Internet se ha convertido en un megáfono de distintas realidades y en una fuente de información que habilita el ejercicio de libertades. Para muchas personas en el mundo y en México, tener acceso a Internet ha significado ser parte de una comunidad que atraviesa cualquier frontera, que refleja las diversas identidades y, en algunos casos, las más profundas exigencias sociales.

Internet no son solo las redes sociales, pero es cierto que la mayoría de las personas se apropian de esta a través de diversas plataformas como lo son Facebook, Twitter, YouTube o WhatsApp. También, que poco a poco, la economía offline se traslada a la economía digital derivado, sí, del potencial penetrador que puede lograr una empresa a nivel mundial, pero también de la posibilidad que tienen los usuarios de eficientar la adquisición de bienes o servicios. Las plataformas facilitan las transacciones y el intercambio de información. Finalmente, el valor de los datos utilizados para generar inteligencia digital y su monetización permite que hoy las empresas digitales puedan “garantizar” el éxito de los bienes y servicios que proveen o producen.

Así, son rápidamente más empresas digitales las que toman el lugar de aquellas locales y se convierten en preponderantes, como ha sucedido con Amazon, Uber, Airbnb, Netflix, etc. Las plataformas digitales son cada vez más importantes en la economía mundial. En 2017, el valor general de las empresas con una capitalización bursátil de más de 100 millones de dólares que operaban a través de plataformas se estimó en más de 7 billones de dólares en 2017, esto es, un 67 % más que en 2015. Google acapara alrededor del 90 % del mercado de búsquedas en Internet. Facebook representa dos tercios del mercado mundial de las plataformas de redes sociales y es la principal compañía presente en más del 90 % de las economías del mundo. Amazon presume de tener una cuota de casi el 40 % de las ventas minoristas en línea del mundo, y los Servicios Web de Amazon representan una cuota similar del mercado mundial de servicios de infraestructura en la nube 1.

El problema es que la riqueza generada por estas empresas, que además ha surgido en tiempo récord, se concentra en número reducido de personas, empresas y países. Poco a poco, aquellas empresas que han tenido la intención de competir con los gigantes tecnológicos, han sido devorados, limitando así la posibilidad de competencia.

De esta manera, las reglas de la economía mundial y nacional están cambiando con los adelantos tecnológicos y los países tienen que tomar medidas para contrarrestar los impactos que la migración de lo analógico a lo digital está generando, principalmente, en torno a la desigualdad.

Como lo advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en su Informe sobre la Economía Digital 2019, “la digitalización también ha planteado desafíos cruciales para los encargados de la formulación de políticas en países en todos los niveles de desarrollo. Aprovechar su potencial para beneficio de la mayoría, y no solo de unos pocos, requiere un pensamiento creativo y experimentación en el terreno de las políticas. También exige una cooperación mundial más estrecha para evitar que la brecha de ingresos se amplíe aún más. La inclusividad es esencial para construir una economía digital que brinde ventajas para todos.”

En este sentido, los países como el nuestro, que hasta el momento no reciben beneficios de los rendimientos de estas empresas tecnológicas buscan la forma de combatir la desigualdad a través de diversas medidas, entre ellas la fiscalización que en principio es una buena medida aunque insuficiente en el mediano y largo plazo.

En México la semana pasada se aprobó en Cámara de Diputados imponer en el paquete económico 2020 obligaciones fiscales a estas empresas por la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que sin duda es una buena noticia. Hasta cierto punto México está respondiendo a algunas de las exigencias mundiales que requiere la economía digital.

No obstante, las medidas tomadas no encuentran un balance correcto entre el combate a la desigualdad y el ejercicio de derechos con el potencial democratizador que brinda Internet, tomando en cuenta que la Cámara aprobó en el artículo 18-H que la falta de cumplimiento fiscal daría lugar al bloqueo de la plataforma para los usuarios. Ojo, con esto no estoy diciendo que no debemos fiscalizar a los gigantes tecnológicos e incluso tasar los pagos de publicidad y servicios de almacenamiento de datos -esto se eliminó del paquete económico-, pero la falta de cumplimiento de una medida fiscal no puede resultar en la violación de derechos de terceros, como lo es ejercicio de la libertad de expresión e información de los usuarios de las plataformas. La medida no es proporcional y por esto, la Cámara de Senadores, en su calidad de revisor, podría considerar medidas alternativas menos lesivas como ordenar a las instituciones del sistema financiero que intermedian las transacciones para el pago de bienes y servicios de las plataformas, que entreguen al SAT los impuestos que la ciudadanía paga, a fin de eliminar esta disposición aprobada por Diputadas y Diputados y salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión e información.

Los temas complejos y novedosos no pueden estar acompañados de respuestas fáciles pues la medicina podría terminar siendo más dañina que la enfermedad.

1 UNCTAD, Creación y Captura de Valor: Repercusiones para los países en Desarrollo, Informe sobre la economía digital 2019, 4 de septiembre de 2019, https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/der2019_overview_es.pdf

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas/

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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