De acuerdo con Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, no hubo justificación para espiar a Griselda, ya que no hay una orden judicial que hubiera permitido la intervención telefónica. Destacó que estos intentos se dieron ocho días después de que el entonces Presidente Enrique Peña Nieto hizo el compromiso de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- “He sido afectada por Pegasus. Cuando se supone que este programa se vende solo a gobiernos para espiar a organizaciones criminales”, denunció hoy Griselda Triana, viuda del periodista asesinado hace dos años, Javier Valdez.
Una nueva investigación elaborada por Citizen Lab, Artículo 19 y R3D, confirmó que entre el 25 y 26 de mayo de 2017, días después del asesinato del periodista, se realizaron dos intentos de espionaje contra Griselda.
Con este serían ya 25 objetivos detectados del malware Pegasus que se tienen documentados.
De acuerdo con Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, no hubo justificación para espiar a Griselda, ya que no hay una orden judicial que hubiera permitido la intervención telefónica.
Destacó que estos intentos se dieron ocho días después de que el entonces Presidente Enrique Peña Nieto hizo el compromiso de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
“Ese fue el compromiso y así se materializó”, sostuvo.
En conferencia de prensa, Triana señaló que ella, como trabajadora de la Universidad Autónoma de Sinaola, no puede ser catalogada como criminal o terrorista -que son, en teoría, los objetivos de este malware-.
Y agregó que acudirá a la fiscalía para interponer la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.
De acuerdo con el testimonio de Triana, diez y once días después del crimen de Javier, le llegaron tres mensajes de texto a su celular con el link de la página de Animal Político.
“No les hice caso entonces, pero hace un año, cuando se informa que directivos de Río Doce (medio que fundó Javier) habían recibido los mensajes infectados, lo recordé y reaccioné y me preocupé porque regale ese teléfono a una persona muy cercana a mi: a mi hija”.
Lanzó cuestionamientos: “¿Qué querían? ¿Pensaban que tenía información? No creo, su crimen aunque con algunos avances sigue impune. No tengo nada que esconder. Por lo complicado de los temas que escribía Javier, él siempre cuidó que ni yo ni mis hijos supiéramos quiénes eran sus fuentes de información”.
Agregó que incluso la Procuraduría fue a su casa a revisar sus tabletas y los equipos electrónicos.
“Abrí las puertas para que avanzaran las investigaciones, entonces no hay justificación para la bajeza de espiarme. Pido que se atienda la denuncia que voy a presentar. Se que suena utópico pero es mi derecho”, añadió.
De acuerdo con la investigación, este caso reafirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos.
Yo creía que el gobierno anterior se había dedicado a espiar empresarios, activistas, periodistas, pero a personas como yo... es más peligroso y perverso. Cualquier persona que vive de un trabajo honesto pudo haber sido observado”, comentó Triana.
Uno de los mensajes decía “Proceso: PGR asegura que el móvil del asesinato de Javier Valdez fue para robarle su automóvil. Los detalles:” y mandaba una liga de “Proceso”, que de haber dado clic, hubiera infectado el dispositivo.
Luego una invitación a ver un reportaje: “Cómo ves este reportaje. Cuando faltan las palabras solo ataques podemos recibir” y redirigía a un sitio de Animal Político.
Sofía de Robina, abogada del Centro Prodh, insistió en que a casi dos años se confirma que la PGR no se ha investigado a sí misma.
“El nuevo gobierno dijo que no iba a espiar, pero debe dar una muestra de contundencia frente a la impunidad y demuestre las garantías de la independencia en la investigación. Ya dijo públicamente que no espiará, pero se tienen que dar pruebas”, agregó en la conferencia.
Hasta el momento no se ha solicitado la presencia de ningún implicado en el uso de Pegasus. A ningún titular o no titular de la Agencia de Investigación Criminal, lo que revela que no había voluntad de realizar una investigación verdadera o exhaustiva.
Ahora muchos ya no son funcionarios, otros sí, entonces se insistirá en que se lleven a cabo las diligencias.
Se ha dicho que ya se desinstaló, pero no se sabe el estatus actual del programa, no se sabe quién lo ordenó, quién lo operó y los efectos en términos delictivos.
Se solicitará al Gobierno Federal que se establezca un mecanismo independiente de investigación que cuente con la participación de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas.
También se instará a la Fiscalía General de la República una investigación expedita e imparcial ya que investigar a Pegasus podría reforzar otras medidas anunciadas del Gobierno.