan que acoplar de manera forzada o voluntaria a estas medidas preventivas.

Sin duda estas acciones han impactado en el sentido económico de un gran porcentaje de la población y ante este panorama es importante resaltar cómo afecta este fenómeno a las personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en el contexto de la Ciudad de México, mismo que puede ser muy semejante en todo el país.

En la Ciudad de México, es relevante mencionar que la mayor parte de los albergues e instituciones de la sociedad civil atraviesan una alta demanda de atención por el aumento de casos de personas migrantes que se encuentran con escasos o nulos recursos para solventar sus necesidades básicas, principalmente de alimentación y vivienda a raíz de la contingencia sanitaria. En Sin Fronteras I.A.P. las áreas de Trabajo Social y Centro de Día, han identificado por medio de los casos atendidos entre marzo y abril del 2020, que la variable más constante que está aumentando la vulnerabilidad es la falta del recurso económico a través de las diferentes formas de empleo.

Ante este panorama se han identificado que las personas en movilidad son un sector vulnerable por faltas de redes de apoyo y cualquier otra característica de factor de riesgo que complejiza cada caso, donde no sólo enfrentan un escenario complejo para llevar a cabo procesos de integración socio-cultural en el momento actual, sino además se suma el enfrentar las carencias de oportunidad en un sistema económico que se ve limitado en la generación de estrategias para facilitar opciones de inserción laboral durante esta problemática de contingencia sanitaria, y no meramente haciendo énfasis en los permisos para acceder al trabajo a través de las distintas opciones de regularización migratoria.

Las opciones laborales de las personas migrantes van cambiando con el tiempo y generalmente van optando por las más viables en cuestión de acceso, es decir, por procesos de contratación menos estrictos, ya sea en el trabajo formal e informal. Por ejemplo, es interesante mencionar que recientemente algunos casos están optando por empleos de entregas a domicilios y transporte por medio de apps, las cuales funcionan como la posibilidad para generar un recurso económico en poco tiempo como en algunas otras opciones laborales y que propician un impacto fundamental para que esta población vulnerable logre su propio estado bienestar a través de una autonomía económica al satisfacer sus necesidades básicas, principalmente como vivienda y alimentación.

Al continuar realizando el acompañamiento a personas migrantes para la búsqueda de empleo durante el periodo de contingencia por la COVID-19, se identifica que las personas con empleo por medios de apps están quedando sin recursos para solventar sus principales necesidades por la baja demanda en los servicios con esas características e incluso se ven obligados a seguir las indicaciones de cuarentena.

Desde Sin Fronteras I.A.P. un primer punto esencial para sumar las posibilidades de inserción laboral, ha sido la búsqueda de la participación solidaria de empleadores dispuestos a tener la disposición para contratar a personas migrantes de manera formal y tener la apertura de recibir orientación sobre el trámite de alta con el INM, para finalmente no sólo facilitar el proceso de contratación, sino contribuir a una visión de derechos humanos en la cuestión de las garantías obtenidas al adquirir derechos laborales. Durante este periodo de contingencia, esta posibilidad de canalización de personas migrantes a estas opciones de empleo se encuentra retenidas, lo que crea una mayor dependencia de la asistencia humanitaria que generalmente es gestionada por albergues y organizaciones de la sociedad civil, acciones que sin duda no pueden responder a una alta demanda por periodos largos.

Para Sin Fronteras I.A.P, es importante evidenciar que las personas migrantes y/o sujetas de protección internacional, deben ser consideradas en todo momento como una población vulnerable ante cualquier crisis humanitaria o incluso de carácter sanitaria como la que enfrentamos hoy en día, pues no solamente es idear una  lógica de cómo brindar respuesta ante emergencia momentánea que corresponda a una cierta problemática, sino crear mecanismos que no perjudiquen a poblaciones ya con ciertas características de desventaja social. El acceso al empleo y a un salario digno, es la posibilidad de dignificar las condiciones de vida ante cualquier contexto de vulnerabilidad social.

Sin Fronteras

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