Aún si ser esclarecido en su totalidad, el caso Oceanografía vuelve a ser noticia: el nombre del ex dueño de empresa aparece en la lista de “personas relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V”. El número 29 de esa lista es Amado Omar Yáñez Osuna y es, de nueva cuenta, por el caso de la compra del Club Gallos.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- En 2017, Amado Yáñez Osuna, ex dueño de la empresa Oceanografía, pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para obtener su libertad condicionada luego de pasar en el Reclusorio Sur dos años y medio. Se le consignó en ese entonces de un desvío de 55 millones de pesos de Banamex a su otra empresa AMRH Internacional Soccer, dueña del Club Gallos Blancos de Querétaro.
Dos años después, el equipo de fútbol y Yáñez Osuna aparecen de nueva cuenta en una demanda, pero en la que el empresario Hugo Bustamante llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) y donde detalla todos los actos que se realizaron alrededor de Libertad Servicios Financieros. Derivado de ese acto, Juan Collado Mocelo cumplió ya una semana preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
De acuerdo con la orden de aprehensión relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, el señor Amado Omar Yáñez Osuna está en la lista de personas catalogadas como “relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros”.
En el documento de 141 páginas, las citas sobre Amado Yáñez empiezan en la parte del testimonio de Hugo Bustamante en la que narra cómo diversas personas dentro de Caja Libertad idearon “un método para enriquecerse y al mismo tiempo lavar dinero”, que fue poner a cada uno de los créditos un seguro obligatorio que se replicaba por miles de créditos (más de 20 mil créditos mensuales). Esto, dice la denuncia, fue por instrucciones de Juan Collado y José Antonio Rico Rico, antecesor de Collado en la Presidencia de Caja Libertad.
Lo obtenido se ahí se depositó en diversas empresas que transfirieron cantidades muy importantes a México y España u otras partes del mundo.
“En el año de 2014 me consta que Libertad S.A. de C.V. S.F.P., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre […] recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimientos financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez”.
Bustamante agregó que Yáñez tuvo negocios con Rico Rico que a la vez involucraban a más personajes. Además, dijo que él mismo vio pagarés firmados por Amado a favor de Rico por 8 millones de dólares.
Rico le habría vendido el equipo de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la compartió con Juan Collado, cuando el equipo se había adquirido originalmente con créditos de Caja Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”.
El testimonio de Bustamente agrega más datos sobre entrega de dinero: “Me consta personalmente que en una ocasión, estando con el señor Rico Rico en el Club de Industriales de Querétaro, una persona del sexo masculino le entregó un paquete, el provenía por dicho de esa persona de Amado Yáñez y contenía 500 mil dólares en efectivo”.
Hay otro apartado en la demanda, en el que se explica el caso de Club Gallos Blancos de Querétaro. En el año 2013 Rico Rico era poseedor y dueño de ese equipo pero Bustamante sostuvo que se pudo comprar gracias a los créditos generados en Libertad Servicios Financieros y que se tramitaron por orden e instrucción de él, a nombre de Ario S.A de C.V, Comercializadora y Administradora Cimatario S.A. de C.V. y otras empresas.
“El hecho es que Rico Rico, le vende el equipo a Amado Yáñez, el obscuro propietario de la empresa Oceanografía y empresario que a la postre va a la cárcel, se lo vende en la cantidad de 8 millones de dólares, cantidad que, por boca de Rico Rico, le paga Amado Yáñez, haciendo varias transferencias a cuentas de Rico Rico a bancos del extranjero”, dice la demanda.
Es decir, que el dinero obtenido a través de Libertad Servicios Financieros –cuyos dueños son los socios– pasó a ser propiedad de Rico Rico tras la venta del equipo de futbol.
El relato de Bustamante agrega que el contacto para que Rico Rico y Amado Yáñez se conocieran fue una persona de nombre Martín Díaz Álvarez, otro implicado en el caso de Oceanografía. Este empresario tuvo que salir del país por temor a ser detenido; estuvo fuera dos años, pero luego en 2016, un Tribunal Colegiado canceló la orden de aprehensión en su contra al determinar que no tenía ningún nombramiento en la empresa de Amado Yáñez.
Díaz Álvarez también fue Presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad cuando ésta enfrentó acusaciones de lavado de dinero, sin embargo, la Comisión Nacional bancaria y de Valores (CNBV), con Jaime González Aguadé como titular, la exculpó de los señalamientos: “Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación”. Luego, Aguadé pasó a ser Consejero de Libertad y Juan Collado Mocelo llegó para diseñar la estrategia legal de la Caja y para presidirla.
Bustamente presentó a la Fiscalía copia de algunos pagarés de Amado Yáñez a Rico.
Oceanografía prestó servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del Partido Acción Nacional (PAN) hasta llegar a ser la principal subsidiaria de la petrolera.
De acuerdo con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos; aunados a los casi tres mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.
Fue en febrero de 2014 cuando fue acusada de haber incumplido con el pago de unas fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de Gobierno.
Dos semanas después, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235 millones de dólares, después de impuestos.
