No es casual que las tragedias se desaten en lugares impronunciables o inéditos para el resto de los citadinos. Ayotzinapa, Tlatlaya o ahora Tlahuelilpan terminan por convertirse en nombres familiares por las razones más siniestras, a golpe de muertos. Y tampoco es casual que sean nombres indígenas; los desastres suelen presentarse allá donde el hambre es mayor, donde los poderes reinantes son más salvajes y la vida de los personas es más vulnerable ante las fuerzas naturales o de las otras que los vapulean. Así como las grandes epidemias, las hambrunas o los genocidios tienen lugar en los sótanos del planeta, en las zonas atrasadas de África o de Medio Oriente, en nuestro país se ceba sobre nuestro tercer mundo local.

Alrededor de setenta muertos y contando es el saldo que ha dejado la explosión en Tlahuelilpan (y sí, apréndase este nombre porque desde ahora formará parte, junto huachicol o Ayotzinapa, del léxico rojo con el que intentamos nombrar lo innombrable).

Las tragedias suelen atribuirse a muchos padres, dependiendo del lugar en donde estemos parados. Algunos aprovecharán el dolor y la indignación para cargarlo a la factura política de López Obrador, insistiendo en que esto no se habría presentado si el Gobierno hubiera encarado de otra manera la batalla contra las mafias que trafican con el hidrocarburo. Otros apuntarán el dedo flamígero contra el Ejército por no haber impedido que la gente convirtiera en una romería la fuga de gasolina. Otros responsabilizarán, en primera instancia, a la propia población que mire por donde se mire estaba cometiendo un acto de rapiña en contra de las órdenes de la autoridad. Y algún exigente, incluso, podrá argumentar que tampoco esto se habría presentado si los gobernadores de la región Centro Occidente no hubieran exigido tan categóricamente la reactivación de los ductos, a pesar de que el Gobierno federal no había terminado el operativo de revisión de fugas y blindaje de seguridad.

Todos estos no son más que seudoargumentos. No nos engañemos, el responsable es el crimen organizado y la guerra que ha desatado aparentemente en contra del Gobierno federal, pero en realidad en contra de la sociedad en su conjunto. Los huachicoleros no sólo sabotean los ductos para provocar desabasto en las ciudades y desencadenar la indignación de los habitantes en contra de la campaña que el Gobierno ha puesto en marcha; además usan a la población literalmente como carne de cañón para encarecer los saldos de esta guerra.

Lo de Tlahuelilpan es un ejemplo típico de esta estrategia. Una perforación con la consiguiente fuga y una convocatoria a la población para que acuda a la rapiña. Un crimen tan astuto como cobarde. Buscar ahora otros responsables no hace sino seguirle el juego a este perverso montaje.

El crimen organizado es resultado de la impunidad que se ha instalado en la vida pública en México; la ausencia de Estado de Derecho y la corrupción de las policías han prohijado el surgimiento de poderosos sindicatos dedicados a la delincuencia. Pero en el huachicoleo existe un factor adicional: la extendida cultura de rapiña entre la población.

No sólo me refiero al hecho de que acudan a recolectar combustible en una fuga para apropiarse de un bien público o el saqueo y descarrilamiento cada vez más frecuente de vagones de trenes con cereales, camiones con vacas o televisores de una tienda de cristales rotos. Robos en los que participan comunidades completas y recuerdan las escenas que sólo habían sido vistas en películas apocalípticas o en emergencias límite provocadas por un desastre natural. Por lo general tales escenas, en las películas de ficción, sobrevienen cuando el orden social se colapsa y las instituciones del Estado dejan de operar, trátese de una invasión de zombis, de alienígenas o un sismo catastrófico.

Por desgracia en México la rapiña comunitaria, por así decirlo, es una imagen cada vez más frecuente en los noticieros y en las redes sociales. Podríamos pensar que es el reflejo de un colapso en las instituciones, pero por desgracia va mucho más allá de eso. La gente roba los bienes públicos (y los privados cuando puede hacerlo impunemente) no solo porque no hay un orden legítimo que se los impida, sino porque asume que los de arriba, los ricos, los políticos, los empresarios, hacen lo mismo. El hombre que llena su bidón de los charcos que rodean a una fuga asume que tiene tanto o más derecho que el funcionario de Pemex que los escamotea a gran escala o que el empresario gasolinero que vende litros recortados.

¿Cómo desandar la costumbre de esta rapiña generalizada? No será fácil. Pero si existe un camino ese comienza por arriba y en eso coincido con López Obrador. Los recursos públicos son de todos y los funcionarios son los primeros que tendrían que cuidarlos. Puede resultar ridículo ver al Presidente hacer cola en un avión de línea para hacer sus giras pero ese, como muchas otros similares, es un acto de un profundo simbolismo para cambiar el descompuesto sistema de valores en el que chapotea la vida pública en México.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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