En México, más del 70 por ciento de los adultos sufre de obesidad y sobrepeso, y a pesar de ello el Gobierno federal ha mantenido una actitud de opacidad frente el problema. Los especialistas y las evidencias señalan que dicha actitud puede ser atribuida a los conflictos de interés que se generan al crear políticas públicas que favorecen únicamente a la industria de la chatarra, a pesar del daño a la salud que estos arreglos representan para los ciudadanos.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Algunos diputados de las legislaturas del sexenio anterior actuaron como cabilderos de grandes empresas –como Femsa, Nestlé y Pepsico– para frenar iniciativas para la regulación de alimentos en escuelas, además de presentar índices amañados en materia de obesidad, denunciaron organizaciones como El Poder del Consumidor.
De esta forma, el combate a la obesidad y la diabetes ha estado fuera de la agenda gubernamental y a pesar de que en 2016 la Secretaría de Salud federal declaró ambos padecimientos como epidemias, las cifras de enfermos se mantienen a la alza. Hoy, el 72 por ciento de la población adulta en México sufre de sobrepeso y obesidad; además, tres de cada 10 niños entre los 5 y 11 años, y cuatro de cada 10 adolescentes han sido alcanzados por este problema.
De acuerdo con especialistas en el tema, el aumento en las cifras sólo pude explicarse con la falta de disposición política del Estado, que incluye a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y a otro poder: el que tienen las grandes empresas sobre el consumo de alimentos chatarra sin que exista un freno para su participación en política pública.
Primo Dothé Mata, Senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó en entrevista para SinEmbargo que los retrasos en la materia, además, han venido acompañados de la simulación de índices y resultados, así como de actos de corrupción que no han hecho más que poner en riesgo la salud de los mexicanos.
“En el área de salud ha habido fenómenos que han pesado muchísimo y han creado grandes desventajas. La corrupción y la ineficiencias están despojando de recursos al sector de la población con mayor emergencia, como personas con discapacidad y, en este caso, a los que sufren los problemas derivados de la obesidad y la diabetes. Los planes han sido disfuncionales, no se ejecutan, se han plasmado en papel, pero no han llegado a concretarse. Hay una debilidad muy marcada de los marcos regulatorios que a su vez, es acompañada de una falta de conciencia colectiva sobre el tema”, afirmó el Senador de la actual Legislatura federal.
La falta de regulación ha abierto el camino a la participación de grandes empresas como Nestlé y Pepsi, incluidas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto en programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, y denunciada por diferentes organizaciones de la sociedad civil al considerarla una campaña en promoción de la marca.
Los casos en los que los intereses de las grandes empresas lograron también extenderse a las decisiones gubernamentales. El estudio “La ¿(O)posición legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas”, desarrollado por Probatio y el Poder del Consumidor, destaca que en las legislaturas LXII y LXIII, la resolución sobre los recursos presentados tendieron a ser desfavorables y estuvieron influenciados por la vinculación de miembros de las comisiones dictaminadoras con la industria de alimentos de alimentos y bebidas (IAB) directa o indirectamente.
De las 53 iniciativas favorables a las políticas de salud y nutrición presentadas por los miembros del Congreso, sólo dos fueron aprobadas el 56 por ciento de los casos fueron aplazados, mientras que otro 36 por ciento fue desechado en dicho periodo.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, sostiene que la actitud legislativa es sólo una muestra de la postura gubernamental en contubernio con las grandes empresas, que a su vez no escucha a los expertos en el tema.
“En medio de los seis años que se declaró la epidemia epidemiológica por obesidad y por diabetes nada pasó en las legislaturas. Las Comisiones [de las legislaturas LXII y LXIII] estaban totalmente cooptadas por los intereses de las empresas (…) Ninguna de las comisiones de Salud –ni la de Diputados, ni la del Senado– convocaron al Instituto Nacional de Salud Pública o a la Academia Nacional de Medicina, lo hicieron en algún momento presionados para que se les escuchará, pero ellos a quién escuchan es a la industria”, afirmó el activista y quien por años ha luchado contra la pandemia de obesidad y diabetes en el país.
UN PROBLEMA DE PESO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas tienen como causa el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas; es decir, la ingesta de alimentos altamente calóricos frente a la ausencia de actividad física son las generadoras de este problema. El problema se agrava cuando la alimentación se basa en alimentos procesados, que contiene pocos nutrientes, pero muchas calorías.
El estudio “Alimentos y bebidas ultra-procesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), muestra que sólo en 2013 las ventas per cápita de productos como los refrescos, las botanas saladas y dulces, los cereales de caja, las barritas, golosinas, bebidas deportivas, jugos de frutas y néctares, té y café embotellados, salsas, pastas úntales y comidas preparadas, aumentaron 26.7 por ciento en todos los países latinoamericanos.
México es el mayor consumidor de esta clase de productos en toda la región de América Latina, con 214 kilogramos al año. Asimismo, la agencia Euromonitor Internacional ha destacado que los mexicanos consumen en promedio 119 litros de refresco por persona al año.
Para contrarrestar el problema del consumo de esta clase de alimentos, el Gobierno mexicano implementó el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energéticas (Impuesto sobre Producción y Servicios o IPES), que reguló el expendió y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, se creó el distintivo nutrimental y el etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Todo el marco de la Estrategia para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD), puesta en marcha durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La campaña, como el mismo nombre especifica, buscaba advertir a la población sobre un problema que provocaría grandes deterioros en la salud, pero falló. La comprobación de dicho error fue la declaración de alerta epidemiológica para ambos padecimientos en 2016. Ese año, el Secretario de Salud, José Narro Robles, aseveró que el problema trascendía a 98 mil mexicanos al año que morían por la enfermedad.
La consecuencias las vivían los consumidores, pero no así las empresas que continuaron con sus contratos millonarios. De acuerdo con el estudio “La trama oculta de la epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés”, en el país las inversiones de Coca-Cola para el periodo 2010-2020 ascienden a 12.4 millones de dólares; la cifra es la más alta de toda América Latina.
“En a México existen más de un millón y medio de puntos de venta de Coca Cola y el gobierno no ha hecho nada para frenarlo. Hay un enfoque muy claro en el que el principal obstáculo para implementar políticas públicas en materia de obesidad es un poder económico que cada vez se ha incrementado más (…) Las estrategias clave utilizadas por la industria alimentaria para intervenir en estas políticas incluyen la autorregulación –las empresas dicen no me revisen yo me voy a revisar- el cabildeo presente en todas las administraciones; el cuestionamiento de evidencia científica y marcar el problema de la obesidad como un problema individual, atribuir su crecimiento a la malas decisiones que toman los consumidores ”, aseveró Alejandro Calvillo.
La organización el Poder del Consumidor ha denunciado en múltiples ocasiones que la evidencia más clara de la relación entre gobierno y empresas es la del etiquetado frontal, ya que este incurre en una violación de “derechos humanos, de la infancia y de la alimentación que en “contubernio” con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que participó con las industrias en el diseño, ha ignorado lo recomendado por la OMS.
Por ejemplo, de acuerdo con la Cofepris, las personas pueden consumir 90 gramos de azúcar al día, lo que se traduce en 33 kilos al año. Mientras que la OMS recomienda un consumo anual de 9 kilogramos anuales, 25 gramos diarios.
En febrero de 2017, un juez sentenció que el etiquetado frontal mexicano viola el derechos a la salud, a la alimentación de calidad y al derecho de los consumidores a ser informados de forma comprensible, visible y verás. A pesar del reconocimiento de la apelación, el tema fue retornado a una nueva Ministra para su revisión sin que hasta el momento exista una respuesta definitiva.
Aunado a este tipo de decisiones que buscan acomodar a conveniencia la legislación, se encuentran las colaboraciones que abiertamente se han tenido con las grandes empresas. Ejemplo de ello fue la participación de las empresas Nestlé y Pepsi en la Cruzada Nacional contra el Hambre presentada en 2013 por la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
Robles firmaría contratos con ambas empresas bajo el supuesto de que estas desarrollarían tecnologías, como un producto a base de avena, que solucionarían la necesidad nutricional de niños, mujeres embarazadas y en lactancia; además de que impartirían cursos de nutrición de formas de autoempleo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en 2018 que en el año anterior el programa sólo atendió las carencias de 8 mil 696 personas, el 0.1 por ciento de las 7 millones 466 mil 800 reportadas por la Sedesol.
El gran triunfo de la política fue la obesidad. Recientemente, Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, afirmó que un 30 por ciento de los niños de instancias infantiles de la Sedesol ya son obesos y a su vez tienen talla baja; lo que significa que no están bien nutridos.
“Tenemos que cortar la producción del daño. Se siguen cometiendo los mismos errores. Las políticas de asistencia social siguen siendo las mismas y la preocupación continúa siendo cómo sacar más licitaciones”, dijo Abelardo Ávila.
EL CABILDEO LEGISLATIVO
El estudio “La ¿(O)posición Legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas, destaca que “durante el transcurso de las LXII y LXII legislaturas, en el caso de la Cámara de Diputados, 48 iniciativas relacionadas con la regulación de la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) se turnaron a siete comisiones cuya actuación agregada se obtiene que 26 se desecharon, 21 se dejaron pendientes y sólo dos se dictaminaron. Para el mismo periodo, dentro de la Cámara de Senadores cuatro comisiones recibieron 30 iniciativas de las cuales dejaron pendientes la deliberación de 24, desecharon dos y aprobaron cuatro. La aprobación, sin embargo, no supuso su entrada en vigor sino su envío a la otra cámara”.
La conclusión de dicha investigación sugiere que los legisladores de ambas cámaras tomaron decisiones desfavorables para la salud, influenciados por el trato que tenían con las propias industrias; es decir, antepusieron sus intereses a los de los mexicanos.
En total fueron estudiados 385 perfiles: 323 de integrantes de la Cámara de Diputados y 62 de la Cámara de Senadores. Los resultados demostraron que seis comisiones de la Cámara de Diputados, durante la LXII Legislatura, intervinieron en las deliberaciones de iniciativas relacionadas con la IAB y en cada una de ellas se encontraron representantes parlamentarios vinculados de una u otra forma a dicha industria. La mayor proporción de integrantes vinculados ocurrió en la Comisión de Economía, seguidos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Radio y Televisión.
Lo mismo ocurrió en la Cámara de Senadores en el mismo periodo, en la tres instancias participantes en al revisión de recursos se encontraron vínculos directos con la IAB.
“La revisión de las legislaturas en el 2012 y el 2018 nos permitió reconocer que solo dos iniciativas fueran aprobadas en el Congreso, dos que no fueron generadas por el legislativo. La primera fue el impuesto aprobado y la otra fue meter en la ley general de salud la cuestión de regulación dos alimentos en las escuelas (…) Entre los cabilderos se encuentran asociaciones como Canacintra y Conmexico, también Femsa. Entre ellos también ubicamos a Genaro Borrego, ex dirigente del PRI que pasó a ser cabildero de Femsa; además de otras agencias que contratan para el cabildeo como Estrategia Total dirigida por un político que fue Vocero de la Presidencia [Fernando Lerdo de Tejada]. Es una estrategia millonaria que está en el Congreso”, afirmó el Director del Poder del Consumidor.
Por su parte, el Senador Primo Dothé insistió en que el problema con el actuar legislativo se encuentra relacionado con una “simulación” que obligaba a la presentación de índices amañados que justificaban la corrupción en diferentes aspectos políticos.
“Tengo que insistir en una postura. Hemos vivido en mucha simulación, la simulación institucional, desde los médicos que tiene que hacen brigadas comunitarias y se ven forzados a reportar que las cosas están bien aunque haya obesidad, desnutrición y carencia de medicamentos, hasta la simulación con la que se inyectaba a los niños agua destilada en sus sesiones de quimioterapia en Veracruz. Hemos vivido en una simulación sin poder ignorar la realidad. Hay mucha desnutrición en los lugares de bajos recursos, también estamos teniendo casos de trombosis en personas de 39 años no sedentarias provocada por el envenenamiento del régimen alimenticio. Tienen ya el maíz contaminado y la carne que llegan a consumir porque alimentan a las aves de traspatio con alimento procesado. Esta simulación ha sido fatal. Se han simulado índices y resultados, pero la realidad la tenemos encima. No ha habido una responsabilidad social de las estructuras, en este caso de las legislativas y ejecutivas, para presentar resultados”, aseveró Dothé.
UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN
En Poder Legislativo hay ahora un total de 34 diputados y diputados, integrando la Comisión de Salud, de los cuales 17 tienen una formación relacionada con el ámbito médico, la mayoría de ellos han ejercido su trabajo en diferentes instituciones públicas de salud del IMSS y del ISSSTE. Una buena parte de ellos no tiene experiencia legislativa, aunque sí se han relacionado de alguna manera con política. En la Cámara de Senadores, el total de legisladores suma 13 y sólo cuatro tienen estudios relacionados con el área.
La nueva integración de la Cámara ha generado una buena expectativa a las organizaciones civiles. Alejandro Calvillo, por ejemplo, celebra que una buena parte de ellos sean médicos de campo; sin embargo sostiene que aún el riesgo es inevitable ya que se ha comprobado que integrantes del nuevo Gobierno federal tienen relación con la iniciativa privada:
“En las legislaturas anteriores no existía un problema de falta de experiencia legislativa, en esta sí, muchos son nuevos. Sin embargo, hay una gran ventaja porque muchos son médicos que han trabajado en el campo, en hospitales públicos principalmente. Sobre la experiencia legislativa ellos tiene que entender que pueden tener apoyo de los Institutos Nacionales de Salud de la propia Secretaria de Salud, ellos lo pueden solicitar y estos institutos están obligados a brindar ayuda. Si van a hacer una iniciativa deben consultarla con los institutos. Hay esperanza, pero estamos preocupados porque el cabildeo esta muy fuerte y hay personas con vínculos en los niveles altos de Morena que están vinculados a los intereses de las empresas”.
Nuevos conflictos de interés están en el campo. El mes pasado, cafetaleros de Veracruz denunciaron la entrada de Nestlé a su Veracruz, un negocio que con el que se corren los riesgos asociados a un monocultivo. La empresa suiza tiene negocios con Agromod, empresa de Alfonso Romo, miembro del consejo de Andrés Manuel López Obrador.
Primo Dothé, el único legislador que hasta el momento ha presentado un recurso para fortalecer las campañas de prevención de obesidad, afirmó que la nuevas comisiones de Salud trabajarán para integrar a la ciudadanía en el cuidado de la salud.
“Tiene que trabajarse de manera responsable, muy honesta, muy transparente y muy real en involucrar a la ciudadanía en una política de prevención. A través de la inclusión de la materia en todos los campos educativos, iniciando por preescolar. Tenemos que involucrarlos en las campañas de difusión de información, para que todos tengamos la conciencia de la gravedad del problema. Asimismo, debe haber una correcta fiscalización, una evaluación continua y objetiva del presupuesto y de los resultados para tener claridad de las modificaciones a ala política. Desde luego también se deberá reformar la capacidad de las instituciones de salud para brindar atención, se necesita más infraestructura humana y de material para sumarse al combate a la obesidad”, destacó el Senador de la República.
