Sin duda, en esta administración, se ha presentado un cambio en el poder Legislativo y en el Ejecutivo. No puede decirse lo mismo del Poder Judicial.

El amparo del sector empresarial, porque así debe describirse al amparo de CONCAMIN, contra la publicación del nuevo etiquetado, busca la suspensión de la publicación de las respuestas a los más de 5 mil comentarios que se presentaron en la consulta pública. La publicación de las respuestas a los comentarios es condición para publicar, en un periodo máximo de 15 días hábiles, la modificación a la norma 051 que contiene el nuevo etiquetado.

¿Por qué busca la industria suspender esta publicación? Sin duda, porque se expondría públicamente la evidencia científica que da sustento al nuevo etiquetado.

Por todos los medios, la industria buscará que ni estas respuestas, ni las actas de las sesiones del grupo de trabajo, firmadas por representantes de las empresas, en las que se da constancia  que se llegó a consensos en 175 numerales de 176, entre todos los sectores, sean hechas públicas.

El sector empresarial de las bebidas y alimentos ultraprocesados nunca enfrentó un proceso de normalización tan transparente y democrático. Acostumbrado a haber impuesto en 2014 un etiquetado a su gusto, sabiendo que no era entendible por la población; teniendo a su servicio, durante la administración de Peña Nieto, a la Secretaria de Salud, a Cofepris, a la Secretaria de Educación y, por supuesto, a la Secretaria de Economía, las grandes corporaciones desconocían ya lo que era un proceso democrático de normalización.

El proceso quedó registrado en actas firmadas por todos los sectores. Se avanzó en varios acuerdos, se formaron subgrupos para avanzar en temas de discusión que se presentaban al conjunto del grupo de trabajo. En varias ocasiones, los acuerdos fueron aplaudidos por todos los sectores.

Ante la referencia que se realizó en el pleno del grupo de trabajo a declaraciones de los líderes de las cámaras empresariales en el sentido que no eran escuchados durante estos trabajos, varios representantes de éstas cámaras empresariales tomaron la voz y reconocieron que no era así y que les había dado la participación requerida.

Es fundamental que la lista de asistencia a las sesiones del grupo de trabajo y las actas firmadas se hagan públicas. De existir grabaciones de estas sesiones, que al parecer si las hay, deben hacerse públicas.

Como puede verse, ante el amparo de CONCAMIN, qué busca la suspensión definitiva de la publicación del nuevo etiquetado, el Poder Judicial ha tenido todas las posibilidades de revisar los documentos que confirman que el procedimiento que se siguió para establecer el nuevo etiquetados fue totalmente transparente y democrático.

En la nueva norma de etiquetado han coincidido los organismos de Naciones Unidas, las principales instituciones académicas del país (UNAM, IPN, UAM), los institutos de salud, las entidades gubernamentales (SS, COFEPRIS, SE, PROFECO) y las redes de organizaciones civiles trabajando en salud (Alianza por la salud Alimentaria, Contrapeso). De hecho, los representantes de la industria llegaron a acuerdos con todos estos sectores. Quienes no llegaron a acuerdo fueron los líderes de las cámaras empresariales.

Y esta historia ya la hemos visto, son los mismos que se opusieron a la regulación de alimentos en las escuelas diciendo que eran anticonstitucionales, se opusieron a las recomendaciones sobre bebidas, se opusieron a una verdadera regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños.

Se han opuesto a todas las políticas que afectan sus intereses, convirtiéndose en el principal obstáculo para combatirla epidemia de obesidad y sus nefastas consecuencias. Convirtieron nuestro país en el imperio de la comida chatarra y las bebidas azucaradas.

El poder legislativo logró sortear fuertes presiones para reformar la Ley General de Salud y establecer un etiquetado frontal de advertencia, el Poder Ejecutivo, en una unidad sin precedente, logró impulsar la modificación de la norma de etiquetado. Ahora queda ver el papel del Poder Judicial.

Si hace 6 años se hubiera establecido un etiquetado frontal de advertencia, como el que ahora se ha aprobado, sin duda, veríamos ya resultados importantes, al menos en la mejora de los hábitos alimentarios de nuestros niños y, posiblemente, ya no diríamos que se espera que uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida.

Las decisiones que no se tomaron en el pasado y las que no se tomen hoy, significarán más enfermedad y muerte, en un país que desde hace 4 años declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, en el que cada hora mueren alrededor de 22 personas por el deterioro de nuestra alimentación.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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