De ser el estado ejemplo de los cambios democráticos en el país, Baja California ha pasado a ser un precedente sumamente lamentable, consideró la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles.
San Martín dijo que la reforma constitucional y la consulta ciudadana anunciada por el Congreso del Estado son parte de un mecanismo que no cuenta con sustento jurídico de ningún tipo. La consulta –que se realizará con 200 o 300 centros de votación– no brinda certeza de los resultados y será financiada por militantes de Morena.
Por Eduardo Villa Lugo
Tijuana, Baja California, 8 de octubre (Zeta).– El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) tuvo un presupuesto de poco menos de 500 millones de pesos para organizar los comicios electorales de 2019, entre nómina, prerrogativas a partidos, material, difusión. En fin, todo lo necesario para organizar un proceso electoral donde se instalaron 4 mil 804 casillas.
Pese a ello, solo el 28 por ciento de la población salió a las urnas y sufragó por el que consideraron el mejor candidato para gobernar los próximos dos años: el proyecto de Jaime Bonilla Valdez, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”.
Todo este proceso que duró poco menos de un año resultó irrelevante para el propio Bonilla Valdez y los diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), pues esta semana anunciaron la consulta ciudadana que se realizará el próximo 13 de octubre, cuyo objetivo es determinar si la sociedad bajacaliforniana prefiere un Gobernador por dos o cinco años, sin importarles la decisión de la elección celebrada el 2 de julio, cuya convocatoria anotaba que el periodo de administración era de dos años.
Ese lunes 30 de septiembre, los diputados Fausto Gallardo (PVEM), María Luisa Villalobos, Eva Gricelda Rodríguez, Víctor Navarro y Mirian Cano -con ausencia de Juan Manuel Molina, quien también pertenece a la Comisión- encabezaron una conferencia de prensa donde recibieron severas preguntas de la prensa, al grado que su equipo de comunicación intentó “parar” las interrogantes; los diputados se retiraron molestos de la Sala Mujeres Forjadoras del edificio legislativo.
En el anuncio de la consulta ciudadana, los legisladores informaron que se instalarán entre 200 y 300 casillas en todo el Estado y se gastarían alrededor de 200 mil pesos en efectuarla, de los cuales no saldrá ni un peso del erario, al ser costeada por recursos de los propios diputados y militantes de Morena que decidan donar.
La presidenta de la Comisión Especial, Mirian Cano, comentó que ella donaría 10 mil pesos a la consulta y que se tendrá una prohibición para que el principal interesado, Jaime Bonilla Valdez, participe en el financiamiento.
A menos de dos semanas de llevarla a cabo, no se cuenta con los puntos específicos en los que se instalarán las urnas, cuántas personas podrían participar, las cantidad de boletas que se imprimirán y si definirán un mínimo de votación para considerarla efectiva, si se pagará a personal para cuidar los centros de votación. Hasta el momento solo se sabe que la pregunta será si la ciudadanía prefiere un proyecto de dos o cinco años para la próxima gubernatura.
Cano reconoció que este ejercicio no es vinculante y no se basa en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, mientras que la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, señaló que el único interés es conocer la opinión de la ciudadanía que durante la campaña externó su interés por participar en las decisiones de la entidad.
Durante la conferencia de prensa hubo intervenciones del Diputado Víctor Navarro y Fausto Gallardo, quienes intentaban defender la intención del Congreso, pero minimizaban las implicaciones legales que esta acción conlleva.
Agregó que el propio Congreso llevará a cabo todo el procedimiento y transparentarán los gastos realizados, con la intención de dar certeza al proceso.
PRECEDENTE LAMENTABLE: PAMELA SAN MARTÍN
El repudio de diversos sectores no se ha hecho esperar. Personalidades como Beatriz Paredes, utilizaron la tribuna del Senado para criticar a Bonilla Valdez, refiriéndose a él como “gobernadorcito”, “caprichoso” y “cínico”, por llevar a cabo una reforma y consulta popular -a través del Congreso local- para preservarse por tres años más en el poder. Además, solicitó la intervención de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para “frenar” sus intenciones; la ex Ministra consideró la reforma local de ampliación de mandato como “inconstitucional”.
En el mismo sentido se posicionó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín Ríos y Valles, al repudiar la intentona del Poder Legislativo bajacaliforniano de avalar una decisión inconstitucional a través de una consulta ciudadana sin sustento jurídico.
En entrevista para Zeta, la consejera del INE comentó que de ser ejemplo del cambio democrático, Baja California está dejando un precedente lamentable para la vida política del país. En su opinión, avalar una consulta de esa naturaleza y respaldar la reforma, estaría dejando en duda todo el sistema jurídico, al abrir la posibilidad de hacer cualquier cosa con la Constitución.
Reiteró que ningún tema de carácter electoral puede ser sometido a consulta según lo establece la propia Constitución, por lo cual el ejercicio resulta irrelevante, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que defina el periodo del próximo Gobernador.
“El Estado de Derecho debe determinarse en quien nos gobierna y representa, no puede haber un órgano interno por encima de la ciudadanía”, subrayó la funcionaria del INE.
San Martín Ríos y Valles criticó que los propios legisladores aseguran que el decreto que modifica el Artículo Octavo Transitorio Constitucional sigue sin ser localizado, por lo que pretenden emprender una consulta sin tener el documento que la reafirma en su poder, y sin interesarles que el propio Bonilla Valdez cuenta con una constancia de mayoría de dos años.
“El argumento que han tenido en el Congreso para no publicar la reforma es que está extraviada, si bien no será vinculante determinar si se publicará o no, ¿qué no está extraviada? No es claro y vulnera el Estado de Derecho, los mandatos constitucionales y la voluntad ciudadana ya expresada por la ciudadanía”, remató.
TRIBUNAL ELECTORAL AVALA TRIUNFO
Luego de desechar las impugnaciones del Partido de la Revolución Democrática ante la instancia superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo de Jaime Bonilla Valdez para gobernar por los próximos dos años.
A raíz del anuncio del Tribunal se generó gran confusión, pues diversos medios de comunicación afirmaron que este había definido una gubernatura de dos años, cuando en realidad solo definieron la legalidad del proceso.
El tema es que mientras la reforma aún no se publica, el próximo Gobierno todavía es de dos años.
Al respecto, Amador Rodríguez Lozano, próximo Secretario General de Gobierno, aseveró que la decisión del Tribunal sólo es para legitimar la victoria de Bonilla Valdez, pero el tema de fondo -la ampliación del mandato- aún no es analizado, pues la reforma ni siquiera ha entrado en vigor y podría ser impugnada.
