Durante muchos años hemos sido testigos de cómo la corrupción debilita la administración de justicia, al generar un impedimento a las personas de acceder a ésta, debilitando nuestra democracia e incrementando la desconfianza de la población. Pero al mismo tiempo, el rol que juega el Poder Judicial en el combate a la corrupción es indispensable, pues de este depende que se determine que existe responsabilidad y se imponga una sanción, disminuyendo la impunidad. Por ello su función debe de ser independiente, imparcial y transparente, para evitar que organizaciones criminales desarrollen estructuras de poder que capten el buen funcionamiento del Poder Judicial.

En México aún falta un largo camino para lograrlo. De acuerdo con el Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados en México, la situación de violencia vinculada con el crimen organizado que atraviesa nuestro país afecta directamente el trabajo de los operadores de justicia [1] y, consecuentemente, su autonomía y parcialidad. Así mismo, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló en su informe “El Déficit Democrático”, que el 51 por ciento de jueces y magistrados tienen al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial, lo cual es considerado como un factor que afecta la imparcialidad de sus decisiones. [2]

En el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevará a cabo en Bolivia este 15 de febrero, diversas organizaciones de la sociedad civil debatirán sobre el rol que juega el poder judicial mexicano en las garantías judiciales. Al respecto la CIDH ha reconocido que un presupuesto esencial en los operadores de justicia es garantizar que los procesos de nombramiento y selección se realicen bajo ciertos principios de certeza, igualdad, transparencia y basadas en el mérito, evitando su politización, para no afectar el funcionamiento del aparato de justicia. [3]

Y en el combate a la corrupción, tales características cobran mayor importancia pues significa que ministros, magistrados y jueces pueden fincar responsabilidad y sancionar a servidores públicos por la comisión de actos de corrupción, sin injerencia de ningún tipo y protegiendo las garantías de los derechos humanos. Pero en el caso mexicano, los procesos de selección de los operadores de justicia mexicanos, especialmente de la más alta jerarquía, han sido cuestionados. El “observatorio ciudadano de designaciones” [4] externó al relator de la ONU su preocupación sobre los procesos de nombramiento, pues en la práctica se han realizado fuera del marco de la transparencia y con poca o participación ciudadana, lo cual resulta negativo para garantizar la independencia pues impide el cuestionamiento sobre la trayectoria profesional o las capacidades de las y los candidatos [5], y generan un campo fértil para que permee la corrupción.

Además, el buen funcionamiento del Poder Judicial también requiere que garantice el acceso a la información y la transparencia que permita evaluar la toma de decisiones y el papel de los operadores de justicia. En combate a la corrupción, la información oportuna sobre la actividad jurisdiccional -y no sólo el contenido de las sentencias-, permitiría evaluar la calidad de la administración de justicia.

Aunque nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que la información relacionada con actos de corrupción no podrá reservarse, en la práctica aún resulta difícil conocer cómo actúa el Poder Judicial pues la ley también prohíbe informar sobre los procedimientos en tanto no hayan causado ejecutoria [6] y no sean de interés público. Lo anterior genera impedimentos para evaluar si la función jurisdiccional en los hechos de corrupción es efectiva y adecuada. La organización “Equis Justicia para las mujeres” ha denunciado dicha opacidad en su “Diagnóstico de situación sobre acceso a las sentencias”, al señalar que a pesar de que existe la obligación expresa del Poder Judicial de publicar las sentencias, sólo 17 Poderes Judiciales de los que existen en las 32 entidades federativas, cumplen de manera parcial, sin que se cumplan con los principios de máxima publicidad, accesibilidad u oportunidad, lo que impide conocer cómo es la impartición de justicia. [7]

Aunque la CIDH ya ha señalado mucho del papel de los jueces en la impartición de justicia, poco se ha dicho sobre su papel en temas de corrupción y estas audiencias, además de permitir exponer el situación del acceso a la justicia en México, también permiten ampliar la discusión sobre los efectos de la corrupción en la sociedad y en específico en las víctimas que de manera directa e indirecta generan dichos actos, con el fin de reflexionar sobre la función de los operadores de justicia para combatir la corrupción y salvaguardar la garantía de los derechos humanos.

[1] Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre su misión en México. 2011. Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10052.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/10052

[2] Ver: https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

[4] El Observatorio Designaciones Públicas analiza los procesos de designación de diversos servidores públicos, con el fin de fortalecer la independencia e imparcialidad de los órganos públicos. https://designaciones.org/federales/#!/principal

[5] https://designaciones.org/federales/#!/institucion/SCJN/2015-MAR/documentos/Carta-a-Relatora-de-ONU-sobre-la-independencia-de-magistrados-para-vigilar

[6] Es decir que lleguen al ultimo recursos o no exista otro medio de impugnación.

[7] Disponible en: http://equis.org.mx/project/transparencia-en-la-publicacion-de-sentencias/

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