Por Sarahi Valtierra***

El combate a la corrupción es una de las principales prioridades del nuevo gobierno, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. El primer Informe, presentado hace unos días, reporta la implementación de un plan de acción basado en impulsar la austeridad, ciudadanizar el combate a la corrupción, mejorar el servicio profesional de carrera y proteger a denunciantes, entre otros.

¿Pero qué tan adecuadas son estas medidas para combatir, investigar y sancionar la corrupción? A continuación, hacemos un balance de las principales acciones anticorrupción que se han emprendido en estos meses del nuevo gobierno:

¿“Borrón y cuenta nueva”? Al inicio del sexenio, parecía que no existía prioridad por investigar a funcionarias y funcionarios involucrados en grandes escándalos de corrupción de la pasada administración. Se hablaba de un “borrón y cuenta nueva”, lo que hubiera implicado impunidad en casos como Odebrecht o la “Estafa Maestra”.

Positivo: la investigación y seguimiento del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública(SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en contra de Rosario Robles, han mostrado que se investigarán y sancionarán estos casos, lo que es un paso importante para revertir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.

Pendiente: el éxito de las investigaciones dependerá de un trabajo robusto y bien sustentado por parte de las autoridades correspondientes para que las y los involucrados sean procesados.

*Investigación Financiera: el nuevo gobierno ha priorizado el desmantelamiento de redes de corrupción mediante la detección de movimientos financieros irregulares por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Positiva: el trabajo de la UIF llevó a la lucha contra el Huachicol, el bloqueo a las cuentas de Emilio Lozoya por transferencias irregulares en el caso Odebrecht, y recientemente ha emprendido investigaciones en las finanzas del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Pendiente: el trabajo de la UIF debe de realizarse en coordinación y cooperación con otras instituciones y entidades públicas, especialmente la FGR, para lograr que sus hallazgos se sostengan hasta su judicialización. Además, será necesaria la armonización de las funciones y alcance de la UIF con el actuar y marco normativo de otras entidades de combate a la corrupción.

* Ley de Extinción de Dominio: en agosto pasado, se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual permite decomisar y disponer de bienes que estén relacionados con ilícitos, como corrupción o crimen organizado.

Positiva: del decomiso de estos bienes se busca obtener un beneficio económico para el gobierno y destinarlos a programas sociales, reparación del daño o políticas públicas prioritarias.

Pendiente: la venta anticipada de bienes decomisados, sin que exista una sentencia condenatoria, genera riesgos en contra de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho de propiedad. Estos procesos deben ser claros, transparentes y con apego a los derechos humanos. Asimismo, el gobierno debe diseñar mecanismos para que los activos recuperados garanticen la reparación del daño de manera efectiva a los grupos afectados por la corrupción.

* Prisión preventiva oficiosa para delitos de corrupción (PPO): en este primer año, se amplió el catálogo de delitos considerados como “graves” que ameritan prisión preventiva oficiosa, a través de una reforma constitucional, con el fin de “desalentar los actos de corrupción”. No obstante, esta figura ha sido calificada por organismos internacionales como regresiva e irreconciliable con los derechos humanos y con la esencia del sistema penal acusatorio. La PPO debe de aplicarse de manera excepcional y como último recurso porque genera afectaciones a la libertad de expresión, la seguridad personal e integridad física.

Pendiente: mantener en prisión a quienes están acusados por corrupción mientras se define su situación penal, no es garantía de que disminuirán los actos de corrupción; esto depende de la investigación de los casos y la eficiencia del sistema de procuración de justicia. Lo anterior es un reto dado que, en México, sólo el 5 por ciento de las denuncias penales llegan ante un juez, lo que podría ser señal de que las investigaciones penales no se sustentan lo suficiente. De hecho, en 2017 el Poder Judicial devolvió 62 por ciento de los casos que la PGR le presentó, por estar mal integrados. Por ello, es importante que el nuevo gobierno impulse una mejora en las investigaciones que realiza y las denuncias que le presenta a la FGR.

* Transparencia y acceso a la información: el primer informe reconoce que la transparencia es necesaria para otorgar certeza jurídica a los asuntos del gobierno.

Positivo: el gobierno busca promover la transparencia en temas relacionados con las declaraciones patrimoniales, la publicación de los salarios de los servidores públicos, la compra de medicamentos, y el manejo de recursos públicos.

Pendiente: en los últimos meses se han puesto en duda la información pública presentada por las distintas dependencias gubernamentales, generando incertidumbre sobre la veracidad de la información y la legitimidad de quienes la proporcionan. El gobierno debe de mantener una política proactiva para transparentar los grandes proyectos y programas, en todas sus etapas, así como las acciones de investigación y sanciones por la comisión de actos de corrupción, pero con datos verificables, veraces, completos y oportunos que garanticen el ejercicio de este derecho en todas sus dimensiones.

* Coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): el SNA es clave para el combate a la corrupción, pues está impulsado para lograr la coordinación y cooperación institucional, en los tres niveles de gobierno.

Pendiente: el SNA es casi inexistente en la narrativa del Presidente. Y desde su creación, en 2016, sigue pendiente su completa conformación, pues a la fecha no se ha designado a los magistrados anticorrupción. El gobierno debiera de impulsar su fortalecimiento a través de una adecuada coordinación.

Sin duda, la corrupción es un problema público que todos queremos que se combata y erradique, porque vulnera especialmente a quienes menos tienen, y es un lastre para la sociedad, impidiendo el desarrollo democrático de nuestro país. La apuesta del nuevo gobierno de priorizar el combate a la corrupción, impulsando incluso reformas constitucionales y legales o persiguiendo casos de corrupción de alto perfil es de gran valor y transcendencia para la transformación que requiere México.

Sin embargo, consideramos que estas medidas no han estado vinculadas con los esfuerzos institucionales que ya existen, como el SNA, o parecen realizarse en contravención de los derechos humanos, como las garantías de debido proceso, y sobre todo falta visibilizar a quiénes afecta directa o indirectamente. Para potenciar los esfuerzos de combate a la corrupción, se deben establecer medidas eficaces, eficientes, que tengan efecto perdurable para que realmente erradiquen la corrupción y se apeguen a las disposiciones de derechos humanos.

***Sarahi Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar.

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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