Hace 3 años, en una conversación con el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, compartió la necesidad de generar confianza hacia el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos desde las organizaciones de la sociedad civil. Para él, esto era un elemento necesario para reducir la violencia. En conjunto, las organizaciones que conforman el Espacio OSC, señalamos que la confianza no es algo que se da por sentado, que se logra a través de la rendición de cuentas y de la efectividad e idoneidad de las medidas que otorga el Mecanismo, dijimos que era necesario reconocer las fallas en los casos en los que un periodista protegido había sido agredido y las acciones que se llevarían a cabo para asegurar la no repitición.

Después de esto, el 2 de marzo del 2017 asesinaron a Cecilio Pineda, un periodista del estado de Guerrero a quién se le habían retirado las medidas de protección porque no accedió al desplazamiento forzado que le sugerían. Luego, el 23 de agosto del mismo año, Cándido Ríos -él sí beneficiario del Mecanismo- fue asesinado en  Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

En Quintana Roo, José Guadalupe Chan, periodista de Playa News, denunció una serie de amenazas en su contra a las autoridades estatales quienes fallaron en otorgarle la protección debida y fue asesinado en junio de 2018. Tras los hechos, su colega Rubén Pat, acudió al Mecanismo de Protección (federal) y fue asesinado al mes siguiente.

No obstante, solamente en el caso de Cándido Ríos, Roberto Campa habló de su asesinato y de las medidas que el Mecanismo le otorgó. Señaló -sin ninguna investigación de por medio y a unas horas de los hechos- que el homicidio nada tenía que ver con el trabajo de Cándido. De esta manera, replicando el patrón de estigmas y desestimación a priori de la labor periodística como móvil del crimen, poca confianza se podría construir.

Ahora, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya se registran dos periodistas beneficiarios del Mecanismo asesinados. En enero fue privado de la vida Rafael Murúa en Baja California Sur y, la semana pasada, en Quintana Roo, Francisco Romero, ex colaborador de Playa News. Tras el crimen, durante la conferencia matutina del 17 de mayo, el Presidente rechazó la violencia ejercida en contra de la prensa e instruyó a reforzar las medidas del Mecanismo de Protección.

Antes, el 25 de marzo, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había señalado que se está realizando un diagnóstico del funcionamiento del Mecanismo y se habían identificado diversas fallas que evitan prevenir las agresiones contra la prensa. Señaló que terminado el diagnóstico informaría sobre las acciones que se implementarían para reformar el Mecanismo.

Entonces ¿quién es el responsable de los asesinatos a periodistas protegidos por el Estado?

Desde hace varios años, Artículo 19 ha dado cuenta de la violencia a la que se enfrentan las y los periodistas en este país. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto documentamos más de 2500 agresiones de las cuales el 48 por ciento fueron perpetradas por agentes del Estado y un 99.13 por ciento se quedaron en la impunidad. Esta documentación nos ha permitido identificar los distintos patrones y actores de la violencia en diversos contextos para así recomendar al Estado diversas acciones que se debieran emprender para acabar con estos crímenes.

Durante más 10 años nuestra exigencia al Estado ha sido por el combate a la impunidad. Hemos señalado una y otra vez que no habrá Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas que alcance y sea sostenible mientras no existan consecuencias para aquellos que deciden acallar a un o una periodista. Así de claro, el Mecanismo puede tener la voluntad de erradicar la violencia contra la prensa, el presupuesto suficiente para desplazar a todos/as los periodistas en riesgo, personal suficiente en número y en capacidades; pero mientras las Fiscalías no hagan su trabajo, mientras no den con responsables materiales e intelectuales, mientras no nos permitan reconocer a través de las investigaciones por qué decidieron ir agredir a un periodista, no habrá prevención de la violencia.

El sistema de protección hoy se encuentra fragmentado y requiere de una política integral de protección que NO solamente involucra al Mecanismo coordinado desde la Secretaria de Gobernación (federal), sino a los Gobiernos de los Estados de la República y a las Fiscalías federal y locales. Así las cosas, la Federación, como en muchos otros rubros, ha tenido que ejercer funciones que le corresponden a gobiernos locales penetrados por la delincuencia y la incompetencia. Ya a estas alturas, damos por hecho que a esos actores políticos no se les puede pedir que cumplan con sus funciones y deberes; diluyendo, en los hechos, cualquier responsabilidad legal y política.

En los últimos años las y los ciudadanos hemos perdido la confianza en las instituciones porque estas han dado soluciones cosméticas a problemas complejos que requieren voluntad. Cada vez son más quienes deciden acercarse a distintos actores sociales -incluidas las organizaciones de sociedad civil- a llenar los vacíos que ha dejado el Estado. Un Estado que en su conjunto y a todos niveles genera temor y desconfianza, un Estado que se ve como el problema y no como la solución.

Por eso es importante que este gobierno federal con “vocación de transformación” retome el rumbo y cumpla con sus funciones de promoción, prevención, protección y sanción de las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos contra periodistas.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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