Erik Del Ángel Landeros
09/06/2019 - 12:03 am
La malsana repartición de contralorías
Lo que se ha vuelto un modo sencillo de llegar a un consenso, ha perjudicado a distintas instancias públicas que son receptoras de las cuotas políticas, lo cual desvirtúa la legitimidad y conducta de los servidores públicos elegidos de este modo.
No es sencillo llegar a acuerdos políticos. Existen diversos modelos, formas o mecanismos para conseguirlo. Las negociaciones se vuelven más complejas en cuanto más fuerzas políticas intervienen, como el caso de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los legisladores han encontrado en el reparto partidista una fórmula para acordar la designación de puestos públicos. Lo que se ha vuelto un modo sencillo de llegar a un consenso, ha perjudicado a distintas instancias públicas que son receptoras de las cuotas políticas, lo cual desvirtúa la legitimidad y conducta de los servidores públicos elegidos de este modo.
Ministros, comisionados, consejeros identificados con partidos nutren a las instituciones mexicanas. Ahora, les tocó el turno a los órganos internos de control (OIC) de los organismos autónomos. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Mario Delgado, utilizó el mismo método malsano de la repartición de puestos. Es decir, aún la transformación política no ha llegado a la legislatura en cuanto a las formas políticas en cómo se llegan a acuerdos. Las bancadas de los diputados se repartieron los OIC de seis entidades: Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Todo indica que el último día de sesiones del periodo ordinario, las tres fuerzas políticas mayoritarias en la Cámara se repartieron las seis designaciones de manera equitativa, dos para cada uno. MORENA habría impulsado a Jesús George Zamora en el INE, y a César Iván Rodríguez Sánchez en el INAI; el PAN a Gricelda Sánchez Carranza en el IFT, y a Manuel Rodríguez Murillo en el INEGI, quien, por cierto, había sido descartado en comisiones para dicho puesto, pero apareció como elegible en la sesión plenaria como por acto de magia. Así pues, Murillo tomó protesta, mientras al electo en comisiones, Ricardo Garza Espíritu, no le permitieron el acceso al pleno y se tuvo que quedar afuera con todo y familia. El PRI habría estado detrás de la designación de Arturo Serrano Meneses en el FGR y Elizabeth Morales García en COFECE. Por otro lado, David Villanueva Lomelí fue elegido como el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Villanueva era el contralor de Puebla, morenovallista y yerno del exgobernador priista Melquiades Morales.
La repartición fue aprobada mayoritariamente por los diputados, excepto por el caso de Elizabeth Morales, quien había sido Diputada por el PRI y alcaldesa de Xalapa, Veracruz por el mismo partido. Toda su carrera política se había desarrollado bajo el amparo de Fidel Herrera y, principalmente, de Javier Duarte. Los coordinadores de bancada y, sobre todo, Mario Delgado subestimaron la reacción que podrían tener los diputados de Morena de Veracruz. Ellos buscaron a su coordinador parlamentario para plantear su rechazo a la elección de Morales en el OIC de COFECE, pero Delgado ni si quiera los recibió. Cuando la discusión y votación llegó al pleno, los legisladores veracruzanos protestaron, sosteniendo que no eran borregos y lograron echar para atrás la designación. Los diputados de Morena en Veracruz dieron una lección a Delgado, un acicate a su actitud soberbia o, acaso, a su desconocimiento sobre la unidad que hay en esa “subfracción” regional del partido que gobierna.
La reacción política de los legisladores veracruzanos dejó incompleta la repartición partidista de los OIC. Evidenciada y develada la componenda ¿qué pasará? ¿El PRI simplemente reemplazará su ficha por una con un perfil político más decoroso? Sería lamentable que así fuera. Ojalá los legisladores aprovechen esta oportunidad para elegir a un contralor por sus méritos y su conocimiento sobre COFECE; justo en el momento en que su titular, Alejandra Palacios, tiene una demanda en ese OIC por presuntas violaciones a la seguridad jurídica y al debido proceso, por parte de Banco Azteca.
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