Cuando se llegue a las próximas elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el de Morena a nivel federal.

Sin embargo, más allá de ese triunfo cultural, que también podría ser heredado del porfirismo o de la vocación mexicana por el caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato, y quizá el del país entero, está en vías de extinción no por otras causas que las de su propia responsabilidad.

Por lo pronto en la entidad, los capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en desbandada, están literalmente en fuga.

El último candidato a Gobernador, que se hundió como peso muerto en la campaña electoral de 2018, está señalado como uno de los grandes beneficiarios del fraude con recursos públicos destinados a “fundaciones” presuntamente sociales pero manejadas y expoliadas con fines no sólo políticos, sino de abierta corrupción.

Gerardo Sánchez, de acuerdo con investigaciones publicadas desde hace más tres años, había desviado cerca de 90 millones de pesos a través de la Fundación Organizados para Servir, presuntamente para realizar proyectos sociales y culturales de los cuales existía una deficiente o nula comprobación.

Más cerca ya de construir su candidatura a Gobernador, el entonces Senador guanajuatense que encabezaba la Comisión de Cultura de a Cámara Alta, creo una nueva fundación, Juan José de los Reyes Martínez “El Pípila”, para proyectos culturales, donde siguió el mismo patrón. Hoy tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por otros 10 millones de pesos.

En el transcurso de esos años, Sánchez hizo crecer su patrimonio con inmuebles en su natal Salvatierra, en Querétaro, San Miguel de Allende y en Guanajuato capital, donde adquirió una finca catalogada en plena Plaza de la Paz, en la planeaba hacer un hotel.

Es evidente que ni los sueldos de Senador y de líder cenecista juntos podrían amparar un enriquecimiento así. El mal manejo de los fondos públicos a través de asociaciones civiles espurias ha sido uno de los blancos del nuevo Gobierno morenista y en casos como el de Sánchez es evidente que la sospecha no sólo da en la diana, sino que se queda corta.

Sin embargo, el ex candidato a Gobernador priista sigue manejando los restos del naufragio de su partido y está convertido en un obstáculo enorme para que pueda pensarse siquiera en un reinicio, así sea desde cero.

Enfrente, de regreso ya en Guanajuato, está otro protagonista del éxito en que se convirtió ser parte de un partido de derrotas seguras. A la llegada de la 4T, Francisco Arroyo Vieyra debió dejar el muelle exilio político al que se sometió como Embajador de México en Uruguay, para regresar a Guanajuato y dedicarse a la administración del extenso patrimonio inmobiliario que acumuló a lo largo de 24 años de legislador, alternadamente local, federal y una curul senatorial.

La adquisición de fincas palaciegas a lo largo y ancho de Guanajuato tampoco podría explicarse con las dietas completas de esos cuatro sexenios, a menos que no hubiera gastado en nada más, lo que no era el caso. Mucho menos podría explicarse la cuenta bancaria de un millón doscientos mil dólares que le fue descubierta en Andorra, un santuario del blanqueo de capitales, por una investigación del periódico El País.

Por cierto el entonces embajador refutó al País en un artículo casi telegráfico en la revista El Mundo del Abogado, lo que constituye una réplica por lo menos peculiar, al responder en una revista ultra especializada y de bajo tiraje a un acreditado diario de presencia global.

Las cosas no quedan ahí, sin embargo. Arroyo ha mantenido un alto perfil en la política municipal en Guanajuato, colocando alfiles en administraciones de distinto signo, usufructuando espacios como el sistema de agua municipal, donde colocó un titular de consejo sin el menor perfil para el cargo; y ahora la dirección de turismo y economía del actual Gobierno panista, además de colocar síndicos y regidores a través de diversos partidos.

Así manejó al Gobierno del priista Edgar Castro Cerrillo, que concluyó en un auténtico desastre; y así está conduciendo al Gobierno del panista Alejandro Navarro, que tampoco levanta cabeza.

Pero Arroyo no se contenta con la influencia política, sino que también ha logrado dividendos al conseguir que las dos administraciones municipales le arrienden algunas de las casonas que incorporó a su patrimonio en estos años.

De 2014 a la fecha, el ex legislador y hoy ex Embajador ha obtenido la nada despreciable cantidad de 3.7 millones de pesos por concepto del arrendamiento de las casas ubicadas en Alonso 18 y Alonso 20, las cuales son empleadas para oficinas municipales. Esos contratos han sido refrendados por el nuevo Gobierno del PAN.

Así como están ocupados estos próceres del priismo, en temas tan materiales como administrar sus caudales y sus inmuebles, además de defenderse de los embates de la Cuarta Transformación con su moralina y su austeridad, se ve difícil que lo que queda del priismo pueda encontrar en ellos inspiración para despegar con nuevos aires.

Pese a ello, muchos priistas, incapacitados para desprenderse de sus cadenas mentales, siguen viendo a los Sánchez y los Arroyos como venerables personajes cuya opinión debe ser tomada en cuenta. Por eso no hay quien les arriende las ganancias.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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