“Padres y madres de Jorge Antonio y Javier Francisco, a nombre del Estado Mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos y por el uso de la fuerza arbitraria por la que fallecieron sus hijos en manos de elementos del Ejército mexicano”, afirmó Olga Sánchez Cordero.

Han pasado nueve años de los asesinatos de Jorge Mercado y Javier Arredondo, para el perdón del Estado mexicano. El acto solemne ha sido este martes en Monterrey, Nuevo León; en el auditorio del Tec, la universidad donde estudiaban, a pocos metros de donde fueron asesinados. El 19 de marzo de 2010, un grupo de militares disparó contra ellos en las instalaciones del centro. Jorge y Javier salían de la biblioteca, iban a cenar. Antes de alcanzar la calle se encontraron a los soldados, que les dispararon.

Lo cierto es que, al día de hoy, con una disculpa pública en el bolsillo, “las familias critican que no haya un solo condenado por los asesinatos de sus hijos. Hay tres soldados presos y otros tres huidos. Ningún mando ha sido procesado por lo ocurrido”. Es importante notar que dentro de la disculpa pública el gran ausente fue el ejército, los perpetradores. Una disculpa con una nota amarga.

Tuvo que llegar una nueva administración federal para que el Estado asumiera su responsabilidad. Eso lo tenemos que celebrar. No es simple que un Estado se comprometa a una reparación integral y asegurar la no repetición.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, es un servidor público con una amplia trayectoria en la promoción, defensa y compromiso por los derechos humanos. Ha sido –sin cuestionamiento- un acierto su nombramiento.

De su boca se ha dado a conocer la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y el restablecimiento de las relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COIDH)

Nuevos y optimistas tiempos corren en ese ámbito. El Gobierno federal no ha escatimado voluntad para pedir perdón por Ayotzinapa, las agresiones a Lydia Cacho, y los homicidios de los estudiantes del Tec por parte del Ejército. El Gobierno de la República ha comenzado por lo más sencillo: cambiar la voluntad, enfrentar el problema públicamente y reconocer que por décadas el Estado ha fallado y que ahora estamos hundidos en una profunda crisis de derechos humanos, Estado de Derecho y el tejido social.

Sin embargo, los perdones y las palabras se agotarán pronto si no van acompañadas de acciones reales, tangibles, nuevas e innovadoras. Soluciones que atiendan de manera realista y eficaz el contexto adverso en el que se cometen violaciones graves de derechos humanos.

En otras palabras, la voluntad no es suficiente para cambiar al país. Un gran comienzo, pero insuficiente. Sé que apenas se han cumplido 100 días de la administración y que los cambios no se gestan de la noche a la mañana. Pero la ausencia de una política clara y pública sobre cómo cambiar la realidad es fundamental.

Es indiscutible que las disculpas públicas tienen que ir acompañadas de acciones que provean justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero hoy siguen asesinado periodistas y defensores de derechos humanos, desapareciendo personas, feminicidios, abortos clandestinos, delitos ambientales, tortura etcétera. Porque en realidad nada ha cambiado, salvo la voluntad.

La semana pasada asesinaron a otro colega periodistas. Sí, uno más. Santiago Barroso. Alejandro Encinas anunció profundos cambios al mecanismo de protección de periodistas. Afirmó que “(coordinación con las fiscalías de los estados para que en todos los casos donde haya situación de riesgo se superen éstas y todos puedan hacer su trabajo en paz. Van a ser cambios muy profundos, donde lo fundamental va a ser que es responsabilidad del Estado otorgar las garantías y la protección a toda la gente que está sujeta al mecanismo”.

El problema con la afirmación de Encinas es que se da después de los homicidios de seis periodistas durante el presente sexenio. Es decir, lo que está faltando es la substancia y profundidad del diseño y ejecución de políticas públicas que rompan la inercia y el paradigma. Pero la crisis es ahora y los resultados que se desean y necesitan son inmediatos. Se espera que el gobierno pueda diseñar, en conjunto con la sociedad civil con experiencia, y las víctimas, mecanismos y políticas que cambien nuestra lacerante realidad.

Es momento de entrar al fondo del problema. De hacer los cambios de gran calado que un país, con 40 mil desaparecidos, demanda. Estamos ciertos que el bono de reconocimiento por las disculpas y perdones está a punto de extinguirse si no va acompañado de justicia real. Pero debemos partir que a los 100 días ya debería haber un mapa claro sobre cómo cambiar nuestra realidad.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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