En caso de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, libre la demanda de delincuencia organizada por las deficiencias del caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, aún hay causas penales contra él por el homicidio de tres estudiantes, lesiones, y el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, por lo tanto, no se prevé su salida inmediata.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de septiembre (ElSur).- El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra aclaró que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, y el ex Director de Seguridad Pública municipal Felipe Flores, no están en el grupo de implicados en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 que pueden obtener su libertad por la tortura ocurrida durante la investigación.
En consulta telefónica dijo que además del homicidio del luchador social Arturo Hernández Cardona, denuncia que no fue ratificada por el testigo de cargo, Abarca está señalado en otras causas por el homicidio de tres estudiantes, lesiones y secuestro contra los 43 desaparecidos.
Señaló como ejemplo el caso de los 33 policías municipales a los que se refirió el ex Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, hace unos días, que fueron aprehendidos cuando la investigación estuvo a cargo de la dependencia estatal.
Indicó que fueron acusados de homicidios y lesiones, siguen en prisión. Los que obtuvieron su libertad son policías e integrantes del grupo Guerreros Unidos acusados de delincuencia organizada y secuestro.
Precisó que si Abarca libra la demanda de delincuencia organizada por las deficiencias del caso, aún hay causas penales por el homicidio de tres estudiantes, lesiones, y el asesinato de Hernández Cardona. Por lo tanto, no se prevé su salida inmediata.
Agregó que su defensa también señaló inconsistencia en la detención, pero no tortura. Su caso aplica a su esposa y al ex director de Seguridad Pública.
Si bien el expediente está cargado de irregularidades, las deficiencias se concentran en una teoría del caso, la de “la verdad histórica”, donde la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General, hizo declarar a todos los detenidos que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Señaló que la investigación tiene más elementos, los que aportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y no quiso retomar la PGR, “son 11 líneas que no se tomaron en cuenta”.
Aunque el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas declaró que la investigación comenzaría de cero, el abogado de los padres precisó que hubo una mala interpretación, porque hay muchas líneas que no forman parte de la “verdad histórica”, ni están relacionadas con la anterior narrativa de la PGR.
Mencionó que está el tema de las policías de Huitzuco y de Tepecoacuilco, de la Policía Estatal y elementos del Ejército que no se han presentado a declarar, así como la telefónica de los normalistas, de la que ya hay un estudio exhaustivo.
Indicó que estos asuntos deben de ser parte de un plan de trabajo y de la investigación del fiscal especial, a la par de la investigación interna de las autoridades que incurrieron en irregularidades y la investigación.
Como ejemplo, dijo que se debe determinar la legalidad del descubrimiento del fragmentos óseos que permitieron la identificación por ADN, del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, sobre la presentación de la escena del crimen y la cadena de custodia. Ahí se señaló manipulación de la escena y siembra de la evidencia.
Aclaró que si hubiera más elementos para establecer que el fragmento óseo de Alexis es el nudo para desentrañar y esclarecer la desaparición de los normalistas y su paradero, la defensa haría énfasis ahí, pero mientras no haya más información se deben atender las 11 líneas de manera integral.
NO CONFÍAN EN SUGERENCIAS DE LA CNDH
Vidulfo Rosales informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trata de llevar el caso al análisis de restos óseos que supuestamente no fueron analizados, “lo cual no es muy objetivo, porque ya se hizo lo que se tenía que hacer, no hay restos pendientes”.
No obstante, indicó que es posible que se conforme una mesa técnica científica donde participe la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y si gusta la CNDH.
Confirmó que la posición de los padres y la defensa es que no tienen confianza en la investigación de la CNDH para guiarse por sus sugerencias, “nos parecen poco serias, su metodología es laxa para arribar a esas conclusiones. Hay situaciones infladas, muy irresponsables”, aseguró.
