Con este amparo se pretende frenar todos los actos que podría celebrar el secretario de Planeación y Finanzas, el Gobierno del Estado, con el propósito de ejecutar tanto el refinanciamiento de 12 mil 500 millones de pesos de deuda, y la contratación de un crédito por 2 mil 600 millones de pesos para jubilaciones, pensiones y maestros.
Baja California/CdMx, 18 de mayo (Zeta/SinEmbargo).- El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE) presentó este 17 de mayo de 2019, el juicio de amparo en contra del Decreto 335, informó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías quien comentó que será el próximo martes cuando el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en Tijuana resolvería la admisión del recurso legal, con el que podría suspenderse dicho decreto.
Con este amparo se pretende frenar todos los actos que podría celebrar el secretario de Planeación y Finanzas, el Gobierno del Estado, con el propósito de ejecutar tanto el refinanciamiento de 12 mil 500 millones de pesos de deuda, y la contratación de un crédito por 2 mil 600 millones de pesos para jubilaciones, pensiones y maestros.
Así como continuar con las obras del segundo piso Periférico Zapata-Aeropuerto y las de la desalinizadora de Rosarito, manifestó el especialista. Indicó que, si bien el sector empresarial ha tenido reuniones con los funcionarios de la administración de “Kiko” Vega, “hemos visto que el Decreto se ha mantenido, incluso han avanzado” y lo que tenemos que garantizar como ciudadanos es que los recursos se manejen con transparencia.
“Lo que queremos decirle al Juez es que este decreto está indebidamente confeccionado, hay errores, manifiestos que pueden poner en riesgo las arcas gubernamentales. Te pedimos juez que en esencia detengas los actos de ejecución y que el gobernador y el secretario se abstengan de cualquier contratación, convenio, celebración de fideicomiso o cualquier acto u actividad que comprometan las finanzas del Estado, las participaciones o los impuestos”.
Explicó que el sector empresarial no se opone a las obras, al desarrollo, a avanzar y tampoco atiende a una agenda política como lo ha manifestado el Estado, más bien atiende a una necesidad de presentar un medio de defensa el cual está en tiempos legales con el que se corrija la situación.
