Por Anaid García Tobón*

Ante la contingencia sanitaria por el Covid19, el Presidente de la República ha anunciado como medidas para apoyar a población vulnerable el adelanto de cuatro meses del monto de ayuda para adultos mayores y personas con discapacidad con el fin de reducir el impacto económico en estos sectores de la población.

Pero, ¿qué relevancia han tomado este tipo de instrumentos recientemente? Con la llegada del nuevo Gobierno en 2018, se ha intentado redistribuir la riqueza a través de dos acciones: el aumento paulatino del salario mínimo y las transferencias monetarias, mejor conocidas como subsidios, a través de nuevos programas sociales.

Respecto a este segundo punto, es importante notar que el nuevo gobierno desapareció y/o modificó algunos de los programas sociales existentes, que contaban con reglas de operación, para dar paso a nuevos. A partir de ahí, observamos un incremento importante en los programas sociales basados en transferencias monetarias en el presupuesto 2019 que abarcan la universalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, y la creación de programas nuevos como: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Tan solo para los mencionados programas en 2019 se aprobaron 190 mil 653 mdp y para el 2020, 226 mil mdp -cifras en términos reales- lo que significa un incremento de 18.54 por ciento.

Dichos subsidios, han sido pensados como remedios para combatir la desigualdad. Sin embargo, desde que fueron creados, hubo elementos problemáticos dentro de su operación y diseño como: la opacidad en la forma en que se levantó el Censo de Bienestar –mediante el cual se hizo la base de personas beneficiarias– ya que aún se carece de información pública como la metodología y elementos que dieran cuenta de las entidades, los municipios y localidades donde se llevó a cabo la recopilación de información.

Otro de los aspectos que han sido cuestionados es la figura de los servidores de la nación que, en un inicio, fueron personas voluntarias que recabaron información sobre los futuros beneficiarios y ahora forman parte del personal de la Secretaría del Bienestar y que son señalados como promotores de la imagen presidencial con fines clientelares.

El nuevo Gobierno también se propuso eliminar, en la medida de lo posible, a los intermediarios de los programas sociales y entregar apoyos directos para combatir la corrupción. Anteriormente existían delegados por cada dependencia y por cada programa y a su vez, por lo menos tres tipos de intermediarios: organizaciones sociales, operadores políticos y los operadores de los programas. En su lugar, el nuevo mandatario nombró a un Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, 32 delegados regionales y 266 regionales que a su vez coordinan a más de 19 mil servidores de la nación.

No obstante, el cambio de estructura operativa no logra por sí mismo eliminar los riesgos de corrupción, ya que –como se señaló – estos programas no contaron, desde su inicio, con reglas de operación o esquemas de transparencia y rendición de cuentas respecto a su diseño y operación. Para muestra, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha habido denuncias de centros de trabajo que piden un beneficio económico a los becarios o la existencia de empresas fantasma.

Por ello, desde la Alianza para el Gobierno Abierto, un espacio de co-creación de alto nivel entre organizaciones de la sociedad civil como Gesoc, Transparencia Mexicana, Ethos y Fundar en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) establecimos el compromiso “Gasto abierto y responsable en programas sociales” con los objetivos de:

1. Identificar la trazabilidad del gasto público.
2. Detectar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables actos de corrupción e,
3. Iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades.

La finalidad de este compromiso es darle seguimiento al gasto público ejercido por el gobierno federal en programas sociales desde su origen hasta su destino para con ello combatir la corrupción, así como mejorar el diseño y la implementación de estos programas.

Las decisiones de política pública que toma el Gobierno tienen costos de oportunidad, es decir, la toma de una decisión significa que se sacrificó otra alternativa que pudo ser mejor. Si la apuesta del gobierno para combatir la pobreza es mediante la dotación de transferencias, éstas deben ir acompañadas de controles de fiscalización y contraloría ciudadana que impidan que haya corrupción y aseguren que impactarán de manera benéfica a la ciudadanía. En tiempos en los que México enfrentará los retos de una pandemia como el Covid-19, se vuelve aún más importante asegurar que los programas sociales funcionen adecuadamente, ya que son el mecanismo por el que el gobierno está apostando para ayudar a grandes sectores de población.

* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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