Ayer, Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que respaldaba la decisión del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de suspender el nombramiento como cónsul hasta que el Comité de Ética de la dependencia verifique la información sobre su presunta detención por el delito de estupro, que habría ocurrido el 6 de mayo de 2011, según publicó la periodista Dolia Estévez este martes en su columna, en SinEmbargo.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Víctor Alberto Barreras Castro, cuyo nombramiento como cónsul en Las Vegas fue pospuesto por el Canciller Marcelo Ebrard, dijo a SinEmbargo en una carta que nunca existieron pruebas en su contra en la acusación que se le hizo de presunto abuso contra una menor.
Ayer, Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que respaldaba la decisión del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de suspender el nombramiento hasta que el Comité de Ética de la dependencia verifique la información sobre su presunta detención por el delito de estupro, que habría ocurrido el 6 de mayo de 2011, según publicó la periodista Dolia Estévez este martes en su columna, en SinEmbargo.
La periodista contestó también la carta de Barreras Castro. Ambas se publican íntegras a continuación.
CARTA ÍNTEGRA DE VÍCTOR BARRERAS:
A quien corresponda:
En respuesta a la nota periodística “De agresor sexual a cónsul” publicada por la periodista Dolia Estévez, en la que se me acusa de tener antecedentes penales por el delito de estupro preciso lo siguiente:
Dejo en claro, que soy inocente, por eso no tengo antecedentes penales por ese delito ni por algún otro de ninguna naturaleza.
La acusación de que fui objeto y que se señala en la nota, se basó en acusaciones contradictorias, y se desestimó por falta de pruebas.En su momento, la menor supuestamente ofendida reconoció públicamente que jamás habíamos tenido relaciones sexuales.
Durante el tiempo que duró el proceso de investigación, personalmente colaboré con todo lo necesario para aclarar la situación, nunca estuve privado de la libertad o prófugo de la justicia, y jamás dejé mis labores profesionales. Fue un momento muy difícil, que pensé que ya había dejado atrás, supuse que bastaba con que ante los ojos de la justicia se hubiere acreditado mi inocencia, para que no tuviera ninguna otra repercusión negativa en mi vida.
Considero que es importante que prestemos atención siempre a las víctimas, sobre todo cuando se trata de violencia sexual y más si son menores de edad. Las autoridades no deben dudar de ellas y se les debe brindar todo el apoyo necesario; sin embargo es importante también que se atienda al derecho de presunción de inocencia, sobre todo cuando como en el caso que nos ocupa, los hechos fueron debidamente investigados y se determinó que no hubo responsabilidad penal de mi parte.
Los padres de la menor, quienes presentaron la denuncia poco después reconocieron que se habían equivocado, y ella había mentido. Dado que se trata de un delito que se persigue de oficio este proceso de investigación continuó un par de meses, pero precisamente por que se trata de un delito de oficio es falso que yo hubiere reparado el daño o pagado alguna cantidad para que se desistieran de la acusación.
En conclusión, no existieron pruebas en mi contra, porque los hechos de los que se me acusó, no sucedieron .
No tengo antecedentes penales, jamás he cometido delito alguno, mucho menos una agresión sexual como la que describe la nota.
Soy un ferviente creyente que la labor periodística es vital para la democracia, por lo que no recrimino el que se hagan públicos hechos controvertidos y como servidor público sé que estoy expuesto a eso, pero antes de publicar dicha nota debió haberse permitido al suscrito explicar la situación.
Es muy grave una acusación de este tipo, pero no debe ser suficiente una acusación infundada para acabar con la reputación y carrera de una persona, en mi caso yo me he dedicado a prepararme académicamente y a formar un camino de bien en mi vida, buscaré seguir en ese sentido, a pesar del daño que a mi carrera se le pueda haber provocado.
–Dr. Víctor Alberto Barreras Castro
CARTA ÍNTEGRA DE DOLIA ESTÉVEZ:
El Auto de Formal Prisión que publiqué en mi columna de ayer en este espacio informativo establece que el 6 de mayo de 2011, el juzgado cuarto de primera instancia de lo penal de Ciudad Obregón, Sonora, acusó de estupro a Víctor Alberto Barreras Castro. Consecuentemente, según el documento, se libró orden de aprehensión que se ejecutó en la misma fecha.
La publicación está amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión, opinión y prensa, consagrados en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución.
El juzgado acreditó fehacientemente los requisitos probatorios del cuerpo del delito: conducta de acción consistente en tener cópula, cópula con una menor de edad y seducción destinada a vencer su resistencia psíquica o moral para obtener la cópula con la víctima. Dicha acreditación es suficiente para que periodísticamente se publique este material.
No sólo eso. De acuerdo al documento jurídico, Olivia Castro Pérez, madre del inculpado: “manifestó la forma en que se enteró de la detención de su hijo, el cual el día miércoles doce de enero del año en curso le confesó la participación que tuvo en los presentes hechos, agregando que en el domicilio en el cual su hijo tuvo relaciones con la menor ofendida es efectivamente el que tienen en Pueblo Yaqui...”
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaria de Relaciones Exteriores al que el Canciller Marcelo Ebrard turnó el caso, es el cuerpo apropiado para dirimir este tipo de controversias. En efecto, estamos ante un dilema ético y político, no necesariamente jurídico.
La existencia de un documento tan importante como lo es un Auto de Formal Prisión y las imputaciones tan graves que allí se hacen, justifican sobradamente la publicación desde el punto de vista periodístico.
La autenticidad y validez del documento son innegables como innegable es la contundencia de las pruebas acreditadas por un juzgado contra una persona que pretende representar a México en el extranjero. La sociedad mexicana tiene derecho a conocer quién será su rostro y voz en el extranjero.
Soy periodista. No abogada. Mi deber es exhibir evidencia documental de enorme importancia para la opinión pública mexicana. Mi compromiso es dar voz a las víctimas, a mujeres indefensas acosadas y violadas diariamente por hombres poderosos sin escrúpulos. Lo seguiré haciendo con valentía, pasión y principios hasta el último día que ejerza esta noble y desafiante profesión.
–Dolia Estévez
