“Mi cliente Emilio Lozoya está en la ciudad de México, pero no lo van a encontrar” dijo muy seguro de sí mismo el abogado Javier Coello Trejo. Hoy, gracias a un extraordinario trabajo de Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab) y Arturo Ángel (Animal Político) sabemos que la certeza del abogado tenía bases firmes y estas son nada menos que el control que tiene del caso desde dentro de la Fiscalía.

Lo que descubrieron estos reporteros no es menor: Los Coello, padre e hijo, son abogados de Lozoya, pero también lo son del Fiscal Alejandro Gertz Manero. Este último los contrató y les dio poderes para investigar la sospecha de que la muerte de su hermano Federico puedo haber sido un homicidio. Los dos se hicieron bolas para explicar por qué no había conflicto de interés y sobre todo por qué Gertz no lo declaró en su momento. Pero luego vino una revelación aún mayor y es que el fiscal encargado de perseguir a Lozoya, Juan Ramos López, era nada menos que uno de los auxiliares de Coello. Todo pues queda entre cuates, la justicia se hace entre amigos.

Lo mismo podemos decir de la comisión del delito. Un reportaje de Sinembargo muestra cómo uno de los dos avalúos de la empresa Fertinal, hoy catalogada como chatarra, la hizo la firma de Pedro Aspe, Evercore, donde años antes había trabajado quien era el secretario de Hacienda en el momento de la compra de la empresa, Luis Videgaray. El otro avalúo, más o menos consistente con el primero, lo hizo Goldman Sachs. Aunque sabemos que posteriormente alguien se quejó en el consejo de administración de Pemex de que el avalúo privado estuvo mal hecho y la empresa tenía capital negativo, cuando la Auditoría Superior de la Federación solicitó la documentación resulto inexistente y la información fue declarada como reservada.

Resulta, pues, que tanto la compra, con las posibles irregularidades, como la persecución de los delitos y lo presuntos culpables, ha sido de punta a punta un proceso entre cuates. Lo que pasó en gobiernos anteriores no tiene remedio, en todo caso lo que toca es perseguir los delitos que se hayan cometido. Pero si quien persigue no solo es cuate, sino que ha sido subordinado de quien defiende, la credibilidad de la justicia queda en entredicho antes aún de llegar al juez.

Lozoya, como todo acusado, merece ser tratado con justicia y en un debido proceso. Pero el hecho de que la persecución esté viciada de origen apunta a que este será un caso de más de justicia fallida que solo abonará a incrementar el sospechosismo y el relato, siempre creíble, de que todo cambia para seguir igual.

Diego Petersen Farah

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