La semana pasada, el académico Sergio Aguayo Quezada recibió un revés judicial en el caso de la demanda por supuesto “daño moral” en su contra interpuesta por el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en junio de 2016. Aquí, Moreira argumenta que la opinión de Aguayo en una de sus columnas dañó su “honor”, por lo que exigió al académico el pago de 10 millones de pesos para restañar sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”. Aguayo presentó sus pruebas y argumentos en un proceso complejo y tortuoso—según lo relató él mismo, describiendo los primeros seis meses de litigio como “una pesadilla”. El viernes 29 de marzo de 2019, el juez falló a su favor, concluyendo que Moreira “no acreditó su acción” y dio por válidos los argumentos del demandado.

En respuesta a la apelación que interpuso Moreira por esta decisión, magistrados de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocaron hace unos días dicha sentencia, argumentando que Aguayo sí “ha causado daño moral a la parte actora […] afectando su honor”. Además de los 10 millones de pesos, se le condena al demandado al pago de los gastos en los que incurrió el demandante en este proceso judicial, así como a la “publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su costa, en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón”, y en su cuenta personal de Twitter. Esta decisión me parece desafortunada en extremo por las causas que esbozo a continuación.

En primer lugar, y como se ha establecido por el demandado—así como por diversos analistas, estudiosos de derecho mexicano e internacional y defensores de derechos humanos y de periodistas que han opinado sobre el caso—una decisión de este tipo atenta de forma importante contra la libertad de expresión en México. Como dice la defensa de Aguayo: “Este litigio ilustra la creciente utilización de las demandas por ‘daño moral’ para acosar a periodistas”. Así, la decisión de la semana pasada a favor de Moreira, no sólo afecta a una importante voz crítica en México, sino a toda la sociedad mexicana y, sobre todo, a aquellos que desde el periodismo y los espacios de opinión en medios de comunicación hacen un contrapeso a las estructuras de poder para luchar contra la injusticia, la corrupción y la impunidad.

Mucho se ha comentado sobre la demanda de Moreira en contra de Aguayo, la cual parece ser a todas luces ilógica e inadecuada, considerando el contenido de la columna del demandado, además del hecho de que muchos otros—en diversos períodos de tiempo y en diversos medios y foros de opinión—han realizado críticas muchísimo más fuertes, vinculando a Moreira con todo tipo de delitos en caso muy particulares. Entonces, como nos preguntamos desde 2016, ¿por qué fue precisamente Aguayo a quien el exgobernador demanda por presunto “daño moral” en un momento en que las críticas no se hicieron esperar y subieron bastante de tono? Recordemos que la columna de Aguayo se escribió cuando Humberto Moreira se encontraba detenido en España.

Como lo explica el mismo Aguayo en su defensa, sus “afirmaciones tenían información sólida”. Menciona, por ejemplo, la “copia del documento empleado por la Audiencia Nacional de España para detener a Moreira” a la que tuvo acceso. Según esta información, “El político era presunto responsable de los ‘delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho’”. Esas eran acusaciones graves realizadas por un gobierno extranjero; pero no serían las únicas. Además, existían acusaciones que establecían vínculos directos del exgobernador de Coahuila con la delincuencia organizada—en particular con la organización criminal de los Zetas—en documentos de cortes federales de los Estados Unidos. Asimismo, se había ya señalado formalmente a Humberto Moreira como uno de los posibles responsables por la contratación irregular de deuda por parte del Gobierno de Coahuila por más de 32 mil millones de pesos—en una operación que se conoce popularmente como “moreirazo”.

Nada se le ha podido comprobar a Humberto Moreira en un país donde reina la impunidad. Los que estudiamos a los Zetas y a la delincuencia organizada en el noreste mexicano (y en particular en el Estado de Coahuila), hemos escuchado infinidad de historias sobre la supuesta vinculación del exgobernador a las actividades ilícitas y al crimen organizado en esta entidad mexicana. A las investigaciones formales se aúnan un sinfín de acusaciones contra Moreira que no se han podido—o querido—verificar hasta la fecha. Recordemos que el exgobernador fue absuelto en los últimos meses del sexenio de Calderón por las acusaciones de fraude en su contra y que la administración de Enrique Peña Nieto decidió no investigarlo—en incluso le brindó un gran respaldo por el caso que libraba en España en 2016.

Cabe destacar que, de acuerdo a diversos testimonios—incluso algunos de personajes que han formado parte de las altas esferas de la política mexicana, como el propio ex Presidente Felipe Calderón—Moreira brindó protección a los Zetas y facilitó su expansión dentro del estado de Coahuila. Estas acusaciones se complementan con información judicial en investigaciones realizadas—pero no confirmadas aún—por los gobiernos de México, Estados Unidos y España, las cuales se acompañan por una multitud de testimonios más informales en medios de comunicación y redes sociales. Recordemos también la muerte del hijo del exgobernador, José Eduardo Moreira Rodríguez, quien algunos especularon fue asesinado por el crimen organizado por los vínculos directos de su padre con el mismo. Considerando todo lo anterior, y estando preso en España, Aguayo emitió la siguiente opinión:

“Moreira es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

La opinión de Sergio Aguayo parece justificarse ampliamente por la multitud de testimonios, investigaciones judiciales en México y en el extranjero, y principalmente por encontrarse en ese momento preso en España. No me es posible entonces entender el origen de la demanda y muchos menos la más reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Considerando la información que es del dominio público, el momento de los hechos, y mi experiencia en los temas de delincuencia organizada y en las operaciones de la organización criminal de los Zetas en el noreste mexicano, no me sorprende la opinión expresada por Sergio Aguayo en su columna de 2016 en el diario Reforma.

No encuentro espacio alguno para considerar lo dicho por Aguayo como difamatorio. Es muy posible, como lo plantea el mismo Aguayo, que la demanda de Moreira tenga más bien que ver con la investigación coordinada por él desde su institución, El Colegio de México, “sobre las atrocidades cometidas por los Zeta en Allende y Piedras Negras, Coahuila.” Una parte del periodo que analizaría, serían “algunos de los años en que fue gobernador de aquel estado” el profesor Humberto Moreira.

No puedo imaginarme otra causa por la cual Moreira quisiera demandar a Aguayo que su posible temor ante los resultados de una investigación académica seria sobre un periodo que le compete. Tampoco puedo entender cómo es que los magistrados que integran la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hayan confirmado “por unanimidad de votos”, el daño moral hacia Humberto Moreira. Revisé las 115 páginas del documento de la sentencia y me encuentro seriamente confundida. Me enredo en una larga discusión sin coherencia ni estructura, y no logro comprender cómo es que la opinión de Aguayo en su columna de 2016 afecta el “honor” de Humberto Moreira.

Vale la pena revisar esa sentencia pues sienta un precedente peligrosísimo para la libertad de expresión en México. Interpreto que cualquiera que mantenga (mantengamos) una opinión crítica—e incluso bien fundamentada—sobre un político o personaje sujeto al escrutinio público, podría ser demandado e incluso obligado a pagar una cantidad de dinero desproporcionada para resarcir un supuesto daño moral que no puede ser verificado con prueban claras ni argumentos. Es posible pensar que los magistrados en este caso han sido parciales a favor de Humberto Moreira y en contra de Aguayo. Se ignoran los motivos, pero es preciso investigar a profundidad, por ser este un caso de interés general que tendría enormes repercusiones negativas para la procuración de justicia y la libertad de expresión en México.

Por último, y con relación al “honor” del exgobernador de Coahuila, no puedo dejar de pensar en el penoso intercambio que se dio entre éste y el ex Presidente Felipe Calderón en 2017, cuando ambos se acusaron de tener vínculos con la delincuencia organizada y de otros delitos graves, sin mostrar pruebas consistentes o interponer una queja formal ante las autoridades competentes (en ese momento). Me llaman un poco más la atención las graves acusaciones que hace Humberto Moreira en contra del exmandatario mexicano, pues me pongo a pensar en la demanda que él mismo había ya interpuesto el año anterior contra Sergio Aguayo.

Vale también la pena ver el video donde Moreira acusa a Calderón y lo llama “malandro”, “borracho”, “asesino” y “ratero” (https://www.youtube.com/watch?v=VteYRT-tD1o). Dice, por ejemplo: “Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón, estás hasta las chanclas [...] no te hagas”. Se refiere a él como un “hombre del mal” y lo considera “más loco que Victoriano Huerta”. En el mismo video, atribuye el origen de la conducta de Calderón a un “problema mental y de alcoholismo”. También afirma que son “pocos los minutos del día que [Calderón pasa] sin estar briago” y menciona algo sobre una “alcoba” a la que supuestamente el ex Presidente se fue “con aquella” (mensaje que no pude entender muy bien). Finalmente, el Profesor Moreira sugiere al ex Presidente que “cuando tome no tuitee”. Puedo pensar que esas frases sí podrían dañar el honor de una persona.

Lo dicho por Moreira en contra de Calderón contrasta fundamentalmente con la frase que escribe un académico serio y profesional de la talla de Sergio Aguayo en su columna del diario Reforma de 2016. Parece irónico que alguien que alega “daño moral” sea capaz de expresarse así, en público, de otro ser humano sin presentar prueba alguna de lo dicho y sin fundamentar estos alegatos con investigaciones concretas en curso. Finalmente me pregunto: ¿Qué pensarían los magistrados que decidieron a favor de Moreira en este caso?

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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