Los adeudos se remontan a 2011 para el estado de Puebla, que ha sumado 75 millones a su cuenta; en tanto que el monto para el estado de Tabasco asciende a 150 millones de pesos desde 2016, pero para los ejidatarios los daños al ecosistema, la agricultura y la salud de quienes habitan las comunidades son incalculables.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Organizaciones ejidales de los estados de Puebla y Tabasco exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) el resarcimiento del daño económico, por más de 200 millones de pesos, por afectaciones a sus cultivo por el paso de ductos alojados en sus tierras.
La Directora de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C, Cecilia García, denunció que Pemex y Cenagas dejaron de pagar indemnizaciones, por el monto antes mencionado, a comuneros cuyas tierras han sido afectadas por derrames de hidrocarburo y retención de agua, así como por actos derivados de tomas clandestinas realizadas por huachicoleros.
El grupo de ejidatarios, representado por la asociación Anauatlal, habría dejado de recibir los pagos debido a un recorte presupuestal.
Los adeudos se remontan a 2011 para el estado de Puebla, que ha sumado 75 millones a su cuenta; en tanto que el monto para el estado de Tabasco asciende a 150 millones de pesos desde 2016. Sin embargo el grupo de ejidatarios ha denunciado que los daños al ecosistema, la agricultura y la salud de quienes habitan las comunidades son incalculables.
De acuerdo con Cecilia García el daño en Tabasco afecta a 3,000 ejidatarios del municipio de Huimanguillo. Además, “se ha visto afectada la producción de caña, coco, cacao, plátano y pastizales para ganado”
En el caso de Puebla, las afectaciones se dirigieron a la producción de hortalizas y maíz derivado debido a la contaminación de pozos de riego “por derrames de diversos hidrocarburos de ductos de Pemex por robo (huachicol) o daño derivado de falta de mantenimiento a infraestructura petrolera ubicada dentro de las tierras de los propietarios”, declaró García.
Es en esta entidad en la que se centraron mayores afectaciones. La Asociación Anauatlali denunció que no sólo es la falta de pago, sino que se le otorgó a Pemex un permiso para el alojamiento de un ducto (de 8 pulgadas de diámetro) en un diámetro de 16 kilómetros a los poblados representados por la asociación, cuyos trabajos iniciaron en octubre de 2018, pero fueron detenidos.
El argumento de Pemex ante las afectaciones por la interrupción en la obra refiere a la falta de presupuesto por parte del Gobierno federal, por lo que los cultivos en los terrenos modificados para la construcción del ducto fueron afectados por la realización de una zanja de 4 metros de profundidad y, en los peores casos, quedando al descubierto impidiendo actividades de cultivo.
“Lo anterior sin considerar la gravedad de la contaminación al agua potable, ríos, a la tierra, al aire, así como el gran ruido que generan las instalaciones y trabajos de Pemex en la región de Tabasco”, dijo García.
La organización exigió el pago de las afectaciones en ambas entidades por parte de Pemex, como de Cenagas. En el caso de esta última, planteó que sostiene la administración de un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, poco más de 1.5 metros, que cruza 16 localidades de Huimanguillo, Tabasco.
La Asociación Anauatlali exigió el pago, por concepto de retención de agua, pues lo que se acumula a lo largo y ancho el ducto propicia crecimiento de maleza propia de la zona aumentando con ello la cantidad de agua retenida lo que provoca pérdida de cultivos y desaprovechamiento de los terreno.
DENUNCIAN ESTUDIOS
El grupo de activistas denunció que Cenagas pagó a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerca de 40 millones de pesos, de 2016 a 2018, para la realización de un estudio que demostrara que las afectaciones de los ductos es “improcedente de pago” para diversas localidades de Tabasco y Veracruz, quienes hasta 2016 recibían 50 millones de pesos al año por parte de Pemex.
La Asociación Anauatlali denunció además que los dictámenes no estaban firmados por profesionales de la UNAM y que tenían errores.
“Ahora con la negativa de pago y la intención institucional de desconocer a la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C, como representante de los afectados CENAGAS pretende ‘negociar a modo’ con los ejidatarios a quienes en algunos casos pretende pagar solo 2,000 pesos cuando la indemnización oscilaba en los 15,000 por retención de agua en sus tierras, bajo el mismo argumento de Pemex de que ‘hay ajuste presupuestal’, aunado a esto las dictaminaciones de improcedencia de pago”, indicó la organización.
Otra de las denuncias hechas por la organización indicó que Cenagas pretende realizar un estudio conjunto con Pemex para imponer una nueva normatividad para el pago de indemnizaciones, en el que se establezca que el pago de indemnización se realice a las tierras afectadas a menos de medio kilómetro de la intervención del ducto bajo la tierra.
