La semana pasada, en el Congreso del Estado en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el juicio de procedencia del desafuero de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, a quien se le investiga por posibles actos ilícitos.

Un juicio de esta naturaleza es una verdadera novedad y quienes participamos en él, constituidos como jurado de procedencia, enfrentamos serios obstáculos al aplicar este procedimiento que es, según descubrimos luego de terminar las discusiones a favor y en contra y someterlo a votación, extremadamente sencillo y cuyo único objetivo es acercar a la justicia a funcionarios que por su trabajo gozan de la protección constitucional del fuero.

La Ley de juicio político de Chihuahua establece una comisión jurisdiccional, encargada de revisar en primera instancia la solicitud de procedencia del desafuero de un funcionario en particular hecha por la Fiscalía General del Estado; después de analizar esta solicitud y escuchar la defensa del señalado, la comisión entonces prepara su dictamen, que se somete a discusión y consideración del pleno del Congreso constituido en jurado, es decir, en un tribunal especial establecido para resolver sobre la procedencia del desafuero.

El pleno del Congreso puede estar o no de acuerdo con el dictamen, una mera opinión no vinculante, y votar con total libertad para mantener o retirar el fuero del funcionario; en caso de retirársele, el señalado comparecerá primero ante la Fiscalía y después, de ser judicializado el caso, ante el juez conservando siempre sus derechos fundamentales, sobre todo los derechos a la presunción de inocencia y de debido proceso.

Retirar el fuero a un funcionario no implica otra cosa más que convertirlo en un ciudadano común, con las mismas obligaciones y responsabilidades, ante la ley, y convendría recurrir más a ello porque no debe existir gran diferencia entre un funcionario y un ciudadano a la hora de enfrentar un proceso penal.

Al llevar a la práctica este proceso por primera vez en mucho tiempo, nos sorprendió la estrategia de los abogados defensores, que trataban de evitar profundizar en la cuestión en proceso; el equipo del señalado armó todo un espectáculo, como si se estuviera discutiendo frente al juez la sentencia definitiva del caso, prolongando las discusiones de la Comisión Jurisdiccional durante tres días y perdiendo de vista el objetivo del juicio de procedencia, discutiéndolo como si se le fuese a declarar culpable o inocente.

Pero no había nada más alejado de la realidad jurídica que se discutía, pues sólo se necesitaba analizar si existía una investigación en contra del funcionario, y si ésta estaba justificada; en este tipo de asuntos sólo se trata de advertir si la investigación se sostiene por sí misma o si es un caso de persecución política o de abuso de poder en contra del señalado por cuestiones ideológicas o partidistas.

El fuero existe para proteger a los funcionarios de ser perseguidos por el Poder Ejecutivo, es un recurso para evitar presiones indebidas del Poder Judicial o algún representante popular, y lo que se debe discutir en un juicio de procedencia es, pues, si se trata de una persecución excepcional o un proceso normal por un posible delito que derivaría en la apertura de una carpeta de investigación para, en el mejor de los casos, citar al funcionario a declarar al Ministerio Público, y que después un juez le dicte o niegue la orden de aprehensión.

Así es para todos los ciudadanos y no hay razón por la que no lo sea para los funcionarios; si simplemente se trata de un juicio ordinario común, por la posible comisión de un delito, se ciudadaniza al funcionario para que éste enfrente la justicia con todos los derechos que le concede la Constitución.

Lo extraño de estos procedimientos es que en México, un país con corrupción gubernamental desenfrenada, sean juicios tan extraños y novedosos cuando deberían ser frecuentes y cotidianos.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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