El convenio, firmado al margen de la Asamblea General de la ONU, abre la puerta a enviar a solicitantes de asilo a Honduras, uno de los países con mayores índices de violencia, igual que sus vecinos. Un acuerdo similar fue suscrito la semana pasada con El Salvador y uno más amplio fue alcanzado previamente con Guatemala.
Por Colleen Long y Elliot Spagat
WASHINGTON (AP) — El Gobierno del Presidente Donald Trump firmó el miércoles un acuerdo con Honduras que, para efectos prácticos, sella el Triángulo Norte de Centroamérica porque impide a solicitantes de asilo ingresar en Estados Unidos si transitaron antes por la zona.
El convenio, firmado al margen de la Asamblea General de la ONU, abre la puerta a enviar a solicitantes de asilo a Honduras, uno de los países con mayores índices de violencia, igual que sus vecinos. Un acuerdo similar fue suscrito la semana pasada con El Salvador y uno más amplio fue alcanzado previamente con Guatemala.
El Presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa en Naciones Unidas que los acuerdos, junto con las medidas adoptadas en México, “harán una gran diferencia en nuestra frontera sur”.
Se desconocen detalles y gran parte del contenido del acuerdo con Honduras, incluso la fecha en la que entraría en vigor. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) esbozó el acuerdo de manera muy general durante una conferencia telefónica con la prensa, en la que habló bajo condición de anonimato, de conformidad con sus normas.
El DHS anunció el acuerdo en una declaración emitida a nombre de ambos gobiernos, los cuales -dijo- trabajarán “para incrementar las opciones de protección a las poblaciones vulnerables”.
El acuerdo completaría un componente central en la estrategia de Trump para evitar que los solicitantes de asilo entren en Estados Unidos desde territorio mexicano. Frenar la migración es uno de los objetivos políticos distintivos de Trump, quien con frecuencia habla de “recovecos” en el sistema de asilo estadounidense.
Defensores de los inmigrantes condenaron de inmediato el acuerdo.
“Esta es otra maniobra que se inscribe en la cadena de acuerdos que continúan convirtiendo el derecho de asilo en una burla grotesca”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de la oficina para las Américas de Amnistía Internacional USA.
Funcionarios de migración dijeron en marzo que la frontera estadounidense ha alcanzado un punto de ruptura debido a las miles de familias migrantes que la cruzan. Esto ha derivado en hacinamiento, y diversos medios han informado de condiciones fétidas y de prolongadas detenciones en instalaciones fronterizas estadounidenses que no están diseñadas para mantener a las personas más que algunos días. Se desconoce si las cifras de detenidos aumentarán de nuevo a medida que la temperatura refresque en el desierto.
Este mes, la Corte Suprema allanó el camino para que el Gobierno niegue el asilo a cualquiera que viaje a través de otro país para llegar a la frontera.
Tal medida entró en vigor a la par de las gestiones de Estados Unidos para ayudar a que los empobrecidos, peligrosos y corruptos países centroamericanos absorban grandes números de personas que buscan asilo en suelo estadounidense. El Departamento de Estado reconoció las condiciones empobrecidas de Honduras en un reporte sobre derechos humanos publicado en 2018.
“Los elementos delictivos organizados, entre ellos pandillas locales y transnacionales, así como narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, extorsión, secuestro, tortura, tráfico humano, intimidación y otras amenazas y hechos violentos contra los defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables”, dice el informe.
Señala que hubo reportes de “ejecuciones arbitrarias e ilegales”, denuncias de tortura, detenciones y arrestos arbitrarios y “condiciones carcelarias duras y peligrosas”.
En lo que representa un reconocimiento de la ausencia de una sólida red para absorber a los refugiados, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, anunció el lunes un paquete de 47 millones de dólares para ayudar a que Guatemala forme su sistema de asilo. Se desconoce el tipo de asistencia que podría ser otorgada a El Salvador y Honduras.
La mayoría de familias arrestadas o frenadas en la frontera de Estados Unidos con México proceden del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque no se les regresará a sus países, serán enviados a otras naciones por las que transitaron. Por ejemplo, los hondureños deben cruzar Guatemala para llegar por tierra a Estados Unidos.
El acuerdo podría tener sus mayores repercusiones en personas de otras nacionalidades, muchas de ellas de Cuba y África, que viajan en avión a países al sur del Triángulo Norte y se transportan en autobús hasta Estados Unidos, principalmente por Honduras y Guatemala.
En otro intento por disuadir la llegada de solicitantes de asilo, el Gobierno de Trump ha obligado a más de 42 mil personas, principalmente centroamericanos, a esperar en México, desde donde tienen que cruzar la frontera para acudir a audiencias en cortes de migración estadounidenses.
Se desconocen las medidas que debe adoptar el Gobierno de Honduras para el cumplimiento total del acuerdo.
Guillermo Pérez Cadalzo-Arias, excanciller hondureño, dijo que la capacidad de su país para absorber a solicitantes de asilo dependerá de los recursos que Estados Unidos disponga para ayudar.
“Nuestras economías no están preparadas para una situación como esa, entonces se debería esperar una responsabilidad compartida”, agregó.
Trump se entrevistó el miércoles con el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández en Nueva York, la reunión no estuvo abierta a la prensa.
Hernández es acusado por fiscales federales estadounidenses de confabulación en el proceso por narcotráfico contra su hermano y algunos manifestantes han exigido su renuncia.
Hernández ha dicho que las acusaciones provienen de narcotraficantes que buscan vengarse de él, pero los fiscales señalan que presentarán pruebas para mostrar que el mandatario aprovechó las conexiones de su hermano con narcotraficantes para impulsar su carrera política. El comienzo del juicio está previsto para octubre.
