Mirar hacia el pasado significa, a veces, reconocer aquello que se nos ha negado. En nuestro país la negación de la atrocidad cometida por el Estado, limitó la posibilidad de reparar sobre lo que fuimos, lo que somos y en lo que nos queremos convertir. Lo ocurrido en los 60s y 80s durante la mal llamada “guerra sucia” se quedó en los libros leídos solo por aquellos que se aproximaban a esas narrativas. Las verdades se reservaron únicamente para quiénes estuvieron ahí, quienes lo vivieron y aquellos, que de alguna manera, quisieron acercarse a ellas.

Cientos de desapariciones y ejecuciones -entre ellas la de Tlatelolco- fueron cometidas contra aquellos que buscaban la justicia social y el combate a la desigualdad, contra los que llamaban guerrilleros disidentes que impulsaban un cambio social en contra de un gobierno autoritario que propugnaba el desarrollo, el progreso y la solidaridad hacia los pueblos del cono sur, mientras que en su propio pueblo promovía la represión y la violencia.

Desde el norte hasta el sur, durante esos años, los jóvenes se sumaron al clamor de justicia pero desgraciadamente la fuerza del Estado apagó la flama revolucionaria dejando a un pueblo adolorido en búsqueda de los desaparecidos, buscando la verdad. No fue hasta el 2001 cuando la CNDH reconoció en su recomendación 26/2001 que, efectivamente, el Estado había utilizado su aparato para acabar con la revuelta utilizando prácticas contrarias a los derechos humanos. En cumplimiento a la recomendación y en virtud de la transición partidista, el gobierno de Vicente Fox creó una Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para investigar los crímenes ocurridos en este periodo y transfirió el fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad al Archivo General de la Nación. La intención de estas acciones era en principio, garantizar el acceso a la justicia de aquellos que fueron víctimas del Estado y, también, asegurar que el pueblo de México supiera de lo que las instituciones son capaces de hacer para que nunca más volviera a ocurrir.

Sin embargo, como muchas cosas en México, las acciones se quedaron inconclusas y la FEMOSPP lo único que dejó a su paso fue un informe que profundizó sobre las violencias ocurridas en aquel tiempo a fin de apuntar al deber de recordar, sin que hubiera justicia, verdad o reparación. Por su parte, los documentos que en su momento fueron transferidos en su integridad al archivo, fueron restringidos en el sexenio de Peña Nieto para que un puñado de personas pudiera tener acceso a ellos y en la mayoría de los casos, solo en versiones públicas (eliminando los datos personales de aquellas personas que figuraban en las letras de los documentos), privándonos de la posibilidad de identificar a aquellos funcionarios que cometieron esos crímenes atroces.

Tan poco se sabe de lo ocurrido en aquellos años, que décadas después, en el marco de la disculpa pública que se otorgó a Martha Camacho, una de las sobrevivientes de la Liga comunista 23 de septiembre, y del debate alrededor del aniversario del asesinato de Eugenio Garza Sada, las disputas por la verdad siguen vigentes. Discutir a la luz del presente, por ejemplo, el relato de Pedro Salmerón ex director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, sin el contexto de lo que ocurrió en aquellos tiempos podría significar mantener la negación, sin darnos cuenta que eso es precisamente, lo que buscan aquellos que promueven el olvido y, por tanto, la impunidad.

Así es, hoy tratamos de entender eso que nos cuentan del pasado a la luz de lo que hoy somos y no imaginamos en México una guerrilla como tal o el terrorismo de Estado en su mayor esplendor, en el que pensar y gritar sobre la otredad y la desigualdad significaba la desaparición o la ejecución abierta y arbitraria por parte de agentes del Estado. Sin embargo, hasta hoy, sigue siendo imperante reconocer que los nombres de los perpetradores siguen reservados para mantenerlos en la cúspide de la impunidad.

Con esta disculpa a Martha Camacho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llega a un punto de no retorno. Reconocer la sistematicidad y generalización de la violencia ocurrida durante la mal llamada “guerra sucia” implica, sin más, el deber de garantizar el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición. El Estado no puede quedarse únicamente en el reconocimiento sin actuar en consecuencia, pues en lugar de sancionar la atrocidad podría animarse sabiendo que, al final camino, la impunidad está garantizada.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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