Veamos, los delitos continuados que habría cometido Genaro García Luna fueron en México al amparo del encargo institucional que tenía en la Secretaria de Seguridad Pública y por la información al alcance tendría que pagar los delitos de origen aquí y otros por extensión en los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, el Presidente en una sorprendente declaración ha dicho que en México no se abrirá expediente alguno en contra de García Luna para que no se piense que hay “motivación política”, y es sorprendente porque no se trata de que se piense o no sobre el personaje en entredicho, sino por que en sentido estricto en ese pronunciamiento el Presidente interfiere en la actuación del Poder Judicial que es la instancia que debe decidir sobre el destino de este tipo de delincuentes de cuello blanco, lo otro sugiere impunidad, independientemente de la vestimenta que se le quiera poner.

A García Luna se le han abierto causas penales en los juzgados estadounidenses, por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y haber caído en falsedad ante la autoridad para obtener su residencia permanente.

Y, sorprende, que durante el Gobierno de Peña Nieto, no se haya abierto ninguna carpeta de investigación, lo que podría estar hablando del tipo de arreglos que había en los gobiernos del llamado PRIAN y que, hoy salen a la luz, y no hay razón para que el Presidente salga a dar una suerte de perdón anticipado cuando lo que corresponde es el cumplimiento de la máxima de: “nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley”.

AMLO, no es la primera vez que cae en estos excesos en la Mañanera, en una dialéctica extraña porque por un lado acusa a los miembros de la “mafia del poder” de haber extendido la corrupción y haberle dejado un cochinero a su administración y por el otro, nos lo toca, no aporta elementos al Poder Judicial para que se abran procedimientos en contra de quienes presuntamente son culpables.

Basta ver que no hay nada que persiga a los Salinas, los Peña Nieto, los Fox y el entorno de Calderón, más allá de una repasada de vez en vez en las mañaneras, pero salvo el caso polémico de Rosario Robles ningún funcionario de primer nivel está purgando cárcel y eso parece que será uno de los negativos al menos de este año.

Se que la teoría recomienda que al iniciar un nuevo Gobierno cerrar el pasado para no quedar enredado en él y destinar los mejores esfuerzos para arreglar en condiciones de recursos escasos los problemas de un país, sin embargo, el pasado nos está alcanzando al otro lado de la frontera norte, nos está diciendo lo que no hemos hecho y lo que debiéramos hacer de lo contrario los vacíos se llenan en Washington.

Y con cada actuación de los tribunales estadounidenses, se ven las insuficiencias de los nuestros, se identifican los reumas de nuestro sistema político, lo que no se hizo, lo que no se está haciendo, y hasta lo que no se quiere hacer, sobre todo en materia de seguridad pública y eso no se puede postergar, esperar lo que nos caiga desde aquel lado de la frontera que exhibe la fragilidad del discurso oficial.

Afortunadamente, hay funcionarios que están lejos de la retórica presidencial es el caso de Santiago Nieto, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ha dicho que abrirán un expediente de investigación a García Luna no por lo que se le detiene, ni por las acusaciones en los tribunales estadounidenses, sino por una transferencia de mil 200 millones que se hicieron a las cuentas personales del hoy detenido y un familiar desconocido hasta hoy.

Y a propósito Diego Fernández de Cevallos en una entrevista que ofreció esta semana a los periodistas Álvaro Delgado y a Alejandro Páez, les dijo que no ve a García Luna recibiendo dinero del narco sino desviándolo desde el Gobierno y que los señalamientos que se hacen en Estados Unidos solo servían para atacar a Felipe Calderón. O sea, en su lógica, desdeña las pruebas que se ofrecen en Estados Unidos porque “vienen de un delincuente”, que dicho de paso ese delincuente El Rey Zambada tuvo bajo su control el trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México durante el Gobierno de Felipe Calderón, y sólo acepta el desvío de recursos públicos hacia cuentas privadas, lo que niega de tajo las investigaciones que se han hecho desde el periodismo y las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Cierto, hay que esperar el proceso judicial, pero por los indicios todo va a que seguirá el camino de Joaquín El Chapo Guzmán que lo terminara llevando a una cárcel máxima seguridad y en el caso de la investigación de Santiago Nieto, seguramente arrojara información valiosa sobre la permisividad de Felipe Calderón y eso podría tener como desenlace que se exhiban sus responsabilidades y de varios de su equipo de Gobierno y esto pudiera parar en el penal de Almoloya de Juárez salvo que no se le ocurra interferir a nuestro Presidente.

Y es que al Gobierno no se le ocurre iniciar algún procedimiento en contra de Felipe Calderón y su tontería de “no sabía nada por lo que se le implica a García Luna en Estados Unidos”, en sistemas presidenciales cuasi absolutos como el mexicano, la responsabilidad política es del Presidente, y por ello debe responder sobre sus encargos institucionales y sobre todo por las consecuencias en las decenas de miles de vidas perdidas en la llamada “guerra contra el narco”. Y hoy sabemos que podría haber servido era para favorecer al Cártel de Sinaloa o con quien hiciera tratos este señor hoy preso en Nueva York.

Así que la ruta esta trazada y si queremos realmente empezar a destruir la narcopolítica y su corrupción hay materia a la vista y hacer lo que han hecho otros gobiernos en momentos crepusculares, cómo sucedió en la Italia del juez Giovanni Falcone o para estar a tono con los tiempos de la espectacularización de las mafias, en Estados Unidos con lo que refleja la película El Irlandés de Martín Scorsese.

En definitiva, las circunstancias obligan a que lo político y lo mediático lo atienda el Presidente, pero lo judicial es de los jueces y magistrados, que están bajo la lupa de la opinión pública y del propio Presidente.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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