Los desplazados son principalmente de ocho comunidades de la sierra de Leonardo Bravo: Filo de Caballos, Los morros, Carrizal, La escalera, Ranchito, Puentecillas, Corralitos y Campo de Aviación. En este caso el desplazamiento forzado se dio el 11 de noviembre del año pasado.
En el plantón se comprobó la presencia de familias completas y personas de todas las edades: mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes y niños permanecían a la espera. Todos y todas aguardan a que el gobierno los reciba para encontrar una solución al problema.
Ciudad de México/Chilpancingo, 19 de febrero, (ElSur/SinEmbargo).- Al menos 350 personas desplazadas por la violencia en Guerrero se instalaron desde el domingo en la noche frente a las puertas del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, para que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva la presencia de grupos armados que ha provocado que cientos de familias abandonen sus comunidades en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Zitlala.
Un grupo de desplazados se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, de quien no recibieron respuesta a su demanda de regresar a sus pueblos en condiciones de seguridad, y otro grupo se reunió con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y con la relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jimenez Damary, después de la conferencia magistral: Defender es no olvidar; situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas desplazadas.
El domingo los cientos de personas partieron de Chilpancingo poco después del mediodía y arribaron al Centro Histórico a las 10:30 de la noche. De inmediato se instalaron en colchonetas y casas de campaña.
El director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) con sede en Chilapa, Manuel Olivares Hernández informó que buscan un encuentro con el presidente López Obrador, pues esa podría ser la única opción para que las familias puedan regresar a sus lugares de origen o reubicadas, en el caso de los indígenas de Tlaltempanapa que no quieren volver a su pueblo, en donde está asentado un grupo criminal.
En el Zócalo con un potente sol y mientras los desplazados descansaban en colchonetas bajo la protección de lonas o bien devoraban un guisado con pollo, Olivares Hernández dijo que el desplazamiento que han sufrido estas familias es consecuencia de la lucha que mantienen los grupos de la delincuencia organizada en su afán de controlar el territorio, pues ese control genera diversos beneficios: ruta de trasiego de drogas, áreas de cultivo, mano de obra e intervenir en las empresas mineras que cuentan con concesiones en la región.
“Cuando eres ejidatario siendo un régimen de propiedad social colectivo, prácticamente existe una lucha por conseguir el mejor pago posible por la explotación de las tierras. Ante eso, empresas y gobiernos utilizan a los grupos de la delincuencia organizada para disuadir a la gente de organizarse y exigir mejores pagos y beneficios”, indicó.
Los desplazados son principalmente de ocho comunidades de la sierra de Leonardo Bravo: Filo de Caballos, Los morros, Carrizal, La escalera, Ranchito, Puentecillas, Corralitos y Campo de Aviación. En este caso el desplazamiento forzado se dio el 11 de noviembre del año pasado.
También llegaron víctimas de la violencia de Tlaltempanapla, una comunidad de Zitlala en La Montaña, ellos fueron obligados a huir desde el 4 de noviembre.
En el plantón se comprobó la presencia de familias completas y personas de todas las edades: mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes y niños permanecían a la espera.
Todos y todas aguardan a que el Gobierno los reciba para encontrar una solución al problema, lo que se planeó desde hace 15 días y, previo a esto, se prepararon las condiciones logísticas para la llegada, como garantizar la alimentación y la instalación de baños públicos, por ejemplo.
“Más que organizaciones nos ayudan personas solidarias y aliadas”, detalló Manuel Olivares.
El campamento de desplazados que se mantenía en Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, es prácticamente el que ahora se encuentra en el centro de la Ciudad de México.
LAS DEMANDAS
Los desplazados arribaron en tres autobuses, tres automóviles y cinco camionetas.
Esta mañana de lunes una mujer indígena de unos 34 años, también desplazada de Tlaltempanapa, Francisca Pascual Grande, esposa del representante de ese grupo de desplazados, Severo Ojeda Hernández, fue internada de urgencia en un hospital cercano para dar a luz a su hijo.
Personal del Gobierno de la Ciudad de México ayudó a trasladarla a un hospital cercano y se esperaba que en el transcurso de la noche el bebé naciera.
La mujer llegó con su esposo e hijos, “todo está bien”, indicó Olivares, quien también contó las peticiones de los desplazados de Leonardo Bravo y Zitlala:
1. El repliegue del grupo armado que ocupa a las comunidades y que las familias, que “son una especie de rehenes”, puedan ser liberadas.
2. La instalación de un perímetro de seguridad en los límites de los municipios General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), de donde llegaron las personas armadas, y Leonardo Bravo.
3. Que se retome por el gobierno federal el control de la seguridad pública en la carretera que va de Casa Verde a Corralitos y Polixtepec.
4. Que a las familias se les repare todo lo que han perdido, desde las gallinas hasta cualquier pertenencia.
“Tenemos un gobernador (el priista Héctor Astudillo Flores) que es omiso ante todo esto. Es incapaz y tiene falta de voluntad política para atender este problema, por eso la gente decidió venir a acá”, agregó.
HASTA QUE HAYA RESPUESTA
El dirigente de los desplazados, Crescencio Pacheco González de la comunidad Campo de Aviación, en Leonardo Bravo, quien es parte de la organización Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra conformada por 18 pueblos dijo que de tan sólo nueve de esas comunidades hay alrededor de mil 600 personas desplazadas.
“Y no es nada, en el estado de Guerrero hay más de 6 mil desplazados en varias regiones”, afirmó. “Como no hay respuesta del gobierno la situación para regresar a los pueblos está complicando”, advirtió.
Manuel Olivares indicó que en la mañana del lunes se reunieron durante unos 40 minutos con el subsecretario Alejandro Encinas en sus oficinas en Bucareli. El personal del funcionario los buscó.
Sin embargo, y “desgraciadamente”, dijo, “no nos dio ninguna esperanza. No tienen un plan, una propuesta para generar condiciones para el retorno de la gente, a lo que se comprometió Encinas fue a gestionarnos una audiencia con el Presidente, pero para la gente indígena de Tlaltempanapa no hay una propuesta tampoco. No es que no haya nada que se pueda hacer sólo que ellos no han querido completar un plan”.
“Ya desde un principio nos habían dicho que elaborarían una estrategia de seguridad nacional, principalmente para los estados con mayor incidencia delictiva, lo que nosotros decimos es que no se puede seguir así porque finalmente la gente sufre. Mientras más se tarden en diseñar esa estrategia la gente sigue desplazada, sufriendo”.
Adelantó “estaremos aquí hasta que allá respuesta” y concluyó: “esperamos que el presidente tenga la disposición de ordenarle a quien tenga que ordenarle, que atienda y que resuelva este problema, no es posible que un grupo delincuencial se autodenomine policía comunitaria, pero todos sabemos que obedece a un grupo delictivo, controle y usurpe las labores que le corresponden al gobierno. Estos grupos fueron creados para blindar el territorio de un grupo delincuencial y eso es lo que padecemos nosotros”.
Vía telefónica Manuel Olivares informó que un grupo de desplazados se reunió con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y con la relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jimenez Damary, después de la conferencia magistral Defender es no olvidar; situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas desplazadas promovida en conjunto con Propuesta Cívica, en el marco de la campaña #HazQueSeVean, que se realizó al mediodía de ayer en las instalaciones del Club de Periodistas.
Este lunes fue el primer día de actividades en la Ciudad de México de los desplazados, entre niños y adultos mayores, que el domingo salieron en caravana para instalarse en plantón afuera del Palacio Nacional en demanda de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pedirán el regreso a sus casas y pueblos en condiciones de seguridad.
Manuel Olivares informó que una comisión de los desplazados se reunió a las 8 y media de la mañana con el subsecretario Encinas quien se comprometió a armar una estrategia a corto plazo para resolver el problema de educación, salud y la alimentación que plantean los grupos de desplazados.
“Pero la verdad es que los desplazados no fueron a eso, fueron a conocer alguna respuesta sobre cómo piensa el gobierno federal crear las condiciones para que la gente pueda regresar a sus comunidades, pero no la hubo”, se quejó.
Informó que acudieron primero con el subsecretario Encinas antes de ir con el presidente López Obrador, porque en la última reunión que tuvieron con él, se comprometió con los desplazados a que iban a armar una estrategia para regresarlos a sus comunidades.
Manuel Olivares informó que le pidieron a Alejandro Encinas que sea el intermediario para que los reciba el presidente López Obrador, el funcionario les dijo que va a ver la posibilidad de que los reciba en las próximas horas.
NI ONU, NI GOBIERNOS FEDERAL O ESTATAL
Al mediodía otro grupo de desplazados asistió a la conferencia magistral: Defender es no olvidar; situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas desplazadas en las instalaciones del Club de Periodistas organizado por Propuesta Cívica, al que asistieron la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y la relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jimenez Damary, con quienes se reunieron al final y les plantearon el problema de los desplazados en Guerrero y la nula atención que han tenido de los gobiernos estatal y federal.
Olivares informó que les pidieron a las relatoras de la ONU su intervención ante las autoridades de Guerrero y federales para que implementen una estrategia para regresarlos a sus comunidades con medidas de seguridad.
Dijo que en el caso de los desplazados de las comunidades de Leonardo Bravo les pidieron que se pronuncien ante las autoridades estatales y federales para que replieguen a los civiles armados que ocuparon sus pueblos desde el 11 de noviembre.
Mientras tanto el grueso del contingente se mantuvo afuera del Palacio Nacional en el área conocida como El Balcón, en espera de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Manuel Olivares informó que desconocen el tiempo que van a permanecer en la Ciudad de México, y adelantó que una de las condiciones para regresarse a Guerrero es que el gobierno federal resuelva mínimo la primer demanda de las comunidades de Leonardo Bravo, que es el repliegue del grupo armado que los desplazó de sus comunidades.
“Cuando les informen que se comenzaron a replegar los civiles armados que los corrió de sus pueblos entonces estaríamos pensando en regresar por lo menos a Chichihualco, pero en tanto esto no ocurra vamos a permanecer aquí”, advirtió Olivares Hernández.
