El activista, perteneciente a la organización Cultura Migrante y del Programa de Estudios Migratorios de la Universidad Iberoamericana, es acusado de tráfico de personas, específicamente de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Un grupo de manifestantes se presentó hoy en Palacio Nacional para exigir la liberación inmediata del activista Cristóbal Sánchez Sánchez, detenido el pasado 6 de junio.
De acuerdo con los activistas, las autoridades le acaban de negar a Cristóbal la libertad bajo caución argumentando “peligrosidad social”.
El activista, perteneciente a la organización Cultura Migrante y del Programa de Estudios Migratorios de la Universidad Iberoamericana, es acusado de tráfico de personas, específicamente de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”.
Desde el jueves varias organizaciones civiles han denunciado que el día de su detención no se le presentó a Cristóbal una orden de aprehensión y que policías ministeriales amedrentaron con una pistola a quien se encontraba con él e intentó defenderlo.
Otra de las anomalías que señalaron los manifestantes es que al activista se le detuvo en la Ciudad de México con la orden girada en Tapachula, Chiapas, donde se le acusa de haber cometido el delito el 29 de marzo, fecha en que estaba en Ciudad de México por motivos de salud.
La Subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas les otorgó a los manifestantes una cota para el 18 de junio, sin embargo, les preocupa que Cristóbal será trasladado en breve al reclusorio.
En su labor como activista, Cristóbal ha acompañado a los migrantes que caminan en caravana, incluso las masivas registradas el último año. El niega el pago de dinero a cambio de esto.
La sentencia para el activista puede ir de cuatro a 24 años en prisión.
El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, negó que el Gobierno de México tuviera presos políticos al ser cuestionado sobre la detención de los dos activistas defensores de migrantes.
Dijo que ya solicitó toda la información del caso para de ser necesario intervenir a favor de ellos.
“Vamos a revisar el caso. No hay que criminalizar. Se tienen que dar las condiciones para que desarrollan sus funciones que ayudan a las personas migrantes”, comentó.
Añadió que hasta el momento no ha hablado con los activistas e insistió en que buscará tener todo el proceso claro.
