Cirino Plácido Valerio, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), aclaró que no coincide en que hayan involucrado a la niñez en el servicio de defender al pueblo, no obstante, añadió que los gobiernos de los tres niveles son los responsables de establecer la paz y la seguridad.
El sábado, se difundió un video de niños de ambos géneros, de entre siete y 10 años de edad, realizando ejercicios marciales, con palos como armas, y uno al frente leyó un comunicado donde se dicen sobrevivientes de la masacre del pasado 27 de enero, donde se reportaron 12 muertos y cuatro heridos de su localidad. Advirtieron que “por cada comunitario que (Los Ardillos y Los Rojos) maten, vamos a matar 10 sicarios”.
Por Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero/Ciudad de México, 15 de mayo (ElSur/SinEmbargo).– El líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Cirino Plácido Valerio, señaló que por desesperación, pobladores de Rincón de Chautla, en Chilapa, involucraron a niños en su grupo de la Policía Comunitaria.
Explicó que la localidad está en medio de dos de grupos de narcotraficantes que se disputan hace varios años el territorio, y siguen operando en la región, por la complicidad que existe con autoridades municipales, estatales y militares.
En consulta telefónica, Plácido Valerio denunció que en Chilapa, “efectivamente hay una desesperación ante el acoso de la delincuencia, (los pobladores de Rincón de Chautla) están a dos fuegos, de Los Rojos y Los Ardillos”.
Aclaró que no coincide en que hayan involucrado a la niñez en el servicio de defender al pueblo, no obstante, añadió que los gobiernos de los tres niveles son los responsables de establecer la paz y la seguridad.
Sin embargo, recordó que en la historia de Chilapa de los últimos años, cuando Los Ardillos ocuparon la cabecera municipal y algunas localidades, asumiendo el papel de policías comunitarios, para desalojar a los Rojos, la población de Rincón de Chautla los denunció y pidió ayuda a las autoridades, y nadie le hizo caso.
En este contexto, los pobladores se organizaron y sacaron a los delincuentes de su territorio, y entre otras agresiones fueron asesinados recientemente sus compañeros, el concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno, José Lucio Bartolo Faustino, y del delegado del Congreso Nacional Indígena Modesto Verales Sebastián, de las comunidades indígenas de Xicotlán y Buenavista.
“Tenían años organizando a la Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos”, denunciaron de manera conjunta con el Congreso Nacional Indigenista (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 5 de mayo.
Cirino Plácido advirtió que la zona sigue bajo la amenaza de la delincuencia. Lamentó que a las autoridades del Gobierno del estado y de la federación, que disponen de servicios de inteligencia y conocen quiénes son los delincuentes, “eso no les interesa”, “no hacen nada porque son cómplices de la delincuencia”.
Recriminó que los funcionarios dicen que si la Comunitaria se sale de su comunidad, el Ejército la va a desarmar. “No atacan las causas, están amenazando intimidando a la gente”.
El sábado, se difundió un video de niños de ambos géneros, de entre siete y 10 años de edad, realizando ejercicios marciales, con palos como armas, y uno al frente leyó un comunicado donde se dicen sobrevivientes de la masacre del pasado 27 de enero, donde se reportaron 12 muertos y cuatro heridos de su localidad. Advirtieron que “por cada comunitario que (Los Ardillos y Los Rojos) maten, vamos a matar 10 sicarios”.
Cirino Plácido precisó que el proyecto de la Policía Comunitaria es noble, y busca que se restablezca el Estado de derecho, y la paz mediante el diálogo, “tenemos principios. Los niños tienen derecho a la vida, los que somos adultos, ya vivimos, ya disfrutamos, es nuestra responsabilidad combatir a la delincuencia”.
No obstante, añadió que “la gente tiene miedo, como ellos anuncian para involucrar a la niñez: el mismo riesgo corren los niños sumergidos en esta violencia. En la desesperación, la gente se puede levantar en armas contra la delincuencia porque no encuentra otra salida”.
Insistió en que el Gobierno sabe quiénes son los cabecillas de los bandas delictivas, quiénes trafican las drogas y quienes las producen. “Vemos la desesperación, que no hay confianza en el Gobierno que se hace de la vista gorda. No hay gobernabilidad, hay vacío de poder. La delincuencia ha pactado con todas las dependencias”.
Por otro lado, enfatizó que niños y jóvenes se están involucrando en la delincuencia y de nada sirve que Chilapa esté lleno de militares. Mientras el Gobierno estatal hace “declaraciones irresponsables” sobre los niños en la Policía Comunitaria, pero no combate las causas de fondo.
Aclaró que Chilapa, Acapulco y Chilpancingo son zonas conflictivas, “con grupos de la delincuencia que se denominan policías comunitarias, y son tolerados (por militares y policías)”.
“Vemos cómo la estrategia (es) para intimidar y someter a la población, porque no hay gobernabilidad. La relación de Gobierno con la delincuencia se convirtió en un negocio, el reparto de dinero a las autoridades que deja sola a la población”.
Se lanzó también contra el grupo de Policías comunitarias de Xaltianguis, Acapulco, conocidos como Los Dumbos, que sacaron a balazos del poblado a los integrantes la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Indicó que el sistema comunitario tiene principios, legitimidad, “no es par sembrar terror, están sujetos a los mandatos de los pueblos, y sus integrantes cuentan con actas de asamblea, es requisito para que se llamen comunitarios.
Exigió a la Comisión de Derechos Humanos Estatal Guerrero (Codehum) que presione para que se cumpla con la ley.
“Realmente es un momento difícil, por todos lados, por la inseguridad, por la pobreza, y principalmente la falta de información lleva a la integración de los jóvenes a la lista de sicarios. Se complica la guerra de pobres contra pobres, y el Gobierno no hace nada”.
También mencionó el asesinato del coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, el 13 de abril. “Podemos sospechar que el Gobierno usa a toda la delincuencia para deshacerse de los grupos que organizan para combatir a la delincuencia. Sólo cuando hay violencia (muertos) acuden”.
