Dos designaciones de gran importancia se llevarán a cabo durante este periodo de sesiones del Senado de la República, en las que los “amarres” y negociaciones pueden poner en entredicho la idea de avance hacia un Estado democrático y una transformación del sistema o por el contrario, evidenciarán que existen verdaderos contrapesos que promueven la garantía de los derechos humanos, sí es que cada uno de los poderes de la Unión cumple con su función.

Por un lado, tenemos la designación de la o el próximo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se llevará a cabo en este mes de octubre y, por otro, de manera inesperada, de una o un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la renuncia de Eduardo Medina Mora.

El riesgo de que ambos procesos terminen en una negociación entre los partidos en el poder es latente y a la luz de aquellos que se han llevado a cabo este año, no podemos esperar otra cosa. Finalmente, México no ha tenido en su historia procesos de designación verdaderamente abiertos que pudieran ser referencia y un aliciente al día de hoy.

Por ejemplo, en el primer año de esta Legislatura el Senado llevó a cabo dos designaciones de Ministros/as de la Suprema Corte que no se distinguieron de aquellos desarrollados por otros gobiernos. Por el contrario, mantuvieron la política de simulación y privilegiaron perfiles cercanos al Ejecutivo. Finalmente, las ternas estaban integradas por personas que cumplían con los requisitos constitucionales, pero no contaban con la idoneidad necesaria para ocupar el cargo. En el caso de la Ministra Yazmín Esquivel hubo un conjunto de cuestionamientos sobre su parcialidad a favor de un grupo inmobiliario y en el caso del Ministro Juan Luis González Alcántara su participación y posturas alrededor del polémico caso del ex Ministro Góngora Pimentel fueron objeto de crítica.

En 2015, durante el proceso de designación de Eduardo Medina Mora, la sociedad civil se manifestó en contra y lo señaló como un perfil impresentable por su trayectoria en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y como Secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón, además de su participación en el caso de Atenco, el “Michoacanazo”y la “Operación Limpieza”. Sin embargo, fue votado por el Senado con 83 votos a favor. Ahora, cuatro años después, el Ministro se enfrenta a una serie de rumores sobre una investigación de sus cuentas bancarias por posibles actos de corrupción.

El Observatorio de Designaciones Públicas ha emitido distintos posicionamientos en los que ha advertido la urgencia de cambiar los procesos de designación de Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia, a fin de garantizar la independencia judicial a través de una terna con perfiles destacados; un proceso -de principio a fin- transparente y con participación ciudadana sustantiva; y una votación razonada.

En esta línea, el jueves pasado el Pleno del Senado aprobó la convocatoria para el proceso a través del cual se designará al nuevo o nueva Presidenta de la CNDH, dentro de esta se planteó la obligación de las y los legisladores de considerar a los candidatos mejor evaluados bajo indicadores de idoneidad que garanticen la autonomía, independencia, especialidad y probidad de quien ocupe el cargo.

Sería importante entonces, que de la misma manera se consideren procesos de evaluación abiertos y participativos para el proceso de designación del nuevo lugar en la Suprema Corte de Justicia y con ello se evite la política de cuotas que históricamente se ha mantenido en nuestra realidad nacional.

Es cierto que tanto el Poder Judicial como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le han quedado a deber a la ciudadanía y, en muchos momentos, ha decidido por la política más que por el derecho, dando la espalda a la sociedad. Sin embargo, una forma de fortalecer a las instituciones en México es a partir de perfiles idóneos en dichos cargos, personas que reconozcan la importancia de la investidura y la necesidad de mantener la independencia; capaces y especializados y dispuestos a alejarse de interés particulares o partidistas, “las cuotas y los cuates” no hacen más que profundizar las desconfianza al Estado y dividir a la sociedad.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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