Hasta el 21 de abril de 2020, Baja California ostentaba el segundo lugar en la estadística por muertes debido a contagio de COVID-19 entre su población, con una cifra de 96 fatalidades. Al mismo tiempo estaba en tercer lugar de casos confirmados, solo antecedido por la Ciudad de México y el Estado de México, entidades que superan por mucho la población de 3.3 millones de habitantes que tiene Baja California.

En la medida que se aplican más pruebas para comprobar los contagios del coronavirus, y esa es una medida con la cual parece estar de acuerdo el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, los casos incrementan considerablemente. Lo peor, dicen, está por venir. Llegará en la primera semana de mayo, y para lo cual faltan unos 12 días.

En Baja California, y eso ha sido harto documentado, la infraestructura del sistema de salud no es la mejor ni está en condiciones ya no digamos óptimas, sino medianamente equipadas o abastecidas para hacer frente a la pandemia que, como la inseguridad, ha azotado a la frontera norte de México.

Los hospitales del estado ya estaban mal antes de ponerse peor al verse rebasadas sus capacidades para atender a los enfermos por COVID-19 o aquellos que sin confirmar su caso son clasificados como neumonías atípicas. 

Pero en Baja California el Gobernador no ha decretado el uso obligatorio del cubrebocas cuando se está en público, lo que sí han sugerido otras instituciones en la entidad como el Consulado de los Estados Unidos en México, ni ha determinado medidas adicionales ahora que, es oficial, México entró a la Fase 3 de la pandemia que significa una mayor dispersión comunitaria del coronavirus COVID-19.

En el mapa que todos los días presenta la Subsecretaría de Salud federal, Baja California es el único estado que aparece en rojo, debido a la mayor dispersión del virus, los casos confirmados y las defunciones, fuera del centro del país. Ciertamente la movilidad migratoria ubica a esta región, y así se ve en las estadísticas, frente a un mayor riesgo de contagio, pero de las acciones que sus gobiernos emprendan, estatal y municipales, dependerá el futuro próximo en el desarrollo de los contagios.

En ninguno de los cinco municipios, y por supuesto tampoco en el estado, se ha determinado un toque de queda. Los cierres de empresas han sido a discreción. Por ejemplo, tiendas como Coppel o Electra continúan abiertas, debido a que cuentan con instituciones financieras, pero en tiendas departamentales donde se venden alimentos, artículos de limpieza y otros enseres domésticos, como Walmart, Costco, Soriana, han sido clausuradas las áreas donde se expenden aparatos electrodomésticos, ropa o artículos personales, como si en la contingencia no se requiriera de esos artículos para sobrellevar la cuarentena, como suplir una lavadora de ropa, por ejemplo. En dichas tiendas, además, se han tomado medidas que el Gobierno no ha mandato obligatorias, como en Costco, que únicamente se permite el acceso a personas que porten guantes o cubrebocas, además de proveerles sanitizantes y toallas antibacteriales.

Se entiende que “el objetivo” del Gobierno es evitar que ciertas áreas se mantengan aglomeradas, pero también muchas de estas compañías han optado por solo permitir el acceso a realizar compras a 50 personas al mismo tiempo, sale una y entra una, además de mantener a los consumidores en filas que guardan la sana distancia. Estas acciones sin embargo, no están siendo consideradas por las autoridades bajacalifornianas, que castigan a las empresas con clausuras parciales, y benefician a otras con aperturas totales.

La cuarentena no ha sido adoptada por los bajacalifornianos y los gobiernos no han contribuido con una campaña más agresiva a que la gente se quede en casa. Que solo un integrante de la familia salga a avituallar y el resto permanezca a salvo de contagios en la vía pública. De cuerdo al índice de movilidad que desarrolló Google, en este estado, solo el 22 por ciento redujo de manera determinante su movilidad. 

Y eso se aprecia en las calles que se ven bastante concurridas de automóviles con uno, dos o más ocupantes, y mientras los restaurantes establecidos han cerrado y algunos sirven alimentos preparados para llevar ya sea a través de un servicio de entrega a domicilio o recogerlos personalmente, muchos changarros permanecen abiertos y atendiendo a comensales a cualquier hora del día, provocando aglomeraciones en reducidos establecimientos.

La Alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su Cabildo, aprobaron hace una semana multas para quienes realicen fiestas en su casas, debido a las concentraciones de personas que se seguían llevando a cabo a pesar de la cuarentena y la recomendación de la sana distancia. Eso no ha sucedido en la otra ciudad grande de Baja California y la que más casos concentra de contagios por COVID-19, como lo es Tijuana. En esta ciudad fronteriza, la madrugada del domingo 19 de abril en una fiesta fueron heridas cuatro personas y una fue asesinada. Entre quienes salvaron la vida pero resultaron heridos se encontraba un policía de la Guardia Estatal de Seguridad, los mismos que han sido encomendados a vigilar las calles para verificar que las personas que transitan lo hagan porque realizan una actividad esencial y no porque están merodeando.

A tal acción, supervisar a través de la Policía Estatal que los ciudadanos no salgan sin motivo justificado de sus hogares, evidentemente no secundada por algunos miembros de la corporación estatal, el Gobernador lo ha llamado “un toque de conciencia”, para no meterse de ello en el toque de queda.

A saber únicamente dos municipios en el país han decretado un toque de queda, para limitar o restringir por un determinado periodo u horario las actividades en púbico, en ese caso con el objetivo de contener la dispersión del virus. Ningún Gobernador lo ha hecho, aunque sí ha habido aquellos que han obligado al uso de la mascarilla cuando se encuentre la población en lugares públicos, mientras otros han optado por la realización de pruebas para detectar los casos positivos y actuar en consecuencia para evitar la dispersión aislándolos desde un inicio.

En Baja California, de acuerdo al Secretario de Salud, al 7 de abril se habían practicado 700 pruebas de mil 500 que llegaron al estado, aun así la entidad ocupa el tercer lugar de contagios en el país. Esta pobre reacción se entenderá al saber que, por ejemplo en San Diego, California, condado vecino de Tijuana, a la fecha se han practicado 34 mil 920 pruebas, se juntan 2 mil 434 casos positivos y 87 muertes.

Pero aun sin la capacidad hospitalaria, sin las pruebas suficientes para revisar a la población y asilarla en caso de contagios, y ya en una Fase 3, en Baja California el Gobierno del estado no ha intensificado las medidas sociales para evitar la dispersión del virus que como se prevé será de consecuencias fatales. Persisten en la sana distancia y en una cuarentena que nada más no ha permeado, además de cierres a discreción y comparaciones absurdas como “demostrar” qué hay más muertos por enfermedades cardiacas o por cáncer que por contagio de COVID-19, y que tales casos no han parado la economía ni la vida social.

Por eso, ante la intensa movilidad de la población en el estado, particularmente en Mexicali y Tijuana, a Baja California le urgen medidas para contener en la medida de lo posible la dispersión comunitaria. No se trata solo de entregar despensas, también que el Gobierno ayude estableciendo las condiciones sociales, de seguridad, de salud y económicas, para quedarse en casa. Si los hospitales ya están rebasados, sería momento de aislar a la población para disminuir los contagios. A ver cuándo.

Adela Navarro Bello

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