Alejandro Gertz Manero, el nuevo Fiscal General de la República se enfrenta al mayor caso documentado en el mundo de espionaje por parte de un gobierno a activistas en la protección de la salud, de los derechos humanos y a periodistas. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Recursos del estado e instituciones dedicadas a la investigación criminal fueron utilizados para espiar a promotores de políticas de salud pública, a defensores de derechos humanos, a periodistas y a activistas contra la corrupción. Varias de las víctimas de estas actividades cumplimos con presentar nuestra denuncia formal ante la propia PGR, sabiendo que la institución no se investigaría a sí misma, pero cumplimos el procedimiento exigiendo la conformación de un grupo independiente para realizar esta investigación. El entonces procurador Raúl Cervantes se negó argumentando que esto significaba reconocer que la PGR no era capaz de investigarse a si misma (sic). El Dr. Gertz Manero tiene ahora la oportunidad de entrar a fondo en este caso teniendo la colaboración de un grupo independiente de expertos como lo hemos solicitado los afectados.

Pegasus es un sistema sofisticado de espionaje que se instala en el teléfono celular de la víctima a través de un mensaje SMS que permite tener acceso al micrófono y la cámara en el momento que se desee, acceder a los archivos, imágenes, directorios, ubicación, calendario, notas, contraseñas, es decir, un espía a bordo y de tiempo completo. La Agencia de Investigación Criminal de la PGR argumentó que no tenía registro de los casos en los que se había utilizado el sistema Pegasus, comprado a la empresa israelí NSO Group. Lo anterior fue una más de las mentiras de la PGR, similares a las recientemente expuestas en el caso Obedrecht. Par realizar cada acto de “infección” con Pegasus se requiere de una licencia que tiene un valor superior al medio millón de pesos. La operación de Pegasus vuelve indispensable la colaboración de NSO Group, por lo cual la empresa israelí tiene la información sobre cada caso.

Esperamos que Gertz Manero responda a los pronunciamientos sobre el caso de Gobierno Espía que han realizado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, congresistas de los Estados Unidos, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y los que fuimos afectados.

El nuevo Fiscal General de la República es depositarios ahora de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y del Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH que en su misión a México establecieron:

A. “Realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso de malware (incluido “Pegasus”) para monitorear a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Una investigación de este tipo debe ser independiente del Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa espía e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso, potencialmente, de países extranjeros. Mientras tanto, en toda investigación que se encuentre en curso deben respetarse los derechos de quienes son objeto de las acciones de vigilancia, lo que comprende su seguridad y privacidad.

B. Establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la materia. Se deben establecer garantías y medidas de supervisión judicial de los organismos estatales implicados en vigilancia, dentro de los límites permisibles en una sociedad democrática. México debería considerar la posibilidad de crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado.”

 A dos años de presentarse la primera evidencia técnica sobre el espionaje del Gobierno mexicano a miembros de organizaciones de la sociedad civil, así como a expertos en salud pública, desde El Poder del Consumidor, solicitamos al nuevo Fiscal General de la República dar a conocer el estado de las carpetas de investigación sobre este caso y sobre los casos dados a conocer posteriormente de espionaje a miembros de otras organizaciones y periodistas.

En febrero de 2017, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó el reporte técnico Bitter Sweet: Supporters of Mexico´s Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links en que se informó que quien esto escribe, director de El Poder del Consumidor, el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y Luis Manuel Encarnación, en ese momento director de la asociación Mídete, habíamos sido espiados con un sistema altamente sofisticado llamado “Pegasus” de la empresa israelí NSO Group.

Investigaciones periodisticas dieron a conocer que este sistema fue adquirido por la Procuraduría General de la República a la empresa isareli NSO Group que declara sólo vender estos sistemas a gobiernos. La “infección” con Pegasus ocurrió cuando los tres mencionados coincidíamos en denunciar el actual etiquetado frontal en alimentos y bebidas y promover uno de advertencia en la comida chatarra y las bebidas azucaradas, además de recomendar al legislativo el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas. Los promotores de la salud pública no solamente fuimos  “infectados” con este sistema de espionaje, también, en el mismo mensaje que portaba el malware Pegasus recibimos mensajes intimidatorios y amenazas.

El caso, dado a conocer por Citizen Lab y por el New York Times, llamó la atención internacional por el hecho de que evidenció que el Gobierno mexicano estaba utilizando este sistema sofisticado de espionaje al servicio de la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, un sistema de espionaje que solamente debería ser utilizado bajo una orden judicial para enfrentar al crimen organizado o para la protección de la seguridad nacional.

Cuatro meses después, en junio de 2017. Citizen Lab publicó un segundo reporte “Reckless Exploit: Mexican Journalists, Lawyers, and a Child tarjeted with NSO Spyware” en el que se dieron a conocer 10 casos más de espionaje con “Pegasus” a periodistas, organizaciones anticorrupción, defensores de derechos humanos y un menor de edad. Estos casos demostraron una práctica amplia del Estado mexicano de espiar a quienes enfrentaban sus prácticas de corrupción, de violaciones de derechos humanos, de conflicto de interés. El caso que sufrimos los promotores de políticas de salud pública demostraba algo más: el contubernio de funcionarios públicos para espiar a organizaciones y especialistas que promovían políticas de salud pública que afectaban los intereses de la industria de los refrescos y la comida chatarra. Demostraban el uso de herramientas de espionaje del Estado al servicio de estas empresas.

De acuerdo a Citizen Lab, a noviembre de 2018 se tenían documentadas 24 acciones de espionaje con el sistema Pegasus activadas por el Gobierno mexicano contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. La Red por los Derechos Digitales estima que son más de 100 los casos que han conocido de intentos de “infección”. Entre estos casos destaca la evidencia del uso de Pegasus por parte del Gobierno mexicano contra colegas del periodista Javier Valdez a dos días de su muerte.

Como se señaló hace un año, “investigaciones periodísticas han dado cuenta de que detrás de la contratación del software Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del Gobierno federal. Empero, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Corrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana a formular el exhorto para que se investiguen también posibles delitos de corrupción”.

Más allá de los compromisos por parte del actual Gobierno de desactivar este tipo de prácticas de espionaje a periodistas y defensores de derechos, deben investigarse los casos documentados y establecer los castigos correspondientes a los responsables. En nuestro caso, deben dilucidarse los funcionarios que entraron en contubernio con la industria para brindarles la información generada a través de este espionaje. Todo indica que han logrado mantenerse e infiltrarse funcionarios en instituciones de salud de la actual administración actuando al servicio de los intereses de la industria refresquera y de la comida chatarra en detrimento de la salud de la población, bloqueando las políticas y regulaciones para enfrentar las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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