Las personas defensoras en México se enfrentan simultáneamente a dos emergencias: la sanitaria y la de derechos humanos.
Por Camila Ruíz Segovia y Carmen Amparazo Sempere
Ciudad de México, 22 de abril (Open Democracy).- El pasado 8 de abril, en plena emergencia sanitaria, Adán Vez Lira fue asesinado cuando se dirigía al llamado de una comunidad cercana a la suya. Adán y sus vecinos se oponían al desarrollo de proyectos mineros en el municipio de Actopan debido a su potencial impacto negativo en las lagunas y pantanos de las costas del estado de Veracruz. Estos ecosistemas albergan a más de 300 especies, y son considerados sagrados por la comunidad.
Adán, de 54 años, dedicó más de 30 años a la defensa del medio ambiente y lideró numerosos proyectos para promover el turismo ecológico en el municipio. Su asesinato es un frío recordatorio sobre los riesgos a los que las personas defensoras de derechos humanos continúan enfrentándose a pesar de las restricciones impuestas por el coronavirus.
El caso de Adán es uno entre docenas de defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos años en el país. La defensa de los derechos humanos es una actividad particularmente riesgosa en América Latina. México no es una excepción. Las personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las que protegen el medio ambiente, las que abogan por las comunidades de migrantes y refugiados, y las que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, enfrentan numerosos riesgos por la labor que realizan.
Las autoridades mexicanas no solo han fallado en brindar protección a las personas defensoras, sino que a menudo las han criminalizado, cuando no las han atacado de manera sistemática.
En 2019, la Red TDT registró el asesinato de al menos 21 defensores. Otros ataques a los que están expuestos son intimidaciones, acoso legal, detenciones arbitrarias, campañas de difamación, ataques digitales y agresiones físicas. Las autoridades mexicanas no solo han fallado en brindar protección a las personas defensoras, sino que a menudo las han criminalizado, cuando no las han atacado de manera sistemática.
Algunos de estos ataques han ocurrido de manera directa y otros en colusión con el crimen organizado. En al menos 6 de los 21 casos de defensores asesinados en 2019, los autores intelectuales o materiales de los crímenes fueron autoridades municipales. En el mismo año, los funcionarios estatales fueron responsables del 40 por ciento de los ataques registrados contra defensores del medio ambiente, según un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Nuevos retos para los defensores de los derechos humanos
Si bien la defensa de los derechos humanos ya ocurre en una situación de precariedad en México, la pandemia de la COVID-19 ha planteado nuevos retos para las personas defensoras. Tomando en cuenta la debilidad del sistema de salud en México y en especial en estados con altos índices de marginación como Oaxaca, la organización Codigo DH decidió frenar sus actividades como una medida de protección hacia las comunidades con las que trabaja.
Uno de los eventos que cancelaron fue la presentación del informe sobre el desabasto de agua en la comunidad indígena de Ayutla. Este informe es aún más relevante en el contexto de la pandemia, ya que el acceso al agua es esencial para poder cumplir con las pautas higiénicas y poder contener la propagación del virus. En el norte de México, la Casa del Migrante Saltillo, un albergue que brinda apoyo legal y humanitario a migrantes indocumentados y solicitantes de asilo, suspendió el ingreso de nuevas personas por temor a la propagación de la COVID-19.
Existe el temor que los donantes dediquen sus esfuerzos a causas humanitarias derivadas de la crisis sanitaria y dejen de apoyar iniciativas de defensa de los derechos humanos.
La pandemia también ha limitado el acceso a equipo esencial para los defensores. La escasez mundial de mascarillas y guantes ha tenido un sombrío impacto para los familiares de desaparecidos. En años recientes, muchas de estas familias se han involucrado en la exhumación de cuerpos en fosas clandestinas, en las llamadas Brigadas Nacionales de Búsqueda. Por razones sanitarias, este tipo de actividad forense requiere el uso de material de protección sanitaria, como máscaras y guantes. Ante el desabasto y las restricciones al movimiento impuestas por el Gobierno, no es claro si las familias podrán continuar realizando sus búsquedas.
Además del impacto a sus propias actividades, la pandemia también ha complicado la relación de los defensores con las autoridades mexicanas. Aunque el acceso a la justicia es un desafío continuo en México, los defensores temen que el cierre de algunas agencias estatales y federales a causa de la emergencia sanitaria retrasará el avance de procesos judiciales y afectará negativamente los mecanismos de protección brindados por el estado.
Ante esta coyuntura, la pandemia podría agravar la situación de impunidad generalizada que se vive en México, donde alrededor del 90 por ciento de los delitos denunciados quedan sin resolverse. De acuerdo a un informe de WOLA y PBI, es precisamente esta situación de impunidad la que hace posible el ataque sistemático a las personas defensoras.
La pandemia también ha sofocado el ciclo de noticias, dejando poco espacio para la cobertura de la situación de las personas defensoras, la cual ya era débil. La visibilización de los riesgos asociados a la defensa de los derechos humanos en los medios de comunicación es fundamental, ya que puede ayudar a ejercer presión a las autoridades y mejorar la rendición de cuentas.
La pérdida de visibilidad no sólo disminuye las posibilidades de éxito de las campañas en pro de los derechos humanos de las personas defensoras, sino que también puede llevar al incremento de episodios de violencia en su contra.
Otra preocupación importante para algunos defensores es el futuro de la financiación de sus proyectos. Las organizaciones locales de derechos humanos temen que el financiamiento proveniente de países occidentales se suspenda, ya que estos probablemente desviarán fondos para responder a sus propias necesidades internas de contención de la crisis sanitaria. Otros temen que los donantes dediquen sus esfuerzos a causas humanitarias derivadas de la crisis sanitaria y dejen de apoyar iniciativas de defensa de los derechos humanos.
Los defensores al frente de la respuesta a la COVID-19
Ante los vacíos en la respuesta del estado, las personas defensoras y colectivos de derechos humanos se están organizando. Esta no es la primera vez que estos grupos lideran la respuesta comunitaria a una situación de emergencia en México. Algunas de las redes que emergieron después del sismo de 2017 con el fin de organizar a comunidades y hacer frente a las carencias del estado se han reactivado para dar respuesta a la crisis sanitaria actual.
En Unión Hidalgo, Oaxaca, las Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida –un colectivo de resistencia a megaproyectos eólicos– articularon una cocina comunitaria para apoyar a los damnificados del sismo en 2017. Ante esta nueva emergencia, están facilitado talleres en varias comunidades del Istmo de Tehuantepec sobre cómo hacer gel antibacterial, un producto al que no se tienen acceso las comunidad región.
En San Mateo del Mar, otra comunidad del Istmo, el colectivo Monapaküy –establecido durante el sismo de 2017– grabó audios en Huave, la lengua indígena local, para explicar las medidas de prevención y dar guías sobre qué hacer si se presentan síntomas de la COVID-19.
En Guerrero, el estado vecino, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan difundió mensajes de audio en Nahua, T’un saavi y Me’phaa, las lenguas indígenas de la región de la Montaña. De este modo, se aseguró que la información fuese accesible a personas analfabetas en las comunidades (que pueden llegar a ser un porcentaje significativo en La Montaña). Estos audios también evitan utilizar un lenguaje demasiado técnico.
Los familiares de personas desaparecidas también han reaccionado a la crisis sanitaria. El 6 de abril, un grupo de nueve colectivos de familiares hicieron una conferencia de prensa, llamando a las autoridades estatales a no suspender las labores de búsqueda de desaparecidos durante el confinamiento y recordándoles que la impartición de justicia es una actividad esencial.
En un país con más de 60 mil personas desaparecidas, las autoridades mexicanas tienen la obligación de identificar correctamente los cuerpos. El no hacerlo podría significar una violación al derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos.
El comunicado incluye un conjunto de recomendaciones sobre actividades que servidores públicos pueden implementar desde casa para seguir con la búsqueda. Entre otras, estas incluyen la estandarización de bases de datos de personas desaparecidas en los diferentes estados y el uso de nuevas tecnologías como drones para localizar fosas clandestinas.
Frente a la ineficiencia del estado, los familiares de desaparecidos se han visto obligados a aprender sobre metodologías de búsqueda. Con base a estos conocimientos, los familiares también han instado al Estado a no cremar cuerpos no identificados que pudieran haber muerto de la COVID-19.
En un país con más de 60 mil personas desaparecidas, las autoridades mexicanas tienen la obligación de identificar correctamente los cuerpos. El no hacerlo podría significar una violación al derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos. Ante los llamados de los familiares, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, anunció que las autoridades federales no solicitarían la cremación de personas no identificadas que murieron a causa de la COVID-19.
Aunque la Casa del Migrante Saltillo ya no puede recibir nuevos individuos, continúa distribuyendo alimentos a migrantes en el camino. También ofrece apoyo psicosocial a los 30 migrantes que están haciendo cuarentena en el albergue. En coordinación con el ACNUR, 30 albergues en México han instalado lavamanos portátiles y distribuido jabón para que las personas migrantes y refugiadas puedan prevenir la transmisión del virus.
Más de 150 organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de las condiciones en los centro de detención de migrantes y refugiados. El 14 de abril presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunciando las omisiones del Instituto Nacional de Migración en la protección de personas detenidas. “Esto no es solo por la salud de las y los migrantes, es por la salud de todas y todos en México. El coronavirus no conoce de fronteras”, cierra su boletín de prensa.
A pesar de los nuevos retos que la pandemia supone, las personas defensoras de los derechos humanos en México –y en América Latina– están liderando las respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria. En apoyo a este tipo de iniciativas a lo largo de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los estados a garantizar que las personas defensoras puedan seguir desarrollando sus labores de defensa durante la pandemia.
Aún así, la defensa de los derechos humanos puede agravarse durante los estados de emergencia impuestos en la región. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado para la los Derechos Humanos de la ONU enfatizó que las declaraciones de estado de emergencia no deben ser usadas “para silenciar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos”. Aunque las personas defensoras están aterrizando las recomendaciones sanitarias a las necesidades y situaciones concretas de los territorios, el Estado Mexicano continúa inclumpliendo su deber de protegerlos.
A pesar de la pandemia, el día que enterraron a Adán Vez Lira más de 200 personas acudieron a su funeral. Esto nos recuerda que las personas defensoras en México se enfrentan simultáneamente a dos emergencias: la sanitaria y la de derechos humanos.
