México cae (otra vez) en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018) elaborado por Transparency International.

Nuestro país se ubicó en la posición 138 de 180 a nivel global. La tendencia sigue a la baja (siendo el cuarto año consecutivo que caemos). En un año cayó tres puestos. Los 28 puntos, en un rango de 100, que logró México lo colocan como el peor dentro de los miembros de la OCDE.

Comparándonos con países de América Latina, Chile nos aventaja por 111 lugares. Argentina por 53. México se ubica como los peores países calificados de la región, solamente por encima de Guatemala y Nicaragua.

Sinceramente no es de extrañar que el último año de Enrique Peña Nieto la tendencia a la baja se consolidó. El sello de la casa de la administración priista fue claramente la corrupción.

Hagamos un poco de memoria: Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Todo este recuento para decir que la caída permanente de México, su significado, es todavía peor. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace casi tres años ha habido “esfuerzos” institucionales para frenar la corrupción creando mecanismos e instituciones, que hoy, sabemos son totalmente ineficaces.

Es decir, el ambicioso entramado legal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha fracasado de manera rotunda. Y cuando se afirma esto quiere decir que los que fracasaron fue la clase política que se ha negado a darle plena vida y vigencia al SNA. Siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos. El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales.

Por lo tanto, el fracaso es por partida doble.

“Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México, identifica que el grueso de las medidas adoptadas por este país son de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.

En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política.”

En otras palabras, nuestra simulación está en crear instituciones que administren el problema, pero siempre alejado del sistema de procuración e impartición de justicia que pueden castigar a los responsables. Lo que se transformaría en una señal de inhibición para futuros actos de corrupción. De acuerdo con Transparencia Mexicana: “La falta de sanción y los resultados en recuperación de activos son lamentables. Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999. Desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y ninguno de ellos ha sido sancionado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca que de las 1,702 auditorías de la Administración Pública Federal practicadas en 2016, sólo 353 resultaron en acciones judiciales, y únicamente 16 resultaron en condena.”

Andrés Manuel López Obrador ha asumido el compromiso de bajar sustancialmente los niveles de corrupción y mejorar la ubicación de México en los índices mundiales. Desde la campaña electoral, el desdén de AMLO por el SNA fue evidente. Y ya en funciones presidenciales, su sentir no ha variado gran cosa. Para el Ejecutivo Federal el combate a la corrupción no pasa por fortalecer el SNA. Eso está claro. Posiblemente sea mejor plantearse la posibilidad de desaparecer el mal nacido sistema que tenerlo ahí de adorno mientras la lucha contra la corrupción se da en otros ámbitos.

Los grandes retos en anticorrupción de la recién inaugurada administración son en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos. Para ello se necesita una persecución frontal a los corruptos, elemento que el presidente se ha negado reiteradamente y ahí se equivoca profundamente. Para cambiar la praxis es fundamental no solo parar la fuga de dinero público, sino castigar a los que le han hecho un grave daño al patrimonio de todos. La persecución debe de ser quirúrgica, pero debe de suceder a los niveles más altos. Un pacto de impunidad de facto lastimará la legitimidad de AMLO.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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