Las familias de estatus mixto incluyen a miembros que son elegibles y inelegibles para recibir asistencia federal en la vivienda con base en su estatus migratorio.
Por Araceli Martínez Ortega
Estados Unidos, 27 de junio (La Opinión).- Desde que Marisela Sierra escuchó que ella y su familia podrían ser desalojadas de la casa con subsidio federal que ha habitado en las últimas dos décadas en los llamados Proyectos de Pacoima en el Valle del San Fernando, vive preocupada.
“No quiero ni imaginarlo. Por dos habitaciones pagamos 774 dólares, y nos acaban de subir a 850 dólares la renta mensual. He buscado en otros lugares, y por una recámara piden entre mil 500 y mil 800 dólares. Es imposible de pagar. En mi familia, somos tres, y soy la única que trabaja”, dice.
Marisela tiene una familia con estatus migratorio mixto, dos de sus miembros no tienen papeles de residencia permanente en los Estados Unidos, pero uno sí.
Sus temores surgieron cuando se enteró que el 10 de mayo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dio a conocer una propuesta de regla para prohibir el estatus mixto en las familias que habitan la vivienda pública y subsidiada en el país.
Las familias de estatus mixto incluyen a miembros que son elegibles y inelegibles para recibir asistencia federal en la vivienda con base en su estatus migratorio.
Aunque los migrantes no pueden recibir asistencia federal para la vivienda, sus familiares con residencia o ciudadanía sí pueden asegurar un hogar para su familia.
Si es aprobada la regla propuesta, podría llevar al desalojo inmediato de 25 mil familias de estatus mixto, incluyendo a 55 mil niños, principalmente ciudadanos de los Estados Unidos que son elegibles para vivienda asistida, lo que aumentaría el desamparo en todo el país, particularmente en Los Ángeles, donde es un serio problema.
Además crearía aproximadamente 227 millones de dólares en costos adicionales para el HUD, reduciría la asistencia para la renta y aumentaría el desamparo.
Durante una conferencia de prensa, los concejales de la ciudad de Los Ángeles hicieron un llamado para pedir a los angelinos que se unan y expresen su rechazo a la regla que pretende ser implementada por el Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano para desalojar a las familias con estatus migratorio mixto de las casas y departamentos que reciben subsidio federal.
“Esta propuesta de ley significa que nuestras familias van a ser botadas a la calle por no tener papeles. No solo en la frontera donde separan a los niños de sus padres, pero ahora en las viviendas de Los Ángeles, más de 11,000 personas se irían a la calle bajo esta regla”, dijo la concejal Nury Martínez. “¡Esto es simplemente cruel! Las personas están tratando de averiguar cómo arreglar su estatus migratorio mientras habitan en viviendas públicas”, exclamó.
Y recordó que ella es hija de migrantes, y que su papá fue deportado tres veces antes de que ella naciera. “La tercera vez, mi mamá estaba dando a luz. Por lo tanto, sé lo que significa la deportación y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras familias no sigan siendo atacadas por esta administración”, destacó.
La concejal Martínez llamó a seguir peleando contra el racismo y los ataques de la presente administración. Invitó a dejar sus comentarios de rechazo a la regla propuesta en inglés o en español antes del 9 de julio en la página web: https://www.regulations.gov/document?D=HUD-2019-0044-0001.
Las familias más afectadas serían quienes se beneficien de la sección 8 y vivienda pública.
Bill Przylucki de la organización de People Organized for Westside Renewal (POWER), dijo que ellos planean demandar contra la regla una vez que haya una decisión final, pero mientras tanto no lo pueden hacer. Explicó que una vez que se cierre el periodo de recepción de comentarios públicos el 9 de julio, esperarán por la respuesta a los comentarios y luego un fallo, lo que no saben si podría ocurrir este mismo año o el próximo 2020.
El Presidente del Concejo de Los Ángeles, Herb Wesson comentó que es extremadamente ilógico el cambio que la administración federal quiere aplicar para dar asistencia a la vivienda. “Es una película extraña que apesta. Por eso es importante que hablemos del tema, que las familias se mantengan unidas y que voces diversas se expresen en contra. Esto es acerca de proteger el sueño americano”, afirmó.
Esta semana, Wesson presentó una resolución que solicita a los concejales expresarse públicamente en oposición a la enmienda del Acta de Desarrollo Comunitario y Vivienda de 1980, la cual prohibiría que la gente que es migrante pueda ser parte del contrato de arrendamiento en la vivienda pública HUD, aún cuando haya más gente con residencia permanente o ciudadanía estadounidense que quienes no tienen papeles en la casa habitación.
El concejal Joe Buscaino, dijo que en su distrito solo en el área de San Pedro, Wilmington y Watts, saldrían impactadas alrededor de 3 mil personas. “Tenemos 14 días para hacer llegar nuestros comentarios de rechazo, y evitar que 11 mil personas más se vayan a vivir a la calle”, destacó.
