Por Edmundo del Pozo*

La agenda de los derechos de los pueblos indígenas ha quedado relegada en los más de treinta años del Convenio 169 de la OIT a la cuestión de la consulta previa y cuando más del consentimiento libre e informado. El contexto de la globalización económica neoliberal fue determinante en esto, ya que, en el debate internacional entre estados, empresas y movimientos indígenas, dado al calor de la construcción del Convenio, el mayor punto de consenso para no detener el pujante “desarrollo” económico a costa de las comunidades fue el derecho a la consulta. Este parecía devenir en la herramienta idónea al capital, a la vez que resultaba el mayor límite posible que podía ponerse en aquel entonces para impedir el despojo desenfrenado sobre los territorios indígenas.

Sin embargo, la agenda central de los pueblos nunca ha sido la consulta, aunque ese sea el espejismo que nos han presentado. Sus reivindicaciones de fondo son por el respeto a su libre determinación y autonomía, a sus tierras y territorios, y por tanto a decidir sus formas de vida y desarrollo. Hasta hoy esa es la agenda dura, la que ha costado sangre en las comunidades para defenderse frente a megaproyectos o para organizarse bajo sus propias formas de Gobierno ante las múltiples expresiones de criminalidad y represión estatal que se viven en los territorios. A pesar de esta realidad indiscutible, las batallas en tribunales, los informes de los organismos internacionales y las demandas de organizaciones (indígenas, campesinas y de la sociedad civil) terminan en no pocas ocasiones atoradas en la consulta, como si todo se jugará en el terreno de los procedimientos del diálogo, mientras a la postre se les imponen a las comunidades, los proyectos de “buena fe”.

En este sentido, el caso mexicano resulta paradójico, ¿por qué viniendo de un episodio histórico, relativamente reciente, como fue el levantamiento zapatista del EZLN, que sacudió al país y plasmó la centralidad de la autonomía indígena en los Acuerdos de San Andrés, a la postre incorporada -con todo y sus defectos- en el texto constitucional, se sigue repitiendo este mismo patrón? Sin dudas, algún papel ha jugado la imposición del modelo neoliberal en las últimas décadas al que la consulta es tan funcional. Para muestra: la regulación de este derecho en la Reforma Energética de Peña Nieto, presentada como un logro en la materia, aunque algunas de las consultas derivadas de esta legislación privatizadora terminaron siendo desastrosas, como sucedió en los casos del pueblo Zapoteca, Totonaco y Zoque. Por otra parte, se explica por el avance, durante este mismo periodo de neoliberalismo, de fallos “paradigmáticos” de la SCJN que terminaron orillando a los pueblos a consultas fallidas, como los casos de la Tribu Yaqui y el pueblo Maya.

Frente a este contexto de simulación de consultas, funcional al proyecto extractivista y depredador, ¿merece la pena seguirla reivindicando en tiempos de la 4T? Si bien es cierto, que la actual administración ha parado la ola de privatizaciones en el sector energético y minero, aún mantiene una apuesta por grandes proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o la Refinería de Dos Bocas que, sin entrar al debate sobre sus posibles beneficios sociales, profundiza el mapa dramático de conflictos socioambientales y violaciones a derechos de las comunidades que se ha venido acumulando por décadas. Ante este escenario, en lugar de repetir las viejas respuestas para exigir mejores consultas, es posible que deba subirse un peldaño en términos de hacer valer de forma directa la libre determinación, la autonomía y derecho al territorio. Claro está, la confusión generada por el propio ejecutivo, en la que conviven consulta popular y consulta indígena, hace parecer que toca salir en defensa de esta última para distinguirla de la otra y denunciar su violación, como ha sucedido en las demandas judiciales del Tren Maya. Pero cuidado, podemos irnos con la finta de nueva cuenta, en lugar de repensar las estrategias con los pueblos en resistencia. Para este propósito, devolver la centralidad a la agenda de la autonomía indígena resulta imponderable. No contribuyamos a desplazar la forma por el fondo, sin ignorar que el método de la consulta como vehículo de dialogo del Estado con los pueblos es relevante pero no exclusivo, y puede conducir, como la experiencia previa ha demostrado, al destino de las falsas consultas.

Para dar cauce a esta exigencia el propio Gobierno pareció ofrecer una oportunidad única, al impulsar desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) una propuesta de reforma constitucional que busca rescatar los pendientes de San Andrés, dando mayor peso a la autonomía comunitaria y de municipios indígenas. No sin razón, el debate en torno a la reforma volvió a trabarse en la consulta por no ajustarse a los estándares internacionales establecidos. Por otra parte, la propuesta parece haberse quedado en la congeladora porque el INPI aun no la presenta al Congreso, a pesar de contar con un nutrido respaldo de comunidades obtenido en más de 50 foros realizados a lo largo del país el pasado año. En contraste, lo que sí es de domino público es la iniciativa promovida por la Diputada Indígena de Morena, Irma Juan Carlos, para una ley general de consulta indígena. Su propuesta se nutre de la agenda del movimiento campesino CNPA MN que ha venido apostando en esta dirección en los últimos años. Sin embargo, este tipo de acciones no ha sido la mejor vía para empujar la agenda de derechos de los pueblos en la región.

Con ello, la consulta se continúa robando la escena mientras la reforma de autonomía indígena no avanza y las leyes neoliberales que favorecen el despojo siguen intactas, tales como la minera y del sector energético. Si quiere corregirse el rumbo debe darse un giro estratégico centrado en el fortalecimiento de los procesos autonómicos de base, a la par que se avanza en la reforma de marcos legales que posibiliten un ejercicio efectivo de la libre determinación. Por ahí están los caminos que deberíamos transitar bajo el mandato de los pueblos.

*Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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