Pablo Andujo
@Sinfronteras_1

La situación de emergencia en la que nos encontramos a nivel mundial, obliga que los gobiernos deben emplear estrategias y mecanismos para evitar la transmisión y propagación del virus COVID-19 y así, evitar pérdidas humanas y el colapso los sistemas de salud.

Es importante que los Estados generen políticas públicas para los sectores más vulnerables de la población, que no cuentan con acceso al sistema de salud, al mercado laboral y a la vivienda, por consiguiente, está es más propensa a no contar con los medios adecuados para poder prevenir el contagio del virus.

México es considerado como país donde aparecen las cuatro facetas de la migración (destino, origen retorno y tránsito), por tanto el Gobierno debe generar programas especiales para los migrantes y sujetos de protección internacional que se encuentran en el país, desde una perspectiva de protección de sus derechos humanos y garantizar el acceso a sus derechos.

Uno de los sectores más afectados, ante esta situación de emergencia sanitaria son aquellos migrantes y personas refugiadas que se encuentran detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, ya que según reportes y visitas que han dado las organizaciones de la sociedad civil, las condiciones en las que se vive en estás instalaciones son de hacinamiento e insalubridad. Según los testimonios de migrantes se les limita el acceso a revisiones médicas y medicamentos.1

Debido a lo señalado y al miedo de contraer el virus, sumando la incertidumbre que genera la falta de un debido proceso y el incumplimiento de los términos y plazos que tiene el Instituto Nacional de Migración para resolver la situación de cada persona en situación de detención migratoria, se han generado los últimos días lamentables hechos, en donde grupos de migrantes han intentado escapar de las estaciones migratoria por medios que ponen en riesgo su integridad y vida.

El 31 de marzo de 2020 en la estación migratoria de Tenosique se originó un incendio que según las fuentes oficiales fue causado por migrantes, los cuales en su desesperación de salir de la estación quemaron colchones, lo cual provocó que el fuego se saliera de control generando decenas de heridos y la muerte de un solicitante de la condición de refugiado de origen guatemalteco, el cual se encontraba detenido junto con su familia en la Estación.

Este hecho provocó la movilización de las Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de denunciar las condiciones en las que se encuentran las personas en detención y exigir la liberación inmediata de personas migrantes y sujetas de protección ante la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Es importante resaltar que durante los últimos años las Organizaciones de Sociedad Civil que protegen los derechos de migrantes y refugiados han luchado para eliminar la detención migratoria, ya que durante la detención los migrantes son víctimas de la vulneración de sus derechos y de abusos por parte de la autoridad Migratoria, además de contravenir los más altos estándares de derechos humanos y recomendaciones de organismos internacionales.

Días anteriores a este lamentable acontecimiento, Michelle Bachelet, Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, manifestó su preocupación por la llegada del virus en lugares de detención. Por tanto, solicitó reducir la población carcelaria con la finalidad de bajar los factores de riesgo. Señaló que mantener reos en detención durante la crisis del COVID 19 conlleva un riesgo a su salud y a la salud pública y debería de ser una medida de último recurso.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) propuso una Estrategia Global: alternativas a la detención 2014-2019, con la finalidad de ayudar a los gobiernos a convertir la detención de solicitantes de asilo en una práctica de excepción, en vez de ser la regla a seguir. En México, se inició el programa de Alternativas a la Detención de la mano del ACUR, gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual provee de albergues para que los solicitantes de la condición de refugiado pueden llevar su proceso en libertad. Sin embargo, no es posible la operación de dicho programa para todos los sujetos de protección internacional detenidos, debido al considerado incremento de solicitudes de asilo en los últimos años, lo cual ha provocado que los albergues no cuenten con el espacio necesario para recibir nuevos solicitantes de asilo.

Por tanto, es necesario que el Estado y Agencias Internacionales ponga especial atención a la compleja situación en la que se encuentran las personas en detención migratoria, generando las medidas necesarias para que estas personas puedan ser liberadas y cuenten con los medios para poder prevenir el contagio o contar con el acceso a la salud en caso de contraerlo.
Vale la pena conocer la labor realizada por la OIM y ACNUR en otros países, el gobierno podría solicitar el apoyo de estos organismos para implementar apoyos para la creación de zonas seguras como hoteles para que las personas migrantes y sujetas de protección internacional que se encuentran en detención migratoria puedan llevar sus procedimientos de asilo o migratorios en mejores condiciones y así evitar el hacinamiento, lo cual los vuelve propensos a la propagación del virus.

Es importante recordar que el migrar no es un delito y no debe ser castigado, es una necesidad, es para sobrevivir, el migrar es de valientes y en esta situación de emergencia sanitaria es importante que por el bien de todos, cada personas cuente con los recursos para poder confrontar la crisis.

1 La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público., Sin Fronteras, Así Legal, Fundar, 2019.

Sin Fronteras

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