La Ley que permitirá equiparar el fraude fiscal con la delincuencia organizada está por votarse en la Cámara de Diputados. En la Secretaría de Hacienda y en específico en la Procuraduría Fiscal aguardan el momento en el que entre en acción para poder avanzar en casos que tienen detectados tanto en el sector empresarial como en el de la función pública, y que significan al país una pérdida de dinero equivalente al 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto anual.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene ubicados a actores que cometieron delitos a través de facturación falsa y por lo tanto el costo de este delito: 500 mil millones de pesos por año, el equivalente a cuatro trenes maya o a todos los programas sociales implementados por el nuevo Gobierno federal.
De acuerdo con el titular de esa oficina, Carlos Romero Aranda, por la magnitud de los fraudes y el costo que representa año con año, resulta evidente que es una práctica que se dejó crecer y que no se atacó por falta de voluntad política.
En entrevista con SinEmbargo, previo a la discusión de la Ley en la Cámara de Diputados que le ampliará a la Procuraduría Fiscal sus facultades para investigar y encausar estas prácticas, como el uso de personas infiltradas o la intervención telefónica, equiparó este tipo de defraudación fiscal con un “efecto cucaracha”, que se hizo más fuerte a medida que escalaba más ámbitos, con esquemas que “en ciertos rubros convenían mucho al gobierno”.
El pasado 2 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se castigará con cárcel la evasión de impuestos y aseguró que las administraciones anteriores “se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas”, y prometió castigo de cárcel para los evasores.
La Ley que se discutirá y votará, le da un nuevo tratamiento a este tipo de fraudes, ya que equipara a los factureros, que son a aquellas tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal, con redes de delincuencia organizada.
Sobre las acusaciones de que se trata de una especie de “terrorismo fiscal”, explicó que se buscará investigar a quienes son los que ofrecen las facturas y a las empresas que hayan incurrido en estos actos se les invitará a regularizarse. Pero para Romero Aranda, el punto más importante de esta reforma es quien resulte culpable tendrá ya encima un orden de prisión preventiva oficiosa.
Y aclaró: “La instrucción del Presidente es perseguir los delitos sea quien sea. Aquí se acabó la corrupción, tenemos que acabar con los delitos sea quien sea. Si encontramos irregularidades, sea quien sea”.
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–Nos intriga que hasta hace pocos meses los mexicanos no sabíamos mucho sobre qué hacía la Procuraduría Fiscal y estaba como muy subordinada a Hacienda y al SAT. Estamos viendo un cambio a raíz de las denuncias que se están haciendo. Pero queremos saber desde el principio cómo encontró estas oficinas.
–La Procuraduría Fiscal de la Federación es el abogado de la Secretaría de Hacienda, pero se llama Procuraduría porque se encarga de perseguir o investigar los delitos fiscales y financieros; es el garante del sistema financiero y es el persecutor de los delitos fiscales.
¿Cómo la encontré? Esta es una institución muy sana, muy limpia. La encontré caminando, funcionando.
Si ha tenido una actividad más relevante es por la situación en la que nos encontramos. Hicimos un análisis de la situación actual que tenemos de defraudación vía factureros y por eso la Procuraduría empezó a atacar a este rubro específico de defraudadores fiscales. Por esa razón empezó a tener relevancia.
El Presidente de la República presentó vía un Senador en la etapa de transición como Presidente electo ante el Senado de la República una solicitud para reformar diversos artículos de diversas leyes (el 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el 11 Bis del Código Penal Federal, el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, los artículos 167, 187, 192, 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 5 de la Ley de Seguridad Nacional) con lo cual se le da un nuevo tratamiento a este tipo de actividades y se pretende equiparar con delincuencia organizada a los factureros, que son a aquellas tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal.
–Usted dice que encontraron una Procuraduría sana, ¿la anterior no se había dado cuenta que había este desfalco?
–Posiblemente sí se habían dado cuenta, pero creo yo que no había la voluntad política para ir a perseguirlos.
–¿Se dejó crecer el problema?
–Sí creo que se dejó crecer. Estas son mafias que tienen un efecto cucaracha, que van migrando. La cucaracha es un insecto que es muy fuerte y va migrando. Acá iniciaron primero con cooperativas, después con sociedades de comandita simple, después con factureras y dentro de ese esquema, hay un rubro que se llama outsourcing, o sea son mafias que van migrando.
El esquema de factureras era un esquema que en ciertos rubros convenía mucho al gobierno porque en uno de esos rubros se llevó acabo la “Estafa Maestra”, entonces en cierta manera fue protegido desde ciertas esferas de poder.
–¿De cuánto se habla hasta el momento de desfalco, de lo que ustedes han podido detectar?
–Hay distintos cálculos. El SAT por ejemplo tiene determinado 1.6 puntos del PIB de desfalco real, de acuerdo a las investigaciones que ellos han hecho. El cálculo que tenemos nosotros de lo que posiblemente sea defraudado, porque uno es lo que se tiene y otra es lo que consideramos, de más de 500 mil millones de pesos al año.
–Este desfalco no hubiera sido posible sin la complicidad de funcionarios públicos.
–Eso creo.
-–¿Hay áreas identificadas en las que más se dieron estos casos?
–Principalmente las autoridades que estaban anteriormente en el SAT.
–¿Están haciendo una averiguación especial ahí?
–Nosotros estamos investigando cómo operan estas mafias y lo que vamos a sancionar debidamente es cuando encontremos que participaron funcionarios públicos, porque eso es lo que eleva la gravedad del ilícito, porque con información privilegiada, con un cargo donde tienes ciertas decisiones que cuidar, proteges a un grupo que no debes.
–¿Estamos hablando de empresas, de funcionarios públicos, Gobierno federal y gobiernos estatales?
–En los gobiernos estatales también se llevaron a cabo estos desfalcos, pero evadiendo impuestos federales. En el Estado de Chihuahua muchos de los desvíos que hubo y que están investigándose son con esquemas tipo “estafa maestra”.
–Es el caso de Duarte
–No el caso de Duarte pero sí el caso de desvíos. No puedo hablar de casos en particular porque violaría el principio de debido proceso y de presunción de inocencia, hablo de casos en los cuales ha habido un tipo de desvío, de recursos públicos vía esquema de factureras.
–¿Podría detallarnos más este esquema?
–Tanto en estados como a nivel federal, hemos visto el desvío de recursos públicos. Usualmente de las entidades públicas hay un contrato donde se compra o se comercia con intangibles en el cual nunca se entrega ese bien o producto, el dinero se desvía a empresas fachada, donde los accionistas son testaferros, son personas de escasos recursos, que no tienen la capacidad económica para mover las cantidades de dinero que se mueven.
Cuando investigamos qué activos tienen, resulta que estas empresas no tienen ninguno y cuando vamos a los domicilios fiscales resulta que son una covacha o un cuarto sin nada. Ese es el esquema principal, son empresas que lo único que hacen es lavar dinero y defraudar al fisco.
–¿Ese fue el mecanismo que proliferó en la administración pasada?
–Sí, mediante esos mecanismos, una parte de esos se lleva a personas físicas mediante un esquema de asimilables a salarios o por lo que presumimos, se va en efectivo a ciertas actividades. Por eso es importante esta reforma, porque nuestras actividades llegan hasta ahí. Nosotros pedimos la información fiscal y financiera de estas empresas y nos llevan a que sí hay omisiones, a que llegan y sí hay retiros en efectivo, que llegamos con estos testaferros, pero no podemos más allá, entonces necesitamos, por un lado, que nos permitan tener infiltrados dentro de esa organización para poder llegar a la información de dónde se mueve el dinero, quiénes son los que participan en esta red criminal, hacia dónde va el movimiento, cuál es el fin que persigue.
Lo otro que necesitamos son escuchas, todo esto vía judicial, que nos permitan escuchar las conversaciones de este grupo criminal para saber cómo se mueven y hacia dónde van. El tercero es que si ya identificamos dónde están y cómo mueven el efectivo, poder hacer cateos, que se llegue y recuperar dinero hacia el fisco federal.
El último tema son los criterios de oportunidad o testigos protegidos. Cualquiera de estos testaferros o personas dentro de la red criminal le ofrezcamos algún beneficio penal a cambio de que digan quién es el beneficiario final.
Ha sido criticado el por qué necesitamos o por qué ponemos infiltrados. Yo digo que por equidad, ellos nos infiltraron, ellos tenían gente de su organización criminal trabajando en las instituciones públicas. Lo menos que nosotros podemos hacer es infiltrarles su organización criminal para saber cómo operan. Claro que se necesitan infiltrados.
Este es el esquema que se está proponiendo. Hay una crítica de que es “terrorismo fiscal”, “que todo es delincuencia organizada”. No hay que espantarnos. Creo que el contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, el contribuyente que dentro de su empresa lleva una actividad lícita, que vende producto, compra, que tiene trabajadores, que paga impuestos o que simplemente por la situación actual tiene atrasos, no tiene por qué preocuparse, este esquema es para tres o más personas que en forma constante y permanente llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es la defraudación fiscal.
En las empresas normales hay fines lícitos, si tienen trabajadores y operan normalmente no tienen de qué preocuparse, no va para allá. Entonces hablan de terrorismo fiscal y que esto sería arbitrario, pero esta reforma tiene filtros: primero el SAT, que tiene que dictaminar si hay o no delito; el segundo, la Procuraduría Fiscal, porque nosotros aunque el SAT considere que hay delito no lo hay; el tercero es la Fiscalía, nosotros presentamos querellas y la Fiscalía puede determinar que no hay delito y nos puede dictar acuerdos de ejercicio de no acción penal y finalmente, si la Fiscalía considera que sí hay delito, se considera la sujeción a proceso y ya queda en manos del Juez.
Son cuatro filtros y no se puede hablar de arbitrariedad, que puede ser totalmente persecutorio. Son dos instituciones del Ejecutivo federal, una autónoma y una institución del Poder Judicial Federal.
–500 mil millones al año reflejan que hay una gran mafia…
–Estamos hablando de una gran mafia y va contra la seguridad nacional, afecta la estabilidad del Estado. 500 mil millones de pesos son los programas sociales y más dinero todavía. No podemos hablar de que no es una mafia, una cuestión que atente contra la seguridad nacional.
–¿Y en cuanto a sanciones?
–El punto más importante de esta reforma es el que amerita prisión preventiva oficiosa y si después de todo este filtro se considera que es delincuencia organizada, las personas por las cuales se gire orden de aprensión contarán con la orden.
–Esto aumentará las posturas en contra…
–Por supuesto las aumenta y más cuando hay grupos delictivos que propiamente están financiando estas campañas en contra. Hay grupos de factureros que están pagando ciertas campañas atacando la reforma.
Tengo identificado quiénes son y comenzaron a operar desde que se presentó la iniciativa. Y obviamente porque va contra sus intereses, entonces atacan fuerte.
También creo que es desconocimiento o un temor normal porque nosotros lo que estamos buscando es atacar la defraudación fiscal con prisión preventiva oficiosa cuando exista una calificativa, es decir, cuando usen comprobantes falsos, emitan retenciones, etcétera, pero sobre todo cuando la defraudación sea mayor a los 8 millones de pesos. Lo que cuidamos es la caja, de que no se defraude al fisco federal, pero no es delincuencia organizada, hay que saber diferenciar.
–¿Más o menos cuántos casos de este tipo han localizado?
–Hay diversos grupos que están dedicándose a esto. Son redes complejas que estamos analizando, conjuntamente con el SAT, la UIF y la Fiscalía. Nosotros estamos atacando varios. El SAT tiene identificados varios grupos, presentaron varias querellas que nos van a dar vista para poder atacar. Lo más importante de esto es que trabajemos coordinadamente, todas las autoridades en la misma sintonía y tener la voluntad política para ir en contra.
–¿Qué espera de la votación, cómo siente la recepción?
– Los legisladores han sido muy sensibles, creo que han identificado que es un reforma prioritaria del Presidente de la República.
–¿Incluso de la oposición? ¿Los panistas en particular?
–Creo que los grupos que ellos representan es un sector del empresariado que está temeroso pensando que pueden ser catalogados como delincuencia organizada. Vuelvo a repetir: el mensaje es delincuencia organizada son tres o más personas que en forma constate y permanente tienen actividades ilícitas como la defraudación fiscal. No tienen que temer, pero hay temores naturales.
–Preguntaba por los panistas por su cercanía con la iniciativa privada, grupos corporativos importantes…
–Eso es delincuencia organizada, yo le llamo el productor de la droga. El Segundo grupo es el consumidor de la droga, el que compra el producto, el que compra las facturas, el que recibe los servicios de outsourcing, con objeto de minimizar la carga tributaria y eso en el mercado todo mundo lo ha hecho. Las facturas que tenemos identificadas que han sido compradas por contribuyentes son miles y miles, entonces sí están preocupados porque muchos de esos grupos han comprado esas facturas.
El mensaje que yo quiero mandar, que el consumidor que ha tenido o ha adquirido esas facturas es un contribuyente o un delincuente no peligroso. El peligroso es el que lleva a cabo estas operaciones, el no peligroso es el que lo consume, porque a fin de cuentas tiene una actividad lícita y para mínima la carga tributaria consume el producto, pero su actividad es lícita. A ellos no los queremos en la cárcel. Sí vamos a presentar querellas respectivas o vamos a iniciar procedimientos pero les vamos a dar oportunidad de que se regularicen, que le quiten los efectos fiscales a esas facturas, paguen el impuesto sobre la renta, el IVA que les corresponde y nosotros no vamos a ejercer acción penal.
–¿Entraría en ese ámbito el fraude con outsourcing?
–Es semejante, porque a final de cuentas el outosurcing ofrece pagar pocas cuotas de seguridad social, no pagar impuestos y dan una factura por los servicios que te dan y ellos tienen un esquema de facturaras, entonces es el mismo caso: a ti te dan un comprobante y resulta que la empresa que da el comprobante no tiene trabajadores, no tiene materialidad, no puede acreditar el servicio que dieron, entonces esa factura, si se acredita que no pudo haber entrega material del servicio o que hubo engaño por parte del contribuyente, estamos en el mismo supuesto. A los que son duros del outsourcing y llevan a cabo estas actividades ilícitas es delincuencia organizada, al que compró el servicio le daremos la oportunidad de que se regularice.
El outsourcing es ilegal si no se cumplen con las obligaciones fiscales.
Lo delicado del outsourcing es que estamos condenando a toda una generación a que no tenga ni casa ni pensión, porque esas empresas dan de alta a los trabajadores con un salario mínimo o a veces ni lo dan de alta y eso implica que no coticen para el fondo del retiro ni para el Infonavit.
–¿Todo lo que se está anunciando aplicará también para la nueva administración?
–La instrucción del Presidente es perseguir los delitos sea quien sea. Aquí se acabó la corrupción, tenemos que acabar con los delitos sea quien sea. Si encontramos irregularidades, sea quien sea.
–¿Y de mañana qué se espera?
Yo espero que salga favorable la dictaminación de la reforma y con eso se puede estar analizando en el pleno. Sale del Senado a Diputados y seguirá su proceso legislativo para pasar al Ejecutivo para su promulgación y publicación y la entrada en vigor y ya podremos utilizarla.
