El lema “primero los pobres” con el que López Obrador llegó a Palacio Nacional ha provocado un efecto expansivo en las aspiraciones de la clase trabajadora. Sindicatos, gremios y comunidades le están tomando la palabra y comienzan a actuar en consecuencia. En las últimas semanas la CNTE, el sindicato disidente de maestros, decidió resolver de una vez por todas las muchas reivindicaciones pendientes, los sueldos atrasados y bonos retenidos por las autoridades del Gobierno de Michoacán. La vía de presión ha sido poco menos que una pistola en la sien sobre la economía de la región, al bloquear vías de ferrocarril y algunas carreteras, oficinas públicas, bancos y la suspensión total de clases. La negativa tajante de parte del Gobierno federal de evitar el uso de la fuerza para liberar los bloqueos y su disposición para ayudar económicamente al gobernador está permitiendo, todo indica, resolver pacíficamente el conflicto. Al menos en esta ocasión.

El problema es que habrá muchas otras ocasiones y esto apenas comienza. Una porción de la industria maquiladora en el norte está paralizada por el estallido de huelgas con pliegos petitorios de incremento salarial hasta por 20 por ciento. La CNTE en Oaxaca ya comenzó a bloquear caminos para exigir la resolución de sus agravios. No es un escenario improbable que el país se convierta en un territorio minado por un sin fin de conflictos. El descalabro puede ser prohibitivo para una economía que ya de por sí difícilmente crecerá de acuerdo a las expectativas o las necesidades de la población. Por no hablar de la crisis política que puede generar el riesgo de un enfrentamiento violento o simplemente por la exasperación de la iniciativa privada ante el bloqueo reiterado de sus negocios y propiedades (desde fuga de capitales hasta el boicot fiscal y económico, por no hablar de acciones más siniestras).

Para muchos lo único que puede evitar bloqueos y huelgas es el endurecimiento de las leyes y, sobre todo, la intervención del Gobierno para impedir por la fuerza tales incidentes. Pero está claro que esa no es una alternativa para López Obrador. Me parece que tiene razón. Y por varios factores.

Primero, porque los motivos de los sectores populares son legítimos. En efecto, a lo largo de los últimos lustros los trabajadores han perdido poder adquisitivo. El crecimiento anual del PIB per cápita ha sido menor al 1 por ciento (0.9), pero eso solo es una parte de la tragedia. Lo peor es que ese crecimiento no ha sido “per cápita”, porque en realidad el grueso se acumula en la cúspide de la pirámide social, en determinadas regiones y en los sectores punta. Puede parecer excesiva la petición de un incremento al salario de 15 o 20 por ciento por parte de los trabajadores de la maquila cuando tenemos tasas de inflación de 5 por ciento, pero es una exigencia que intenta reparar rezagos acumulados a lo largo de varios años.

Segundo, esos sectores entienden que hay un cambio en la correlación de fuerzas que les permite, por fin, plantear esos reclamos. Las expectativas generadas por un Gobierno que se declara a favor de los pobres no pueden ser desinfladas por un simple llamado a la paciencia. Antes incluso, durante el sexenio de Peña Nieto, muchas comunidades mostraban ya un alarmante nivel de exasperación, en ocasiones violento, fruto de la frustración acumulada. Tal impaciencia se ha acentuado como resultado de las expectativas de cambio del Gobierno de la 4T. Los que se sienten oprimidos o vejados ya no van a seguir esperando. En ese sentido, reprimir por la fuerza los intentos que realicen para conseguir lo que consideran es su derecho, puede provocar una violencia social de pronóstico reservado. Habría que entender que el voto mayoritario por López Obrador es la expresión pacífica de esa impaciencia por parte de la mayoría; si no se reacciona a ella la siguiente expresión no será tan pacífica.

Quizá haya llegado el momento de que el resto de la sociedad civil, la iniciativa privada, las clases medias y altas nos preguntemos qué podemos hacer para resolver las causas del malestar y no solo pedir mano dura para reprimir las expresiones de ese malestar.

El Gobierno de López Obrador ha terminado por destapar una caja de Pandora que ya se había resquebrajado. Necesitamos ahora encararla todos juntos. Una mejor distribución del ingreso, un incremento en el poder adquisitivo de los muchos, provocaría un aumento del mercado interno y por ende un círculo virtuoso para promover la producción y el empleo. Lo que está claro es que no podemos sostener por la fuerza una situación que en la práctica excluye a tantos (la mayor parte de la población económicamente activa trabaja ya en el sector informal).

Pero el Gobierno tendría que convencer a todos de que la rebatinga perjudica al conjunto. La cifra de los daños causados por el bloqueo de la CNTE es varios miles de millones de pesos superior a los recursos que los maestros exigen. El reto mayúsculo que enfrenta López Obrador es concitar la voluntad de los que tienen y los que no tienen para reparar el daño histórico sin que en el proceso de hacerlo nos provoquemos todos un mayor quebranto.

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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