Esta semana en Londres inició en la Corte de Woolwich el juicio de extradición contra Julián Assange, el fundador de la organización mediática WikiLeaks, a quien lo reclama el gobierno estadounidense por espionaje al haber divulgado en 2010-11 documentos secretos sobre la guerra de Irak y Afganistán, detenciones extrajudiciales en la bahía de Guantánamo y cables diplomáticos que exhibían la violación de los derechos humanos en varias partes del mundo.

Recordemos que primero se le detuvo por una supuesta violación a una chica sueca que le provocó un arresto domiciliario y más tarde al ver la intención de fondo, pasó a la sede de la Embajada de Ecuador, que le ofreció asilo, pero nunca se le permitió salir del inmueble diplomático para tomar un vuelo que lo llevara a Quito. Ahí, permanecería hasta 2019, cuando el nuevo gobierno ecuatoriano le retiró el ofrecimiento siendo de esta forma detenido y llevado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

El caso desde el inició abrió una discusión internacional alrededor del derecho a la información y si la actividad de WikiLeaks podría ser considerada periodística, cuando se estaba juzgando lo sustantivo del periodismo que es generar información de interés público. Aunque formalmente WikiLeaks no es una empresa periodística está a la vista que ha hecho un trabajo que realizan cotidianamente los medios de comunicación del calibre de The New York Times, The Washington Post, Le Monde, The Guardian, La Vanguardia o el diario digital SinEmbargo.

Para el Gobierno estadounidense la actividad de WikiLeaks se inscribe en la figura prevista en la Espionage Act 1917 y como tal debe ser juzgado el fundador en sus tribunales y sin derecho, por ser extranjero, a las garantías que ofrece la primera enmienda constitucional que garantiza la libertad de expresión.

Quizá, por eso, cuándo la defensa señaló que la actuación de Assange es periodística se respondió que no es sino un “servicio de inteligencia no estatal”, es decir, distingue entre las empresas estatales que por ley garantizan la libertad de expresión y aquellas de nuevo cuño tecnológico que hacen exactamente lo mismo. O sea, en esa lógica entre una figura y otra existiría un vacío que distingue entre empresas distintas que generan información equiparable.

Y, justamente, es ahí donde radica la importancia de este juicio que pone en el banquillo de los acusados no solo al ciudadano australiano Julián Assange, sino el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

Si la Corte londinense de Woolwich resuelve que el fundador de WikiLeaks debe ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por el delito de espionaje estará en clave sustantiva del acta de 1917 y el derecho a la información, tendrá un retroceso al solo reconocérsele a los periodistas y medios de comunicación convencionales.

En cambio, si esa misma Corte resuelve que Assange no debe ser extraditado, sino puesto en libertad por haber hecho una contribución al derecho a la información, abriría la puerta para que de una vez por todas se establezca un nuevo marco para garantizar plenamente ese derecho que es un valor indispensable en toda democracia.

Y es que el periodismo ha venido cambiando vertiginosamente de manera que hoy cualquier ciudadano con un smartphone en mano puede generar información valiosa sobre un evento que ocurre en cualquier momento, pero, también, gracias a las tecnologías de última generación es posible tener acceso a información de gobiernos y empresas que debe ser conocida por los ciudadanos para una mejor toma de decisiones.

Robert Dahl, uno de los politólogos más reconocidos del mundo, señaló en una de sus obras que una democracia se mide por la calidad de la información a la que tienen acceso los ciudadanos. Y, eso, es lo que está en el fondo de la discusión jurídica y política que ya le ha arrebatado una parte de su salud al fundador de WikiLeaks quien ha tenido que sufrir por ese “grave delito” prisión, aislamiento y tortura.

Ahora bien, se ha dicho que las actividades de WikiLeaks son espionaje, sin embargo, para que lo sea es necesario que haya un país o una empresa interesada en adquirir esa información. WikiLeaks simple y llanamente hizo pública información valiosa a través de varios periódicos sobre el estado que guarda el respeto a los derechos humanos en situación de guerra.

Es decir, si la investigación que realizó WikiLeaks la hubiera generado un periodista adscrito a The New York Times u otro medio de esa envergadura, no hubiera pasado absolutamente nada, se estaría haciendo el periodismo de investigación, pero no es el caso, estamos hablando de acuerdo con la parte acusadora de un “servicio de inteligencia no estatal” un medio no convencional que desafió los controles estadounidenses.

Si la Corte londinense resuelve en contra de Assange estará haciéndolo en contra del futuro del periodismo que en lo sucesivo estaría acotado por este tipo de sentencia y en esa lógica, cómo nunca, estaría en juego la libertad de expresión.

No es casual que mientras la parte acusadora señala que “el periodismo no puede ser utilizado como excusa para violar la ley”, la defensa sostenga que las acusaciones de espionaje y fraude informático están “políticamente motivadas”. Vea si no: de acuerdo con el abogado Edward Fitzgerald: el Gobierno de Barack Obama en 2017 decidió no acusar a Julián Assange por el precedente que representaba para la libertad de prensa y eso inmediatamente provocó que se reabriera el caso, además, Assange durante años fue espiado por una empresa española en su larga estadía en la embajada ecuatoriana. Incluso, sostiene que Donald Trump ofreció el indulto a cambio de no implicarlo en la filtración de correos electrónicos que termino perjudicando electoralmente a su rival la demócrata Hilary Clinton.

En definitiva, se trata de generar un precedente legal para este tipo de iniciativas que han roto los canales tradicionales de generación de información pública y que han puesto en el centro el derecho a saber, a estar informado, para una mejor toma de decisiones.

La gente se manifestó por miles en el inicio del juicio por considerarlo un abuso del poder estadounidense y reclaman que los jueces se comporten con absoluta independencia haciendo valer el valor de la libertad tan preciado en el espíritu de la Unión Europea y en particular para una de las cunas de la democracia europea.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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