Desde el final de la dictadura, se han ido eliminando los “enclaves autoritarios” de Pinochet. La constitución de Chile fue enmendada poco a poco en más de 30 ocasiones, eliminando cada vez la mayoría de los vestigios legales de la dictadura: se abolió las secciones más explícitamente autoritarias de la constitución, se reformaron los poderes de las ramas del Gobierno, y finalmente, se sustituyó el sistema electoral binominal por un sistema de representación proporcional – aunque se mantuvieron los requisitos de mayorías extraordinarias para reformas constitucionales.
Por Felix-Anselm Van Lier
Ciudad de México, 2 de diciembre (Open Democracy).- 28 días luego del comienzo de las primeras protestas por un alza de 30 pesos (el equivalente a 0.03 GBP) a los billetes del Metro, legisladores y líderes de casi todas las facciones políticas llegaron a un acuerdo histórico con el anuncio de un referéndum para un nuevo proceso constitucional. ¿Cómo pudo un alza de 3 por ciento del precio del Metro, estremecer el fundamento de un país supuestamente estable y próspero y convertirse en una verdadera revolución constitucional?
Analistas han explicado cómo la historia de éxito macroeconómico en Chile eclipsó unas serias fracturas socioeconómicas y políticas en la sociedad chilena. Aunque la riqueza de los billonarios en Chile es casi igual que 25 por ciento del PIB del país, la clase media, que sigue creciendo, está cada vez más endeudada y lucha por mantenerse a flote frente a los altos costos de la educación parcialmente privatizada, el sistema de salud, rentas y utilidades, y las pensiones precarias e inestables.
Otros han destacado las fallas políticas en el país: el poder político está muy concentrado entre las élites económicas, lo que crea en los chilenos una sensación generalizada de enajenación política. La desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones creció debido al bloqueo en el congreso y a los escándalos de corrupción en todo el espectro político.
Las protestas actuales son el producto de un antiguo descontento. Las tensiones han estado latentes por años. Durante la pasada década, ha habido manifestaciones recurrentes a causa de frustraciones en diferentes aspectos de desigualdad, salud, pensiones, educación y otros asuntos. La consigna de los manifestantes en la “revolución de los 30 pesos” en Chile, como se le ha llamado, es que “no es por 30 pesos, sino por 30 años de abuso del poder”.
En el principio, las protestas eran en contra de la Constitución de 1980, con la que Pinochet cimentó un modelo político-económico basado en el mercado dentro del sistema económico del país. En efecto, muchos de los desbalances socioeconómicos y políticos en Chile se desprenden de esta Constitución.
LA GRAN SOMBRA DE PINOCHET
Probablemente, el acuerdo entre Pinochet y la oposición para mantener la constitución de 1980 – aunque con enmiendas – fue el fundamento para la aclamada democratización pacífica de Chile en 1990 y el garante de la estabilidad y prosperidad en el mediano plazo. Pero, la constitución también impedía una transformación estructural de los éxitos económicos del país en un estado de bienestar basado en la distribución. Además de limitar el desarrollo a largo plazo de una democracia en pleno derecho.
El arquitecto de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, construyó regulaciones y normas legales e institucionales que consolidaron la visión política del régimen neoliberal socioeconómico más allá del final de la dictadura.
Algunos de los más importantes “enclaves autoritarios” fueron el sistema electoral binominal que efectivamente creó un sistema bipartidista.Por mucho tiempo, este fue dominado por coaliciones de centroizquierda y centroderecha y excluía a partidos de minoría de la participación política; además, varios requisitos de mayorías extraordinarias y alto quórum para enmendar la constitución y sus “leyes orgánicas”, en asuntos relacionados al sistema de educación, el sistema electoral y el Tribunal Constitucional, otorgando de facto un poder de veto a una minoría política (que incluye los herederos políticos de la dictadura); finalmente, el Tribunal Constitucional, predominantemente conservador, fue investido con poderes de gran alcance, incluyendo el poder de descartar medidas legislativas que considere inconstitucionales de forma preventiva, mientras estas son discutidas en el Congreso.
Aunque se mantuvieron los requisitos de mayorías extraordinarias para reformas constitucionales.
Estas provisiones fomentaron la “política de los acuerdos”: la búsqueda de consenso entre centroderecha y centroizquierda que caracterizó la toma de decisiones post-Pinochet. Las reformas políticas no se discutían a través de deliberación participativa, elecciones, o debates legislativos, sino a través de negociaciones a puertas cerradas entre las elites políticas. Este sistema trajo consigo estabilidad política pero a la expensa de la representación democrática y reformas socioeconómicas fundamentales.
Desde el final de la dictadura, se han ido eliminando los “enclaves autoritarios” de Pinochet. La constitución de Chile fue enmendada poco a poco en más de 30 ocasiones, eliminando cada vez la mayoría de los vestigios legales de la dictadura: se abolió las secciones más explícitamente autoritarias de la constitución, se reformaron los poderes de las ramas del Gobierno, y finalmente, se sustituyó el sistema electoral binominal por un sistema de representación proporcional – aunque se mantuvieron los requisitos de mayorías extraordinarias para reformas constitucionales.
Mientras que estas reformas cambiaron sustancialmente la estructura de la constitución, se lograron con una mínima participación pública y fueron el producto de negociaciones de alto nivel entre la elite política tradicional. Como resultado, las instituciones políticas eran más conservadores que la sociedad chilena y varias reformas socioeconómicas (reformas fiscales, reformas educativas, etcétera) nunca atendieron los problemas reales de la población. No es sorpresa que la constitución nunca ganó mayor legitimidad en el lente del ojo público. Muchos chilenos aún la consideran como la “constitución de Pinochet.”
INTENTO FALLIDO DE TRANSFORMACIÓN CONSTITUCIONAL DE BACHELET
Desde el 2006, el ambiente político ha sido cada vez menos simpático con la fuerte tendencia de que las políticas de la transición beneficien la estabilidad política y el crecimiento económico, antes que atender los conflictos distributivos y las necesidades sociales. Previo a las elecciones presidenciales del 2013, un movimiento animó a los votantes a marcar en sus papeletas “AC” (Asamblea Constituyente), en señal de su reclamo para que se instituye una asamblea constituyente fuera del marco institucional existente para redactar una nueva constitución. Cerca de 1 de cada 10 votantes, marcaron sus papeletas de esta manera.
La Presidenta Michelle Bachelet ganó las elecciones y asumió el mando con una coalición de centroizquierda llamada la Nueva Mayoría, con la aspiración de eliminar no solo el modelo político económico (e.g.: reformas fiscales y educativas), sino también queriendo abordar los últimos remanentes del legado institucional de la dictadura. En 2015, Bachelet anunció un proceso constitucional ambicioso, participativo e inclusivo para sustituir la constitución de 1980.
Por primera vez, los ciudadanos chilenos estaban directamente involucrados en una reforma nacional a través de un proceso innovador, que incluía asambleas ciudadanas en toda la nación mediante encuentros locales autoconvocados o cabildos.
Sin embargo, el proceso se encontró frente a la pared de las costumbres políticas que habían marcado la política chilena desde la transición. Generalmente, los políticos conservadores y de derecha dudaban de la necesidad de un cambio constitucional, destacando que casi todos los “enclaves” de Pinochet habían sido erradicados. En la ausencia de algún acuerdo entre los partidos sobre el mecanismo de enmienda constitucional (e.g.: a través de asamblea constituyente, o en el parlamento), los políticos de centroizquierda no vieron una oportunidad realista para superar las barreras constitucionales de las mayorías extraordinarias. Finalmente, el impulso de reforma constitucional se debilitó cuando – en evidente contraste al proceso amplio y público que comenzó el proceso – el texto final se redactó a puertas cerradas.
Líderes políticos de todos los sectores se sintieron enajenados del proceso y lo llamaron una “estafa”, lo que causó que muchos chilenos se sintieran decepcionados y desmotivados.
El éxito o el fracaso va a depender de la capacidad del Gobierno de traducir los disturbios sociales en un proceso de reforma constitucional significativo.
Volviendo al libreto tradicional de “grandes acuerdo”, Piñera – el sucesor conservador de Bachelet – retiro el borrador constitucional y acabó el debate de una nueva constitución. En su lugar, propuso un proceso de reforma institucional que priorice la resolución de problemas y la gobernanza efectiva sobre la representación y la consolidación democrática. El tema de cambio constitucional quedó en letargo.
MAREA DE CAMBIO CONSTITUCIONAL
Frente a los disturbios en curso, la lógica tradicional del ambiente político en Chile parece estar cambiando. Los intentos de Sebastián Piñera de apaciguar a los manifestantes con un cambio de gabinete y con promesas de reformas políticas mayores, han sido en vano. Sus cifras abismales de aprobación, el apoyo sin precedentes al cambio constitucional en un gran espectro de partidos políticos y también en ambas ramas del Gobierno, incluyendo el poder judicial, finalmente presionó al presidente Piñera a aceptar un nuevo proceso de redacción constitucional.
El éxito o el fracaso va a depender de la capacidad del Gobierno de traducir los disturbios sociales en un proceso de reforma constitucional significativo. El último intento participativo de redacción constitucional dejó una marca muy clara en los ciudadanos. Los chilenos alrededor del país y en el extranjero han retomado los cabildos, que fueron parte del proceso de redacción constitucional anterior, para discutir el posible futuro de Chile.
Además, los políticos se han dado cuenta que la tradición antigua de “grandes acuerdos” no será suficiente esta vez. En abril 2020, los chilenos votarán si desean o no una nueva constitución y qué forma tendrá el organismo constituyente – en cualquier caso, si los chilenos optan por una reforma constitucional, las negociaciones no se harán en las instituciones tradicionales, sino en una convención especial constituyente. Aunque muchos detalles del proceso aún no están definidos, y una constitución no es una panacea, las protestas han abierto una oportunidad histórica para salir de la gran sombra de Pinochet y moverse a una sociedad más equitativa.
