“Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos demenciales. Debemos iluminar los oscuros rincones de Internet y detener los asesinatos en masa antes de que comiencen.” Esto es parte de lo que dijo Donald Trump en su mensaje a la nación tras los tiroteos ocurridos el fin de semana en el El Paso, Texas y en Dayton, Ohio.

Según el Washington Post, el Presidente utilizó 105 palabras de su discurso para culpar a Internet y a las redes sociales de lo ocurrido y solamente 80 para condenar el racismo y el odio (1).

Para Trump, como para muchos otros gobernantes, Internet y las redes sociales son los culpables de la tragedia, no el mensajero del odio -los perpetradores de los tiroteos-, ni mucho menos aquello que le da intencionalidad al actuar, como lo han sido las expresiones que él mismo ha emitido desde el inicio de su gobierno en contra de ciertos grupos y sectores.

Pero ¿qué se hace con los que propagan discursos intolerantes y violentos?

Bajo la necesaria y legítima protección contra la discriminación, los gobiernos propician respuestas al “discurso de odio” que muchas veces se traducen en restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, la prohibición que censura puntos de vista por el hecho de ser ofensivos es, además de inapropiado, contraproducente para la promoción de la igualdad, pues fracasa en direccionar el problema hacia los prejuicios sociales arraigados que generan este tipo de expresiones.

El racismo y la discriminación no acabaran si censuramos Internet y controlamos la información que fluye en las redes sociales. Por el contrario, limitar los alcances de un Internet libre y abierto, puede ser un factor que profundice la desigualdad, excluyendo a ciertas voces y socavando el debate. El derecho de toda persona a ser oída, a hablar y a participar en la vida política, artística y social es, a su vez, indispensable para la realización y el disfrute de la igualdad y, actualmente, las tecnologías de la información y comunicación son un medio crucial para todas las personas, pero en particular para que quienes pertenecen a minorías y grupos marginados aprendan, desarrollen y busquen apoyo sobre su identidad y temas relacionados, construyan comunidades con otros y generen una oposición a la intolerancia y al mismo “discurso de odio” (2).

Combatir este tipo de discurso y promover la igualdad implica el desarrollo de una serie de medidas positivas que propicien un mayor entendimiento y tolerancia a la otredad. Censurar las voces que discriminan, por el medio que sea, no hará que desaparezcan. Las respuestas al “discurso de odio” deben estar relacionadas con medidas que ataquen los prejuicios que le dan pauta.

Por esto, es importante reparar en la obligación de los funcionarios públicos, desde el más alto nivel, de reconocer y hablar en contra de la intolerancia y la discriminación, incluido el “discurso de odio”. Para ello, es necesario reconocer la conducta per se, pero también el prejuicio del que emana este tipo de discurso; expresar empatía y apoyo a los receptores del discurso y reprochar el daño que le causa a toda la sociedad (3).

También es necesario promover el pluralismo mediático. Las campañas educativas y la información pública son esenciales para combatir estereotipos negativos (4). Los medios de comunicación deben cuestionarse su rol en la difusión del “discurso de odio” y en la generación de contranarrativas que apoyen, se solidaricen y de voz a los poblaciones que están siendo las receptoras del odio.

Los intermediarios de internet, por su parte, deben explorar mecanismos para capacitar a los usuarios para responder y combatir el "discurso de odio", en lugar de que la respuesta principal sea la remoción de contenidos. Esto podría incluir una mayor conciencia entre los usuarios de la importancia de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad y a la no discriminación (5).

Finalmente, la sociedad tiene un papel crucial que implica rechazar el “discurso de odio” y la discriminación en todas sus formas, acompañar a las poblaciones receptoras, difundir su narrativa y promover su participación activa en el espacio cívico.

(1) Bump, Philip, Where blame for the weekend’s mass shooting lies, according to Trump, disponible en: https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/05/where-blame-weekends-mass-shooting-lies-according-trump/?utm_term=.efe98ec42e2f
(2) ARTICLE 19 (2015), ‘Hate Speech’ Explained. A toolkit. Londres, ARTICLE 19.
(3) Naciones Unidas (2012), Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue, presentado de conformidad con la resolución 16/4 del Consejo de Derechos Humanos, A/67/357, Asamblea General, 7 de septiembre de 2012. párr. 65
(4) Véase, el Plan de Acción de Rabat 2012, parr. 37
(5) ARTICLE 19 (2015), ‘Hate Speech’ Explained. A toolkit. Op cit. pg 61

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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