Las organizaciones llevarán ante la ONU los casos de las indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002, hecho por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano y en junio de 2018 emitió una sentencia por una de ellas.
El informe también señala que Guerrero es uno de los estados más peligrosos para defender derechos humanos como lo muestra la criminalización, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
Por Ramón Gracida Gómez
Ciudad de México, 24 de abril (El Sur/SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil presentarán hoy un informe sobre la tortura en México ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que Guerrero destaca en las diferentes formas de este crimen. El 15 por ciento de las mujeres que están en prisión en el estado declararon ser violadas sexualmente durante su arresto.
Se recomienda dar seguimiento a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega para alcanzar “sentencias firmes” en contra de los militares acusados de su violación ante el riesgo de impunidad, y garantizar verdad y justicia en los crímenes de la guerra sucia.
Por estos antecedentes y la falta de controles para hacer frente a abusos, “causa alarma” la Guardia Nacional, advierte.
Organizaciones de la sociedad civil elaboraron el Informe alternativo de México para llevarlo al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019 que documenta patrones generales y estructurales de la tortura en México, como la impunidad y la falta de independencia del Poder Judicial, además de casos que “suelen mostrar diferentes modalidades e impactos dependiendo” de las características de la persona y los contextos.
Será presentado hoy en el 66 periodo de sesiones de ese Comité que empezó el día de ayer en Ginebra, Suiza, y terminará el 17 de mayo. Ahí se realizará el séptimo examen periódico de México.
Resalta la tortura sexual a mujeres que incluye la violación, la amenaza de cometer dicho acto “para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones)”, también tocamientos y descargas eléctricas.
RIESGO DE IMPUNIDAD
La organización World Justice Project elaboró una gráfica con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se muestra que el 15 por ciento de las mujeres en Guerrero que están en prisión declararon ser violadas sexualmente durante su arresto. El mismo porcentaje tienen Veracruz, Morelos e Hidalgo. Coahuila alcanza un 38 por ciento.
Las mujeres indígenas, “además de enfrentarse a los mismos riesgos durante detenciones, se enfrentan a la militarización en sus comunidades”. Son los casos de las indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002, hecho por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó al Estado mexicano y en junio de 2018 emitió una sentencia por Valentina Rosendo Cantú, una “excepción a la regla de impunidad”.
El informe advierte que la defensa apeló, resolviéndose el 7 de diciembre de 2018 la confirmación de la resolución. Sin embargo, ahora los inculpados han acudido al juicio de amparo, es decir que la sentencia aún puede revertirse.
Una de las dos recomendaciones explícitas sobre Guerrero, de las múltiples plasmadas en el documento, es “dar seguimiento puntual a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a fin de garantizar que en ambos casos se alcancen sentencias firmes en contra de los elementos responsables de su tortura sexual”.
La segunda recomendación es “garantizar verdad y justicia en los casos de tortura y TPCID (Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) cometidos durante la guerra sucia” de la década de 1970, y que desde entonces “se convirtieron en prácticas sistemáticas de las autoridades de Guerrero, fomentadas por la corrupción e impunidad. Lo anterior ocurre, entre otros, en un contexto de militarización que antecede la guerra contra las drogas declarada en diciembre de 2006 y que continúa hasta la fecha”. En 2018 se contabilizaron más de 7 mil 500 militares en el estado.
Debido al historial de abusos e impunidad que han tenido los militares en el estado que no ha implementado controles “mínimamente adecuados” para hacerles frente, “causa alarma” la Guardia Nacional creada pese a las recomendaciones internacionales y la evidencia de los efectos de la militarización en la violencia y las violaciones de derechos humanos. El modelo aprobado establece plazos máximos para poner fin a ciertas formas de militarización, pero lo “cierto es que permitirá que persista un riesgo elevado para los derechos humanos de la población”.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) reportó 101 quejas por presunta tortura y TPCID entre 2008 y abril de 2015, y entre 2006 y 2014 hubo sólo seis averiguaciones previas por tortura y ninguna sentencia.
DENUNCIAN TORTURA CONTRA DEFENSORES
El informe señala que Guerrero es uno de los estados más peligrosos para defender derechos humanos como lo muestra la criminalización, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Señala que la imposición de los megaproyectos en los territorios indígenas es una de las principales causas de las agresiones a defensores como el asesinato de Quintín Salgado Salgado, opositor a la minera Media Luna de la canadiense Torex Gold, por un grupo armado vinculado a esa empresa afuera de su casa el 24 de enero de 2018.
En cuanto a la criminalización de la protesta social se indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2018 por la que señala a la Policía Estatal de torturar el 5 de junio de 2015 y a la Policía Federal de asesinar a Antonio Vivar Díaz el 7 en protestas durante la jornada electoral de 2015 en Tlapa. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGE hoy FGE) ni la Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR) investigaron.
Del uso de la tortura para fabricar declaraciones para encubrir graves violaciones de derechos humanos se menciona a las 34 personas con indicios de tortura, según la ONU, de las 63 detenidas por la desaparición de los 43 normalistas, incluyendo la muerte de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por soldados de la Marina.
Las organizaciones coautoras del informe son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, entre otras, además de las redes Espacio OSC, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos Humanos para Todas y Todos, y Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura.
